Vivimos una época caracterizada por la aceleración de los cambios económicos, sociales y políticos a nivel global, en la que asombrosos y prometedores avances científicos y tecnológicos coexisten con una desigualdad indignante y la permanente amenaza del fin de la vida civilizada en el planeta, ya sea como resultado de un súbito apocalipsis nuclear o de un gradual pero inexorable cambio climático con efectos catastróficos y cuya existencia es cada vez más innegable.
Las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden servir tanto para empoderar como para someter más a los pueblos y a los individuos. Vastas porciones de la población latinoamericana y caribeña, carentes de una adecuada educación que promueva el pensamiento dignificante y emancipador, son víctimas cotidianas del totalitarismo mediático alienante y promotor de un modo de vista materialista y hedonista a ultranza.
Pese a los significativos avances alcanzados por los gobiernos revolucionarios y reformistas antineoliberales durante las dos últimas décadas, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo y la pobreza sobrepasa bochornosamente los 175 millones de habitantes. La reciente involución en esta materia es notoria en países de gran peso a nivel continental. Una gran mayoría de la población latinoamericana y caribeña tampoco puede ejercer el derecho básico de acceder a servicios de salud integrales y de calidad.
El orden internacional basado en una sola superpotencia parecería estar dando paso a una configuración más amplia y diversificada de centros de poder. Este proceso de restructuración del poder mundial agudiza las contradicciones y las disputas entre las principales potencias, conformando un contexto que presenta tanto oportunidades como renovadas amenazas para nuestra región, pero los países latinoamericanos y caribeños son más espectadores que actores en este reordenamiento del sistema de relaciones internacionales, dadas sus graves limitaciones en los más diversos recursos de poder nacional.
A corto y mediano plazo, los Estados Unidos seguirán siendo la única nación con capacidad para desplegar su poderío de manera efectiva a escala global y de manera multidimensional. A su superioridad militar suman una supremacía sin paralelo en los ámbitos ideológico y cultural que representa un bastión fundamental y cada vez más importante para el sostenimiento, la reproducción y la recreación de su hegemonía sobre los países de América Latina y el Caribe. En todas las corrientes de pensamiento existentes dentro del establishment de política exterior de los Estados Unidos se considera como indispensable y se da por sentado el mantenimiento de la hegemonía de ese país en el continente americano.
La intensificación de las relaciones con potencias extracontinentales es de gran importancia estratégica en sí misma y contribuye a contrarrestar y erosionar gradualmente dicha hegemonía que se pretende perpetuar y que ya ha durado demasiado. No obstante, es preciso tener conciencia de que esos nexos, en situaciones límites, no constituirán una garantía frente a la agresión imperial. Para los Estados Unidos, América Latina y el Caribe es y seguirá siendo su “patio trasero”. En cambio, para otras grandes potencias en ascenso, nuestra región es muy importante, pero no representa una zona geográfica vital. La seguridad de los países latinoamericanos y caribeños solo puede garantizarse con sistemas de defensa nacional multidimensionales, asimétricos y con un profundo arraigo popular.
Los gobiernos populares de la región enfrentan la renovada agresión de los enemigos de siempre de la justicia social: el imperialismo y las oligarquías criollas cada vez más divorciadas de cualquier proyecto nacional o de alcance latinoamericano.
La situación anteriormente descrita plantea, como nunca antes, la necesidad de que las fuerzas políticas y sociales patrióticas y antihegemónicas de América Latina y el Caribe emprendan un proceso acelerado de unión emancipadora, estableciendo como una meta estratégica explícita la unificación política y la constitución de un polo de poder internacional propio. La actual coyuntura internacional y su probable evolución en las próximas décadas demandan que los esfuerzos unitarios pasen decididamente de lo declarativo a las acciones concretas.
La constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue posible gracias a la coincidencia temporal de una pléyade de líderes extraordinarios al frente de una masa crítica de gobiernos de nuestra región. Como tal, representa un espacio multilateral que debe ser defendido y fortalecido, y que pudiera ser el germen de una construcción institucional unitaria mucho más ambiciosa, que fomente el establecimiento de relaciones estratégicas de mutuo beneficio y en pie de igualdad con el resto del mundo.
El Sistema Interamericano, con su núcleo en la infame Organización de Estados Americanos (OEA), es incompatible con el proceso de unidad regional y tendría que ser reconstituido desde sus cimientos. Si bien está en el interés de América Latina y el Caribe contar con un régimen jurídico-institucional multilateral que en alguna medida contribuya a contrarrestar la propensión de los Estados Unidos a actuar de manera unilateral y violentando el derecho internacional, dicho marco regulatorio tendría que ser reconstituido sobre bases radicalmente diferentes y respetuosas de la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños, así como no tener su sede en Washington.
Por su parte, corresponde a la Alianza Bolivariana para las Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) profundizar su actuación como la punta de lanza de la unidad latinoamericana y caribeña, avanzando al máximo en la medida de las posibilidades de sus Estados miembros y logrando resultados que sirvan de ejemplo e incentivo al resto de los pueblos de la región.
Se requiere así de un proceso unificador que se apoye en el acervo de esfuerzos concertaciones e intergracionistas construidos hasta el presente y en el trabajo de los expertos técnicos comprometidos políticamente con la unidad regional, pero libre de visiones y vicios tecnocráticos que solo retardarían los avances y resultados que los pueblos latinoamericanos y caribeños demandan, cada vez con más urgencia.
De esta manera, el proceso unitario debería convertirse en el eje movilizador para acometer proyectos y acciones concretas en los ámbitos económico, social, político y cultural con la finalidad de construir una gran nación latinoamericana y caribeña respetada por el resto del mundo, con un Estado de nuevo tipo -que ya se vislumbra en algunas de nuestras naciones- firmemente apoyado en el conjunto de las fuerzas políticas y sociales patrióticas de la región, defensor de la soberanía, articulador del desarrollo económico con justicia social, protector de los recursos naturales y de la sostenibilidad ambiental, y promotor permanente de la fortaleza cultural y de la profundización del poder popular como garantías de defensa últimas frente a la agresión imperialista y de sus aliados oligárquicos. Solo de esa manera se podrá impedir la consumación del designio hegemónico de la élite gobernante estadounidense.
Por separado, los Estados latinoamericanos y caribeños estarán condenados a la irrelevancia y el sometimiento en un mundo cada vez más dominado por potencias gigantes armadas hasta los dientes y sedientas de esferas de influencia y recursos naturales. Es la hora de abrir, definitivamente, la época del supranacionalismo y de la constituciónde un polo de poder propio en América Latina y el Caribe, por el bien de nuestros pueblos y del equilibrio del mundo. Iniciemos la “época dichosa de nuestra regeneración” con la que soñaba Bolívar en su Carta de Jamaica.
*Roberto M. Yepe Coordinador académico de la Red Cubana de Investigaciones sobre Relaciones Internacionales (RedInt).