Es una vergüenza para Chile la participación del gobierno de la presidenta Bachelet en el cuadrillazo de la OEA contra la República Bolivariana de Venezuela. Bajo el comando de EE.UU., un grupo de gobiernos cipayos están empeñados en aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana. Esto permitiría expulsar a Venezuela y dejar vía expedita a una intervención que la oposición venezolana está pidiendo a gritos.
Once de los 34 Estados de la OEA, entre ellos Chile, forman la punta de lanza de esta operación. En ese triste papel Chile -víctima en el pasado de agresiones similares- aparece coludido con el presidente golpista y corrupto de Brasil, con el rey del contrabando que gobierna Paraguay y con el mafioso mandatario de Argentina. Bien los caracterizó otro miembro del grupo, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Horas después de entrevistarse con el energúmeno de la Casa Blanca, PPK declaró que para el gobierno estadounidense: “América Latina es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema”… a excepción de Venezuela, puntualizó.
Hace casi medio siglo Chile sufrió la duraexperiencia que hoy afronta Venezuela. El intento de construir el socialismo “con sabor a vino tinto y empanadas”, provocó la rabiosa reacción de la oligarquía y del imperio. La desestabilización en Venezuela sigue el mismo patrón del plan que la CIA aplicó en Chile. Ese solo antecedente -sin necesidad de invocar nuestros lazos históricos de hermandad con Venezuela- bastaría para negarse a toda complicidad con la puñalada trapera contra Venezuela. No existe razón alguna para que Chile participe en la jauría que azuza EE.UU. Es, además, penoso que una militante del partido al que perteneció el presidente Salvador Allende -y ella misma luchadora en la resistencia contra la dictadura- sea quien orienta hoy una política internacional sometida a los intereses del imperio.
No es la primera vez que un gobierno chileno de la misma naturaleza política participa en una agresión contra Venezuela. El 11 de abril de 2002 el gobierno de Ricardo Lagos -también “socialista”- apoyó el golpe que derrocó por 72 horas al presidente Hugo Chávez. La Cancillería -entonces a cargo de la DC Soledad Alvear- emitió un comunicado que vale la pena reproducir: “El gobierno de Chile lamenta que la conducta del gobierno venezolano haya llevado a la alteración de la institucionalidad democrática, con un alto costo de vidas humanas y heridos, violando la Carta Democrática Interamericana a través de esta crisis de gobernabilidad”. Como se puede apreciar, es el mismo contenido de las declaraciones que ahora suscribe el gobierno de Bachelet.
En contraste con esa actitud hay que recordar que el gobierno conservador del empresario Jorge Alessandri Rodríguez se negó en 1962 a votar la expulsión de Cuba de la OEA. Chile se abstuvo junto con Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador que resistieron con dignidad la presión norteamericana, aunque no se atrevieron a votar en contra.
El gobierno de Bachelet da la espalda a la realidad venezolana, tan parecida a la de Chile de los 70. El presidente Nicolás Maduro fue elegido en abril de 2013 y su mandato constitucional termina en 2019. El Consejo Nacional Electoral -cuyo desempeño ha sido reiteradamente elogiado por organismos internacionales independientes- ha programado para el segundo semestre de este año las elecciones de 23 gobernadores, legislaturas estaduales y municipios. La oposición exige “elecciones generales” ahora, lo cual no está previsto en la Constitución. Tal exigencia inconstitucional es la que apoyan EE.UU. y los 11 perritos falderos de la OEA.
El gobierno venezolano es calificado como “dictadura” en la campaña internacional que dirigen expertos en guerra sicológica. No obstante, en Venezuela se realizan elecciones y plebiscitos con más frecuencia que en cualquier otro país del mundo; hay más de cien partidos políticos (solo en la Mesa de Unidad Democrática, estado mayor opositor, hay 17 partidos); la Asamblea Nacional y varias gobernaciones están bajo control opositor; existe absoluta libertad de expresión -hay medios que llaman sin tapujos a derrocar al gobierno-; la manifestación pacífica no tiene ninguna restricción; etc. ¡Curiosa tiranía que -por añadidura- tiene la Constitución Política más democrática de América Latina, redactada en Asamblea Constituyente por quienes fueron víctimas de dictaduras!
Los partidos opositores, en cambio, poseen un nutrido prontuario de violaciones de los derechos humanos. Acción Democrática (socialdemócrata) y Copei (socialcristiano), que se turnaron en el gobierno entre 1958 y 1998, cometieron más de 10 mil violaciones de esos derechos, entre ellos 1.425 asesinatos y 459 desapariciones forzadas como demuestra el documentado “Informe de la Comisión por la Justicia, la Verdad y la Reparación” que la fiscal Luisa Ortega Díaz presentó el pasado 24 de marzo.
El pueblo venezolano hoy -como ayer hizo el chileno- está demostrando amplio respalda a su gobierno que resiste a pie firme todas las agresiones. La alianza del pueblo y la Fuerza Armada Nacional proporcionan solidez a la revolución bolivariana que fundó Chávez. Venezuela exige paz yrespeto a su soberanía para labrar su destino sin injerencia extranjera. El deber de Chile es apoyar esa causa que revive en el Caribe nuestra tragedia de los años 70.
* Editorial revista Punto Final