La Corte Suprema confirmó que el Estado deberá pagar unos 3.2 millones de dólares a 71 ex presos políticos de la dictadura militar, al rechazar la afirmación del fisco de que las torturas habían prescrito.
El tribunal dijo en su dictamen que dado que los hechos ocurrieron con la intervención de agentes del Estado es imposible “declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana”.
Los 71 favorecidos por el dictamen forman parte de los cerca de 37 mil ex prisioneros políticos o torturados, acreditados por un grupo especial conocido como Comisión Valech, que se suman a 3 mil 95 opositores asesinados por la policía represiva del general Augusto Pinochet, de los cuales más de un millar siguen desaparecidos.
La sentencia del máximo tribunal confirmó el fallo de un tribunal inferior porque se trata de crímenes de lesa humanidad. Los familiares de las víctimas fatales de la dictadura reciben una pequeña una indemnización mensual, al igual que los ex presos políticos, aunque éstos últimos siempre exigen montos mayores.