Noviembre 15, 2024

La pervivencia de la cultura franquista en el Estado español y en los medios de información

En los últimos días han ocurrido unos hechos que muestran la pervivencia de la cultura franquista en la sociedad española, incluyendo el Estado y sus distintas ramas, entre ellas la judicial, así como en los mayores medios de información. Veamos los datos.

 

Hace unos días se dictó una sentencia condenando a la Sra. Cassandra Vera a un año de cárcel y siete de inhabilitación absoluta por haber tuiteado chistes sobre el atentado que terminó con la vida del almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno en el Estado liderado por el General Franco.

Tal condena fue dictada por la Audiencia Nacional, al considerar que tales tuits presentaban “una actitud irrespetuosa y humillante (hacia el almirante Carrero Blanco) que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas (del terrorismo)”, considerando a tal personaje como víctima de un acto terrorista. Tengo que admitir que tuve que leer esta sentencia más de una vez, pues me era difícil comprender y aceptar lo que estaba leyendo.

En tal dictamen se considera como víctima al presidente de una de las dictaduras más sangrientas y represivas que ha habido en Europa. Según el profesor Malefakis de la Universidad de Columbia (Nueva York), experto en fascismo europeo, por cada asesinato político que cometió el régimen liderado por el dictador fascista italiano Mussolini, el régimen liderado por Franco, del cual el almirante Carrero Blanco era su máxima autoridad después del propio general, cometió 10.000 (tal cifra no incluye a las personas muertas en el conflicto bélico). El almirante Carrero Blanco fue figura clave en un régimen responsable de las enormes atrocidades cometidas bajo su mandato. En realidad, tal régimen gobernó a base de atemorizar a la población, siendo el terror parte de su estrategia para mantenerse en el poder. Fue un régimen dictatorial que hizo amplio uso de acciones terroristas que merecieron la denuncia no solo de las Naciones Unidas, sino de muchísimas organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos. Los datos muestran que fue uno de los regímenes dictatoriales más represivos y sangrientos que hayan existido en Europa, y fue el Estado que asesinó a más españoles, quedando todavía ahora más de 120.000 personas asesinadas que siguen desaparecidas, sin conocerse su paradero. En términos proporcionales, solo Camboya superó a España en el número de asesinados políticos desaparecidos. Fue, por lo tanto, una medida moral y justa que se atentara exitosamente en contra de una figura responsable de tanta brutalidad. Todas las sensibilidades morales admiten el derecho de rebelión, sea o no armada, frente a un régimen dictatorial que oprime a la población civil. Léanse la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y lo verán.

Alcanza, pues, el extremo de insensibilidad democrática que la muerte de este personaje sea presentada por la Audiencia Nacional del Estado español como un acto “terrorista” y a él como “víctima del terrorismo”, siendo tal supuesta víctima una de las responsables de uno de los Estados dictatoriales más terroristas que hayan existido en Europa. Era predecible que dicho acto se definiera como terrorista por parte del régimen dictatorial. Ahora bien, es una aberración que muestra la continuidad de la cultura dominante de aquel régimen en el Estado español que tal eliminación física del presidente del gobierno de aquella dictadura sangrienta se presente ahora también por el Estado español como un acto terrorista, de la misma manera que lo definió la dictadura franquista.

Los grandes déficits en la cultura democrática del Estado español

En realidad, en cualquier país con cultura democrática, tal asesinato sería presentado como un acto loable y noble para eliminar al dictador y a sus secuaces, siendo probablemente sus autores homenajeados como héroes por las autoridades del sistema democrático. Así ocurrió en otros países que fueron gobernados por partidos nazis o fascistas, antes de que fueran liberados y se les permitiera vivir en democracia. Sería impensable que alguien que hubiera intentado asesinar a Hitler o a Mussolini fuera considerado un terrorista, y que los dictadores que hubieran sido asesinados fueran considerados víctimas del terrorismo. En España, sin embargo, la transición de la dictadura a la democracia no significó una ruptura, lo que implicó que se continúe reproduciendo y promoviendo una cultura que está basada en los valores e incluso narrativa del régimen anterior, diferenciando a España del resto de la Europa occidental. Lean lo que escriben la prensa europea y norteamericana sobre la decisión de la Audiencia Nacional, y sentirán la indignación y vergüenza que tal sentencia y tal narrativa deberían generar en España.

La cultura franquista perdura en amplios sectores del sistema judicial

En realidad, los jueces o fiscales que hubieran actuado en Alemania como lo ha hecho la Audiencia Nacional, habrían sido sancionados por el cuerpo judicial y, probablemente, expulsados de él, para extirpar este tipo de pensamiento del cuerpo judicial. Hoy está totalmente prohibido en Alemania ensalzar el nazismo o la figura de Hitler o sus secuaces. Definir el atentado al dictador o a sus colaboradores como un acto terrorista está prohibido en Alemania, No en la España actual. El sistema judicial no ha reconocido todavía hoy, tras casi cuarenta años de democracia, a las víctimas del régimen dictatorial terrorista imperante en España durante otros casi cuarenta años. En realidad, el sistema judicial español, salvo contadísimas excepciones, no ha exigido un homenaje y reparación a las víctimas del régimen dictatorial, víctimas que permanecen en cunetas, olvidadas y deshonradas. ¿Qué autoridad moral se tiene para hablar de defensa de las víctimas del terrorismo, cuando se ha estado callado durante tanto tiempo sobre las víctimas del terrorismo franquista?

¿Qué es terrorismo? Lo que es terrorismo en un contexto no lo es en otro

Otro ejemplo de la pervivencia del franquismo es asumir que el asesinato fue terrorismo, aduciendo como prueba que fue realizado por una organización, ETA, definida como terrorista. El hecho de que el atentado exitoso en contra del almirante Carrero Blanco fuera realizado por ETA no convierte aquel acto en un acto terrorista. Que un acto sea o no terrorista depende del contexto en el que se realiza tal acción. Terminar con la vida de uno de los personajes responsables de la mayor represión que se haya conocido en España no es un acto terrorista, independientemente del que lo haga. La resistencia antifascista en España intentó en varias ocasiones eliminar físicamente al dictador, como también ocurrió en la dictadura fascista italiana, y en la nazi. Hoy los que lo intentaron son homenajeados en aquellos países.

Sé que maliciosamente y erróneamente se me acusará, por parte de las derechas en España, de defender el terrorismo de ETA, cuando en realidad, lo que estoy diciendo es que el asesinato de Carrero Blanco no fue un acto terrorista. Durante la resistencia antifascista en los años cincuenta y sesenta no favorecí la lucha armada contra la dictadura, y no la favorecí porque creaba como respuesta incluso una mayor represión, lo que apareció incluso más claramente durante el periodo democrático en que las acciones de ETA reforzaron los elementos más reaccionarios dentro del Estado español. La violencia por parte de ETA debilitó muchísimo a las izquierdas, no solo en el País Vasco, sino en el resto de España. Y así lo han reconocido sus sucesores. A través de la vía democrática están consiguiendo mucho más.

De ahí que haya una diferencia enorme entre atentar contra la vida de un personaje clave en la dictadura, durante el régimen terrorista dictatorial español, y atentar contra el adversario en un contexto democrático (por muy limitada que sea tal democracia). Tal medida en democracia es profundamente antidemocrática y merece todo tipo denuncia (como he hecho en más de una ocasión). Pero también deben denunciarse los asesinatos de miles de españoles durante la dictadura, víctimas que han sido olvidadas debido a la enorme fuerza y poder que los herederos de aquella dictadura y la cultura de aquel régimen todavía tienen en los aparatos del Estado español. Pero en la terminología oficial del Estado, reproducida por la Audiencia Nacional, “víctimas” son solo las producidas por ETA, pero no los asesinados por el régimen, de los cuales ellos son herederos. Así es la España actual.

Una última observación. Me sorprendió enormemente que el PSOE no protestara por el comportamiento de la Audiencia Nacional. Hubo miles y miles de socialistas (incluidos mis padres) víctimas de la brutal represión de la dictadura que, de estar vivos, se considerarían profundamente ofendidos e indignados, no solo por el comportamiento de la Audiencia Nacional, sino por el silencio ensordecedor de la dirección del PSOE ante tal caso de insensibilidad democrática. ¿Cómo puede el PSOE estar callado ante tanta barbaridad? ¿No se dan cuenta de la incoherencia que representa tal silencio? ¿Y de la vergüenza que supone que hoy en España continué dándose esta imagen tan antidemocrática? Le aconsejo a la dirección el PSOE que se lea lo que se comenta sobre este caso fuera de España, y lo verán.

Y, para terminar, el espectáculo en los medios ha sido también indicador de que la cultura democrática está sumamente limitada. Desde Iñaki Gabilondo en El País a los mal llamados debates en La Sexta, el punto de atención era sobre si se podían escribir o no comentarios ofensivos sobre las víctimas, asumiendo todos los medios que el almirante había sido una víctima del terrorismo, tal como lo definió el régimen terrorista del General Franco y del Almirante Carrero Blanco. ¿Se imaginan esto ocurriendo hoy en los medios de información de Alemania o Italia? Pues sí, pasa en España. ¿Hasta cuándo?.

 

*Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra. Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España. Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales.

 

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