Este jueves junto al colega Luis Toro nos hicimos parte en contra del recurso de protección interpuesto a favor de delincuentes condenados en Punta Peuco por el cual se exige su indulto. Todo criminal debe cumplir su pena a la que se expuso con su propio actuar voluntario y dañino a la sociedad. Defendemos los derechos actuales de familiares y víctimas de las violaciones a los derechos humanos que en Chile adquirieron las características de genocidio.
Con una insistencia vehemente, digna de mejor causa, se ha venido promoviendo que a los delincuentes condenados en Punta Peuco se les debe “conceder un gesto humanitario” para que así puedan gozar de la compañía de sus seres queridos”, así se expresa en el recurso de protección interpuesto en su favor.
Se interpuso a favor del ex capitán de carabineros Marcelo Castro Mendoza, que entre otras cosas, asesinó a 15 campesinos en Lonquèn a los cuales arrojó vivos a una mina para luego taparlos con cal y acribillarlos, entre ellos habían cinco hermanos, lo mismo hizo a otros tres chilenos arrojándolos al rìo Maipo, tiene màs pero el espacio es poco, también se recurre a favor de Renè Cardemil Figueroa quien esta cumpliendo condena por haber sacado a seis personas de las torres de Remodelaciòn San Borja y haberlas acribillado por la espalda en el Túnel Lo Prado, también tiene más.
Un genocida es el delincuente mas peligroso en toda sociedad por cuanto, como agente del estado: vulnera la ley que debe cumplir, cuenta con los enormes medios materiales del Estado que se le han entregado con otros propósitos no para cometer delitos, usa una fuerza que es irresistible por los particulares, deja a las víctimas en la más completa indefensión pues cuando el delincuente fue un policía o un militar actuando institucionalmente, ante quien se puede acudir?.
Nuestros fundamentos para oponernos al recurso interpuesto son los siguientes:
1.- Representamos a los hermanos del médico y ex diputado Carlos Lorca Tobar, actualmente detenido desaparecido en la causa que se tramita ante el ministro don Miguel Vásquez Plaza, en esta se encuentran varias personas, ex militares sometidos a proceso y condenados en Punta Peuco por otras imputaciones, representamos también a querellantes en la causa por el acto genocida en contra de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri entre varios otros procesos.
2.- La acción deducida a favor de los delincuentes condenados no pretende en lo esencial una mera declaración de la obligación de las autoridades de responder Peticiones, se trata en definitiva que la presidenta de la república indulte Crímenes de Lesa Hunanidad contrariando de modo manifiesto nuestras leyes y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
3.- Si un eventual fallo abriera discusión sobre la `posibilidad de indultar a autores de Crímenes de Lesa Humanidad eso afecta directamente derechos que representamos ante Tribunales, por ejemplo, el proceso por la desaparición del dr Carlos Lorca Tobar lleva 41 años de tramitación, que sentido tendría esto si tan pronto los culpables fueran condenados se abre discusión sobre su indulto. Como se sabe lo que se discute puede ser rechazado pero también acogido.
4.- Alegar razones de salud para evitar el cumplimiento de sanciones penales, es un procedimiento mañoso iniciado por el ex dictador Augusto Pinochet, que una vez vuelto de Londres se alzò de su silla de ruedas en el Aeropuerto de Pudahuel, dejando claro la artimaña de sus supuestas enfermedades.
5.- De la misma amanera que los Tribunales ponen requisitos de admisibilidad a las pretensiones que se le presenta como acciones judiciales, es evidente que esta faculta esta ínsita en las competencias de las autoridades al momento de recibir una solicitud. Una autoridad no esta a obligada a responder con la celeridad del rayo una petición que en lo esencial solicita una manifiesta y pública vulneración de la Ley-.
6.- Toda sanción penal, de acuerdo a su propia naturaleza, trae sufrimiento al condenado y a su entorno, eso es lo que el mismo asume cuando vulnera la ley. Ese sufrimiento no es causal legitima para dejar impune el sufrimiento de las víctimas. Todo delincuente debe asumir que su conducta lo expone a morir en la cárcel, es el mismo quien se pone en esa situación.
El indulto supone o un error judicial o un perdón de la sociedad en su conjunto, ninguna de estas situaciones concurren en la especie. Los residentes del penal privilegiado de Punta Peuco deberían agradecer que la pena de muerte no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, bastante generosa es la vida con ellos, generosidad que no tuvieron con sus víctimas. Mueren sin tener el Nuremberg que se merecen.
ROBERTO AVILA TOLEDO