Eduardo Cunha, ex líder de la Cámara de Diputados de Brasil e impulsor de la destitución de Dilma Roussseff, fue condenado este jueves a más de 15 años de cárcel por corrupción, como parte de la Operación Lavado Rápido.
El juez a cargo del caso de los sobornos en la petrolera estatal Petrobras, Sergio Moro, declaró culpable de tres cargos a Cunha, quien es compañero de partido del presidente Michel Temer.
Entre otros delitos Cunha estaba acusado de haber recibido un soborno de millón y medio de dólares para hacer de intermediario en un negocio de Petrobras en África. Las sentencias de prisión por corrupción pasiva, lavado de dinero y evasión de divisas suman 15 años y cuatro meses.
El condenado tuvo una ventaja indebida en el ejercicio de su mandato de diputado federal en 2011
, señaló Moro al dictar la sentencia. La responsabilidad de un parlamentario federal es enorme y más cuando comete un delito
, agregó el juez de un tribunal de Curitiba, en el sur de Brasil.
Cunha está preso desde octubre pasado por las acusaciones de corrupción. Poco antes había sido destituido de la presidencia de la Cámara de Diputados.
El controvertido economista de fe evangélica y miembro del conservador Partido del Movimiento Democrático (PMDB), en el cual también milita Temer, fue durante años uno de los políticos más influyentes en Brasil.
Como presidente de la Cámara de Diputados en diciembre de 2015 dio trámite a las denuncias que condujeron al sonado juicio político contra Dilma Rousseff y a su posterior destitución en agosto de 2016.
Círculos cercanos a la ex mandataria acusaron entonces a Cunha de haber permitido el impeachment en represalia a que el gobierno de la ex presidenta apoyó las investigaciones de corrupción en su contra.
La Operación Lavado Rápido tiene en jaque desde hace más de tres años a gran parte de la clase política brasileña. La justicia investiga a decenas de políticos de distintos partidos que presuntamente recibieron sobornos de empresas a cambio de contratos con Petrobras.
Se estima que la trama de corrupción costó millones a las arcas públicas debido a los sobrecostos en los contratos para compensar
el pago de los sobornos.
Esta operación es considerada como la mayor investigación anticorrupción en la historia de Brasil. El caso se extiende a otras grandes compañías del país como la constructora Odebrecht, que en diciembre admitió haber pagado cientos de millones de dólares en una decena de países latinoamericanos en un esquema de fraudes similar.