El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, que el martes pidió a la Justicia la apertura de 320 investigaciones con base en las confesiones de exdirectivos de la constructora Odebrecht, asegura que lo revelado en las delaciones muestra un nivel de corrupción “jamás imaginado”.
Janot alertó de la gravedad del caso en un comunicado interno sobre las investigaciones que envió el martes a los miembros de la Fiscalía y cuyo contenido fue divulgado hoy por el diario O Globo.
El procurador general de la República (Fiscal) afirmó en su carta a los fiscales que los ejecutivos de Odebrecht revelaron “detalles de la corrupción en nuestro país de forma jamás imaginada” y que evidencian “una democracia bajo ataque y, en gran medida, comprometida en su esencia por la corrupción y por el abuso del poder económico y político”.
Las delaciones de los 77 exdirectivos de Odebrecht
Según versiones de prensa, los ejecutivos de la constructora revelaron la lista de políticos de todos los partidos a quienes hicieron donaciones electorales ilegales o sobornaron a cambio de adjudicarse contratos públicos.
Los ministros en la mira de la Fiscalía, según coinciden los diarios que tuvieron acceso a las denuncias son los de la Presidencia, Eliseu Padilha; Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes; Secretaría General de la Presidencia, Wellington Moreira Franco; Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab; y Ciudades, Bruno Araújo.
Entre los senadores destacan Aécio Neves y José Serra, que han sido candidatos a la Presidencia por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), así como varios de los principales líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la formación liderada por el actual presidente brasileño, Michel Temer.
Igualmente figurarían en la llamada “Lista de Janot” de políticos con fuero privilegiado contra los que se pide la apertura de investigaciones los actuales presidentes del Senado, Eunicio Oliveira, y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
En su comunicado interno, el fiscal asegura que el Ministerio Público “no tiene y jamás podría tener la finalidad de criminalizar la actividad política”; agrega, no obstante, que las investigaciones solicitadas representan “una oportunidad” de “depurar” el proceso político y diferenciar a “aquellos que creen verdaderamente que es posible hacer política sin crimen y que la democracia no es un juego de fraudes”, “sino un valor esencial a la sociedad moderna”.