El Presidentes de la República, los senadores, diputados y consejeros regionales son legales, pero representan, apenas, el 25% de los inscritos en los Registros Electorales, es decir, uno de cada cuatro ciudadanos. El caso de los Partidos es más grave aún pues, ni siquiera logra el número exigido por la ley, dictada por ellos mismos, de 18.000 firmas en tres regiones continuas o bien, en cinco discontinuas; para tener candidato presidencial, cada partido deberá contar con 32.000 firmas, y un mínimo de 500 en cada una de las Regiones del país – medida muy comprensible, pues en Aysen, por ejemplo, si se aplicara el 0,25% de quienes sufragaron en la última elección municipal, la exigencia sólo alcanzaría una cifra de 90 militantes.
La nueva Ley de Partidos Políticos la redactaron los parlamentarios de todos los partidos, y es muy ridículo e irresponsable que ahora, con dificultad para reunir las firmas requeridas, se demuestren arrepentidos. Con razón, desde hace más de una década, sólo los 5% de los ciudadanos considera a los partidos políticos actuales como imprescindibles para la democracia, y el 90% rechaza la labor del Congreso – es decir, esas instituciones son legales, pero no representativas, la democracia es legal, pero no representativa -.
En una situación de crisis de legitimidad las leyes que deben ser conocidas, acatadas y respetadas por todos los ciudadanos, lo que llamamos un estado de derecho, son tomadas a la ligera por los propios legisladores y, cuando alguna de ellas los perjudica, la cambian a su amaño para favorecer sus propios intereses: un parlamentario no es representante de los ciudadanos, sino poseedor del cargo, es decir, no es arrendatario del sillón, sino que es propietario ilegítimamente y, además, se eterniza en esa curul.
Es indudable que una ley que acaban de aprobar, deben respetarla, así los perjudique y, de no hacerlo, debería ser óbice para que los ciudadanos, a su vez, siguiendo el ejemplo de sus representantes, no respetaran la ley – supongamos el no pago del IVA, hecho que hundiría a la economía chilena; si en un partido de futbol no se respetan las reglas del juego, cuanto más en una sociedad o peor aún, en un país -.
Si los partidos políticos son incapaces de lograr las bajas cifras que ellos mismos propusieron, no tienen otro camino que desaparecer como tales. No es tan cierto que una democracia no puede funcionar sin los partidos políticos y si así lo fuera y estos se corrompen, harían más daño a la democracia que el prescindir de ellos.
Mientras sólo vote el 40% de los inscritos, la democracia tendrá poco sentido para el 60% de los abstencionistas, sobre todo, si la definimos exclusivamente como elecciones periódicas y alternancia en el poder.
El abstencionismo favorece, normalmente, a los partidos políticos, pues tienen muy pocos electores que cohechar si consideramos al ciudadano como un cliente más, como si fuera a comparar Coca Cola. Que un diputado haya sido elegido con el 8% de los votos, no le resta legitimidad, pero sólo representa a su esposa e hijos y algunos amigos y a uno que otro adulto mayor a quien le “obsequió” unos anteojos, o a una pareja recién casada, a la que mandó una botella de champagne, o en el bautizo de un niño, le envía unos pañales de empresas coludidas.
Hay que considerar que ser candidato no es un mal negocio, y tener un partido propio, mucho menos: el Estado paga 1,5 dólares por cada voto obtenido. Si no sales de tu casa y no gastas en alimentación de ningún operador político, y no haces “puerta a puerta”, no tomas en brazos a ninguna guagua, ni abrazas ni besas a ninguna señora pobladora, a lo mejor, logra una votación que, aunque modesta, le permita acceder a una canasta familiar, que le Estado nunca le regalaría. Por lo demás, si trabajas bien las redes sociales escribiendo insultos contra los políticos y lanzando calumnias y noticias falsas, a lo mejor, le irá muy bien.
La política actual pertenece a los bancos y a las grandes empresas, por lo tanto, no es un servicio público, menos un sacrificio personal, por consiguiente, la forma más fácil de hacerse rico sin riesgo y, a veces con aplausos, así vengan de sus propios colegas. Un congresista, aun cuando no haya hablado nunca en las comisiones o en la sala, podrá mostrar a sus nietos algunas medallas conmemorativas del Congreso, y tanto dinero como un ganador del Kino, que le alcanzará para toda su vida. Al menos, podrá decir que pasó por la vida y no la vida por él.
Los partidos políticos, actualmente, son financiados por el Estado y, cuando apoya a un emprendedor, le coloca una serie de exigencias, salvo si ha sido un operador de algún candidato presidencial o parlamentario; es bien lógico que la ley exija a los partidos que, al menos, cumpla con una cuota mínima de militantes, tengan democracia interna, que no se repartan los cargos entre los mismos dirigentes y que, al menos, no cometan el fraude de aumentar el padrón del partido: algunos de los partitos políticos tenían 100.000 en las internas, hoy, en la reinscripción, llegan a la magra cifra de 5.000 a 10.000 firmantes.
Es lógico que el Registro Electoral cumpla su función de controlar el cumplimiento de la ley, pues en ocasiones anteriores no lo hacía. Hay un número indeterminado de denuncias de ciudadanos sobre transgresiones a la Ley Electoral, incluso, sobre el financiamiento de las campañas políticas que aún el Servicio no ha tomado cartas en el asunto – su director, Patricio Santamaría, asegura que lo va a hacer -; la ley es muy dura para el ciudadano de a pie, pero muy blanda con los partidos políticos.
Si aplicáramos “la ley pareja no es dura” podríamos implementar la siguiente propuesta: reimplantar el voto obligatorio exigiendo a cada ciudadano el documento probatorio del sufragio para realizar cualquier trámite público y/o postulación a un empleo; con esta vía votaría el 90% del universo electoral, y los votos nulos y blancos representarían una opción del rechazo al sistema electoral o, bien, de recusación a los candidatos que se presentan, es decir, que la ciudadanía considere que no cuentan con los méritos requeridos para representarlos. Si los votos nulos y blancos son más que los válidamente emitidos, se anula la elección, y se multa a los candidatos por su incapacidad para atraer a los ciudadanos a las urnas., así sea, incluso, con “prácticas clientelistas”; a los partidos políticos se les castigaría exigiéndoles reinscribir a sus militantes. Si se repite la elección por tercera vez consecutiva, los cargos se sortearían, incluso, el de Presidente de la República – capaz que resultara mejor y el azar nos colocara un gran ciudadano a la cabeza del Estado, como se hacía en Grecia < para el desagrado de Platón> -.
Respecto al pago por cada voto en favor de un candidato o partido, decrecería en el caso de que hubiera más votos nulos y blancos que válidos, y por cada 10% de nulos y blancos se le bajaría 20 centavos de dólar. Podría darse el caso de que el candidato le adeudara al fisco por su incapacidad para conquistar el voto ciudadano.
En el caso de los parlamentarios, de los 7 millones que reciben mensualmente se les descontaría la mitad si el congresista asiste sólo el 50% de las sesiones, ni participa en el 20% de las sesiones – sean de comisión o de sala – se le paga un 20%; si baja de esta cifra, se le excluye del cargo, salvo que sus representados pidieran que fuese reincorporado.
Si los partidos políticos infringen la ley, deben ser borrados del registro y, estoy seguro, nadie llorará por su desaparición y, por esta vía se eliminarían las mafias, que se reparten el botín del Estado.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
04/03/2017