Como es habitual, todos los años, en la última semana de febrero se realiza el Festival de la Canción de Viña del Mar, con artistas de mejor o peor calidad, esa misma característica se hace extensiva a los conductores, al jurado y, a la cada vez menos, atractiva competencia por ser la Reina del Festival, electa por un nicho de profesionales que cubren farándula.
Este 2017, la disputa por la corona festivalera fue entre dos candidatas, campaña que llamaron la atención del diario La Cuarta –encargado de la elección- y de los camarógrafos y fotógrafos obligados, por los respectivos medios en los que trabajan, de tener el “mono”, es decir, la imagen de estas mujeres en las distintas actividades que realizaron. Al resto de los chilenos, en plenas vacaciones o angustiados con sus problemas y con los gastos en los que comenzarán a incurrir en marzo, ¿creen que le preocupa quién es o fue la Reina del Festival de Viña? La respuesta es un evidente: no.
Sin embargo, en el marco de esa frívola competencia de ser la Reina y culminar con un salto a la piscina, dinero y un anillo de regalo, algo distinto ocurrió este año, algo que para algunos, fue interpretado como un llamado de atención de los chilenos de verdad, del chileno de esfuerzo, del chileno pobre, que no quiere más que sus problemas no sean escuchados, que sus demandas las minimicen como si no existieran y el escenario siempre sea de pan y circo.
Los medios de comunicación, presentes en el Festival, contaron como gran noticia la suspensión del piscinazo de Kika Silva, porque un grupo de dirigentes vecinales que se instalaron a protestar en el frontis del Hotel O’Higgins, en contra de la alcaldesa, Virginia Reginato. Y, luego, se pusieron a cantar, levantar lienzos y banderas al costado del mismo hotel, interrumpiendo lo que sería el piscinazo y, al final, consiguieron que se suspendiera ese “evento”.
Así fue como los medios contaron lo del piscinazo y se concentraron y desesperaron en saber el día y la hora en que el show se haría, pero de la falta de derechos básicos, de estos pobladores no se habló más.
Resulta insólito que en pleno Siglo XXI, donde Chile se auto-proclamó como el Jaguar de Latinoamérica, aún existan campamentos, donde haya chilenos sin electricidad y sin agua, en un Viña del Mar, en una Ciudad Jardín, donde está claro que el jardín no es para todos. Surgen algunas preguntas, ¿es un problema de falta de planificación?, ¿si los municipios tienen las herramientas legales, por qué la omisión en que incurren?
El Chile que quieren callar
Los dirigentes del Campamento Felipe Camiroaga del sector de Forestal Alto de Viña del Mar (que agrupa a 900 familias y que se instalaron en 2012 en el lugar) han denunciado su problema ante la Municipalidad, pero no han conseguido que la autoridad comunal se pronuncie y, menos aún, que repongan el sistema eléctrico, del cual gozaban, y tener agua potable. “Estamos protestando por una luz digna, para vivir con nuestras familias y nuestros hijos”, afirmó en los medios de comunicación uno de los dirigentes afectados por esta situación.
El grupo de pobladores, durante varios días –en el marco del Festival- realizaron manifestaciones en el frontis del Hotel O’Higgins y en la entrada de la Municipalidad de Viña del Mar y decidieron interrumpir una de las actividades tradicionales del Festival, para ser escuchados, para que sus demandas sean, de una buena vez, observadas, al menos. Con cantos, pancartas y letreros exigían recibir ayuda de parte de la alcaldesa de la Ciudad Jardín.
Otro de los dirigentes de esta toma aseguró de manera tajante: “Es injusto que la Municipalidad de Viña del Mar se jacte del Festival y todas sus luces y nosotros estamos a oscuras, porque ellos no cumplieron”, agregando que “nosotros no queremos que nos regalen nada, al igual como vamos al supermercado todos los meses, queremos pagar nuestra luz. Sabemos que estamos en una toma, que no deberíamos estar ahí tal vez, pero sabemos también que no tenemos otro lugar donde vivir”.
Asimismo, desde el Campamento Felipe Camiroaga han asegurado que: “Nos han dado la espalda y tuvimos que interrumpir uno de los actos del Festival, porque sabíamos que estaban presente muchos medios y, quizás, podrían contar nuestras historias. Nosotros estamos denunciando nuestros problemas sociales, mientras otros se quedan callados, quieren que no hablemos, que no le hagamos ruido a la alcaldesa”.
Reunión el 7 de marzo: ¿bajo presión responden?
El 7 de marzo, los dirigentes de la toma Felipe Camiroaga se reunirán con representantes de la Municipalidad de Viña del Mar para buscar, entre todos, una solución al problema, una solución real y no que quede traducida sólo en un papel, en una teoría.
La Municipalidad declaró hace unos días que: “Dentro de lo que establece la ley y en el marco de sus competencias establecidas por la normativa vigente, el municipio brinda apoyo a través de todos los dispositivos sociales y de la política actual de Gobierno, por medio de asesorías técnicas, operativos sociales, ayudas sociales, recreación y cultura, entre otras. Con todo, y atendiendo la realidad social de las familias, la municipalidad seguirá brindando el apoyo correspondiente en la medida de lo posible, teniendo en consideración que se trata de una ocupación irregular de terrenos privados y que ninguna institución pública puede hacer inversiones en ellos”.
De acuerdo al Artículo Nº 118 de la Constitución, los municipios tienen como finalidad “satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”. ¿Se cumple este objetivo de mantener a las personas con escasos recursos, sin agua durante años?, ¿de qué prioridades estamos hablando?, ¿acaso la alcaldesa de Viña del Mar se olvidó que la comuna en la que volvió a ser electa es una con las mayor cantidad de campamentos del país tal como lo aseguran las estadísticas nacionales?
Para concluir, podemos decir que estos pobladores, en efecto, se encuentran en una toma ilegal, pero ¿no lo hacen porque existe la necesidad de tener una morada digna? Hablamos, en este caso de, a lo menos, dos derechos humanos que están siendo conculcados, que es la falta de agua potable y tan importante como eso, la falta de vivienda digna. Estos derechos están siendo negados a miles de chilenos quienes se ven obligados a recurrir a estas infracciones. En este último caso, no sólo es un tema que compete a la Municipalidad en su aspecto técnico, sino que, además, es responsabilidad del Estado que no está generando las oportunidades necesarias para que las personas puedan tener un techo que las cobije.
Jaime Mois Corona, abogado, académico y escritor.