El fiscal Pablo Gómez no tiene por dónde cerrar —por decisión propia o ajena— los casos de corrupción que involucran esta vez a los prohombres del partido de ultraderecha UDI. La máquina legal tiene su propia dinámica y debe cuidar su imagen de autonomía ante los otros poderes del Estado y por mucho que afecte a la casta política en su conjunto. Tampoco tendrían por qué prescribir, como sucedió con las platas que Carlos Ominami recibió de Julio Ponce Lerou-SQM.
Ahora se presume con serios indicios que a través de la empresa Copra S.A. vinculada directamente a Longueira y cuyos socios eran Chadwick (el primo de Piñera), Luis Cordero y Luis Serrano se efectuaba una triangulación de millonarios montos que iban a parar a las arcas de la UDI. El Mostrador informaba que según el Boletín Comercial, los controladores de Copra S.A. siguen siendo la familia Cordero Echeverría y las sucesiones de Ignacio Fernández Doren y Marcelo Ruiz Pérez.
Las ramificaciones de los vínculos corruptos se extienden a rancios apellidos de la oligarquía chilena a la que representa políticamente la UDI (junto con RN) desde la dictadura hasta hoy.
Hay, como siempre ocurre en el ambiente de la criminalidad de cuello y corbata, lazos familiares con abogados y juristas que se encuentran en las instituciones que han enmarcado la llamada transición como el Tribunal Constitucional o el Consejo de Defensa del Estado.
Y no es necesario hurgar mucho para encontrar huellas no sólo de parentesco sino que también de afinidades políticas e ideológicas en los bufetes de abogados top o en la academia que imparte “derecho” en las universidades con los jerarcas de los partidos de derecha como Renovación Nacional la UDI o sus satélites.
La corrupción, que es estructural puesto que en una sociedad donde el gran capital controla la economía la captura de la política —si no hay instituciones ciudadanas que expresamente lo impidan—, va acompañada de una realidad paralela que es la endogamia de las castas dominantes. Es decir que éstas se alimentan con insumos (personal político, recursos monetarios, normas legales, producciones ideológicas) que ellas mismas proveen para reproducirse y conservar el poder. Son los mismos que se apropian, para también corromperlos, de términos como “República” y “buen gobierno”.
La autonomía del poder judicial ante las castas políticas y empresariales y con respecto a las otras instituciones del Estado no es algo adquirido de una vez por todas. Es falso eso de que “hay que dejar que la justicia siga su curso”. Puede haber más o menos Estado de Derecho o más menos Estado sometido a los intereses de las clases dominantes. Se está siempre como pueblo ciudadano y trabajador ante una batalla democrática fundamental contra los intereses oligárquicos que hay que librar cada día para impedir que se tuerza el derecho y se haga algo de justicia.
Por Leopoldo Lavín Mujica