Todas las encuestas de opinión pública –todas, sin excepción- señalan que el poder legislativo chileno, ergo, los parlamentarios, se encuentra asfixiado por la crítica y la desconfianza manifestadas por una amplia mayoría de la sociedad civil.
Nunca, a lo largo de nuestra historia republicana, ese poder del estado había contado con tan misérrimo apoyo como ocurre hoy. Sólo el 18% de la ciudadanía mantiene aún cierta confianza en el Parlamento chileno. En cualquier democracia moderna y civilizada esa cifra significaría una crisis de enormes proporciones y, por ende, la caída de todos los ‘eméritos’ ocupantes de sillones y curules habidos en ambas cámaras legislativas… menos en Chile, ¿por qué?
Es que una dictadura jamás cae por la simple opinión contraria de la multitud. No basta ello. Es insuficiente. Aún más, la mentada simple opinión ni siquiera provoca preocupación seria en los dictadores, o en aquellos pocos que disfrutan de los privilegios que les otorga esa dictadura.
Y si lo anterior se desarrolla bajo un disfraz, una capa o cobija con olor y color a ‘democracia’, más difícil aun será entonces su caída. Es exactamente lo que sucede hoy en nuestro país, ya que el poder legislativo –merced a la acción partidista de las tiendas políticas que conforman las dos coaliciones del duopolio- se ha convertido en el verdadero gobernante del país, y ello merced a que una ideología mercantilista se impuso en ese hemiciclo, ideología representada políticamente por dos sectores de la llamada “derecha” que, en honor a la verdad, resultan ser socios, o primos hermanos, o patrón y mayordomo. Se trata de la derecha propiamente tal (Alianza por Chile y sus colgajos) y la centro derecha (ex Concertación, hoy Nueva Mayoría).
Los actuales parlamentarios (obviamente, no todos, pero sí la mayoría de ellos) desvergonzadamente se permiten mofarse –en los hechos concretos- de los derechos civiles y de las mismas leyes que han aprobado. Libertades como la de prensa y la de expresión, por ejemplo, son manoseadas y tergiversadas al amaño de cualquiera de esos pelafustanes llamados senadores o diputados. Vea usted el caso de la senadora (UDI) Jacqueline van Ryselberghe, quien no encontró nada mejor (para defender al inefable y torpe ex almirante Jorge Arancibia que se había despachado acusaciones sin fundamentos contra el gobierno por la tragedia de los incendios forestales) que declarar lo siguiente:
“Poner una denuncia en contra del almirante (sic) Arancibia y de Juan Pablo Swett de verdad es un despropósito, me parece que incluso atenta contra la libertad de expresión. Ellos dieron una opinión en un medio de comunicación, no dieron pistas falsas, no hicieron que se gastaran recursos del Estado ni tampoco sembraron el temor, porque el temor la gente lo tenía porque veía las llamas encima de sus casas”.
Por ‘opiniones’ de muy menor tono y volumen, expresadas por personeros de tiendas adversarias a la UDI, la misma senadora había protestado con ira. Esta vez, borró con el codo lo dicho anteriormente y escribió una historia tan distinta que, en estricto apego a la objetividad, atenta contra ella misma.
Lo anterior es sólo un duraznito más en ese ponche que llamamos “dictadura parlamentaria”, la cual se manifiesta fuerte y dolorosamente en hechos de trascendencia innegable para el mal funcionamiento del sistema democrático imperante (recalco este punto debido a que la mentada democracia se encuentra ‘protegida’, según se desprende de la Constitución de 1980 vigente).
Uno de los aspectos que violenta el sistema y que los parlamentarios acostumbran a utilizar como si se tratase de una panacea plausible, es aquel que acusó el año 2016 el actual alcalde (independiente) de la comuna de Graneros, Claudio Segovia: “el parlamentarismo abusa de su poder. Esto es peor que la dictadura militar, si bien no te matan, te persiguen al estilo siciliano. Ellos tienen pequeñas comarcas, donde ejercen su fuerza sin contrapeso. Buscan nichos y crean redes de contacto en cada lugar para mantener y perpetuar sus dominios. Esa política está anquilosada en la sociedad y debemos cambiarla, no sólo en la Región de O’Higgins, donde es evidente, sino también en Chile”.
Tiene mucha razón el alcalde Segovia; en la región de O’Higgins es innegable el accionar totalitario y políticamente deleznable de parlamentarios como los senadores Juan Pablo Letelier (PS) y Alejandro García Huidobro (UDI), quienes en los hechos concretos –uno de ellos en los gobiernos de la Concertación y ahora Nueva Mayoría, y el otro durante la administración de Sebastián Piñera- colocaban a sus lacayos incondicionales en diversos cargos, como intendente, gobernadores, seremis, jefes de servicios, etc.
En muchas regiones, si no se es “incondicional” de determinados parlamentarios, aunque se pertenezca a la misma tienda de ellos y por muchos méritos académicos y laborales que se tenga, resulta imposible acceder a cargos públicos relevantes. Más improbable aun si se es políticamente independiente. Los parlamentarios ya no “recomiendan” nombres a La Moneda… designan. Así de claro, y pobre primer mandatario que no les dé el gusto, ya que perderá apoyo vital en la tramitación de leyes y proyectos en el legislativo.
El establishment duopólico está procurando aumentar el número de ‘honorables’ a 155 diputados y 50 senadores, pero la opinión general en la ciudadanía señala que los actuales parlamentarios representan al régimen legislativo más corrupto de la Historia de Chile. Cada semana aparece –gracias a las redes sociales y medios de prensa electrónicos que desnudan sin ambages los delitos de esos ‘hombres públicos’- se conoce uno o más ilícitos, una o más inmoralidad tributaria, económica o política, cometida por quienes tienen a su cargo la confección de las leyes. El desfile de “imputados” ante la opinión pública da ya para carnaval, pues debido a que el otro poder del estado que debe encargarse de impartir justicia (el poder judicial) también se encuentra atado de manos ante leyes que, vaya coincidencia, protegen a sus autores de cualquier estropicio legal. El poder legislativo gobierna para sí mismo, y sin otro contrapeso que no sea una débil e ineficaz reglamentación interna que muestra mucho ruido, mucho humo, mucha parafernalia gatopardista, pero que no provoca sanciones de verdadero peso a quienes incumplen o delinquen en sus roles de legisladores.
El accionar casi delictual manifestado estos últimos años por muchos diputados y senadores da cuenta de cuán imperfecto es el sistema electoral consagrado en la Carta Magna de las bayonetas. En efecto, si en las elecciones presidenciales un candidato no alcanza la mitad más uno de los votos, se disputa una segunda vuelta entre los dos primeros.
Tal cosa no sucede con los parlamentarios, pues ellos no pasaron por el tamiz de otra ronda que les permitiera alcanzar el mismo porcentaje que al ganador de la presidencia. Muchos de ellos no representan el sentir ni la decisión soberana de la ciudadanía, sino que son obsecuentes dependientes de capitalistas y mega empresarios. ¿Qué estoy equivocado? Muchos de nuestros actuales parlamentarios vienen ocupando esos cargos gracias a y desde los años del binominalismo electoral, perpetuándose en el sistema merced a los mismos vicios señalados en párrafos anteriores en esta nota.
Lo anterior permite que diversos proyectos relativos a la transparencia del poder legislativo encuentren severas trabas en sus tramitaciones, como ha ocurrido, por ejemplo, con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que incluye medidas a favor precisamente de la transparencia. Lo mismo sucede con el proyecto conocido como Ley del Lobby, ya que algunos parlamentarios se oponen férreamente a él porque consideran “peligroso” (¿para quién?) que se conozcan públicamente los documentos y actas de las distintas comisiones legislativas. El oscurantismo en el actuar es característica propia e irreductible de toda dictadura. En este caso, ese oscurantismo también tipifica el accionar de nuestro Parlamento.
En otra materia, guste o no, el actual sistema chileno señala que el régimen es presidencialista, pero el Parlamento se ha encargado de revocar aquello a través de cortapisas y miriñaques reñidos incluso con la actual Constitución que, según aseguran sus defensores, establece pesos y contrapesos entre los poderes del estado, pero no sanciona ni tampoco impide que los habitantes del Congreso Nacional expliciten ante la opinión pública encendidos discursos poniendo o exigiendo fecha de término a un mandato presidencial, vale decir, señalando en los hechos duros que es necesario legislar respecto de un poder revocatorio en manos del pueblo soberano (cuando se pretende castigar al adversario), pero si ese mismo pueblo ‘soberano’ comienza a exigir aquello del revocatorio –para todo el aparataje público- de inmediato los eméritos senadores y diputados cierran filas en torno a la “inviolabilidad del mandato” que dicen representar. El temor y la oposición casi enfermiza que muchos senadores y diputados manifiestan ante la sola idea de estructurar una Asamblea Constitucional, certifica lo dicho.
Por otra parte, uno debe preguntarse si en Chile existe alguna empresa, repartición o servicio público o privado donde los empleados o funcionarios se auto asignen el monto de sus rentas, el aumento de las mismas y otras garantías. Por supuesto que no. Incluso el legislativo ha puesto severas cortapisas a la sindicalización. Sin embargo, ese mismo Poder Legislativo determina monto de sus dietas parlamentarias, y lo hace gracias a que no existe constitucional ni legalmente ninguna institución facultada para mediar en ese asunto.
El detalle de tamaña bofetada al país está muy bien expuesto en la página web “Política y Sociedad”. Lea usted, por favor.
<<En los últimos 13 años, los congresistas chilenos han aprobado aumentar sus remuneraciones desde los 2 millones 400 mil pesos en 2002 hasta los 8 millones 600 mil de este año. Se trata de los mismos legisladores que durante el mismo tiempo, han aumentado el sueldo mínimo solamente en unos 60 mil pesos.
<<Como está fijado en el artículo 62 de la Constitución Política, un diputado, senador o ministro recibe mensualmente 8 millones 605 mil 477 pesos en bruto, lo que equivale a 40,5 veces el salario mínimo de 210.000 pesos, ambos montos imponibles. ¿Un congresista tiene más gastos que un obrero por la importancia de su cargo?
<<Los pasajes, peajes, estadías, comidas, teléfono, internet y gastos de sus vehículos, entre varios otros ítems, están cubiertos por un monto adicional a su sueldo que llega a los 8 millones en el caso de los senadores y 5 millones en el de los diputados. Esto sin contar los gastos en asesorías, que elevan los montos por sobre los 20 millones mensuales.
<Es decir, un congresista cuenta con cerca de 16 millones de pesos para los mismos gastos que un trabajador debe cubrir con 264 mil pesos. No es novedad que Chile lidera las cifras de desigualdad en la región y entre los países de la OCDE, por lo que tampoco sorprende que encabece el listado de países donde más se paga a los congresistas.
<<En Argentina reciben 36 mil pesos argentinos, es decir cerca de 2,5 millones de pesos chilenos, lo que equivale a unas 10 veces el salario mínimo de la nación trasandina. En Perú, los parlamentarios cuentan con 6 millones de pesos chilenos y en Bolivia, el equivalente a 1 millón 300 mil.
<<En México los sueldos fluctúan entre los 5 mil y y 9 mil dólares, es decir, de 2,7 a los 4,9 millones de pesos chilenos. Mientras que en Paraguay, los miembros del parlamento reciben el equivalente a 4 millones chilenos y en Colombia, 6,8 millones, según cifras del diario “La Segunda”>>
En su obra “Un mundo feliz”, publicada el año 1932, el notable novelista estadounidense Aldous Huxley, escribió: “Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y al entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre”.
¿No le suena conocido? Mire hacia el Congreso Nacional, analice y reflexione. Concluirá que torpemente hemos permitido la existencia de una dictadura parlamentaria.