Manuel Salvador Villagrán Trujillo, de 39 años, periodista vocero de la municipalidad de San Jorge, departamento oriental de Zacapa, y reportero de un noticiero local fue emboscado en su motocicleta y acribillado el jueves 19 de enero de 2017 en el kilómetro 149.5 de la carretera local. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) manifestó su condena y repudio por el asesinato de Villagrán.
Nueve periodistas fueron asesinados en Guatemala en 2016, según registra la Ciap-Felap. El registro de la última década indica 29 víctimas.
La Comisión de Libertad de Prensa de la APG responsabilizó al gobierno, y en particular al Ministerio de Gobernación –encargado de velar por la seguridad de la ciudadanía– de este alevoso asesinato y recordó que el Presidente de la República aprobó y respaldó el 18 de julio de 2016 una propuesta para in Programa de Protección a Periodistas presentada por una alianza de 16 entidades nacionales y departamentales de prensa, e instruyó explícitamente para que se ejecutara.
Sin embargo, a pesar de la colaboración prestada por el gremio para la institucionalización del Programa, el asesor jurídico del Ministerio de Gobernación, René Lam, se ha empeñado en desnaturalizar y despojar de todo contenido el acuerdo, contraviniendo la orden presidencial y manteniendo al gremio en un escenario de riesgo permanente, afirmó la AGP.
“Ante esta situación, la APG denuncia el incumplimiento del gobierno de Guatemala del compromiso asumido desde el 2012 en Ginebra, de implementar un Programa de Protección a Periodistas y pide la solidaridad nacional e internacional, para que las autoridades responsables den cumplimiento a la voluntad política manifestada por el Presidente, Jimmy Morales, de poner en práctica ese mecanismo, que puede contribuir a atenuar los riesgos que enfrenta el gremio, particularmente en los departamentos.
La APG también alerta sobre un grave riesgo que corre un periodista en Suchitepéquez, cuyo nombre no quiso revelar por razones de seguridad, quien sufrió un atentado y continúa recibiendo amenazas de muerte, las que se han agravado a raíz del asesinato de Danilo López y Federico Salazar, ocurridos en 2015. Tanto el periodista como su hijo, quien también ejerce la profesión, fueron víctimas de un atentado al que sobrevivieron, sin embargo, están siendo intimidados por un grupo que se autodenomina “Ángeles Justicieros”.
La APG exige la inmediata intervención de las autoridades, para hacer efectiva la seguridad ofrecida, antes de que deba lamentarse el asesinato de otro periodista en ese departamento.
Ernesto Carmona