En junio de 2016 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó la campaña “El Asado Constituyente”, una serie de cápsulas audiovisuales cuyo objetivo fue incorporar el enfoque de derechos humanos a la discusión que se realizaba en Chile sobre el proceso para la elaboración de una nueva Constitución.
Los diputados UDI Gustavo Hasbún y Felipe Ward consideraron que la iniciativa no se encontraba entre los objetivos y el mandato legal del INDH, por lo que ingresaron una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría General de la República. El organismo contralor, sin embargo, estableció que sí “se enmarca dentro de las funciones que la ley le otorga el al INDH, sin que existan reproches”.
Entre las argumentaciones planteadas en el documento, el organismo contralor consideró procedente la iniciativa del Instituto, señalando que “los artículos 1° y 2° de la ley 20.405 que crea el INDH establece que dicha corporación tiene la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”.
Asimismo el pronunciamiento consigna que el numeral 4 del artículo 3 del texto legal establece que al Instituto le corresponde también “promover que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, a fin que su aplicación sea efectiva”.
Finalmente la Contraloría argumenta que el INDH tiene también por objetivo difundir el conocimiento de los derechos humanos y realizar todo aquello que propenda a consolidar una cultura de derechos humanos en Chile. Debido a todo lo anterior la campaña sí resultó ser parte de las funciones del Instituto.