Que en Chile la mayoría de las instituciones funcionan mal, o simplemente no funcionan, caben ya pocas dudas. Incluso el ’respetable’ se permite hacer mofa de ello y construye chistes que van de boca en boca incrementando el desprestigio de esos entes públicos.
Nunca se ha hecho un ranking del desprestigio, y de hacerse imagino que los municipios estarían en el top ten de la debacle. Es que en realidad hay mucho pan que rebanar y paño que cortar en esas instituciones, independientemente de si el gobierno local de turno es azul, verde, rojo o lila. En el mundo de los municipios la mala administración parece ser una cuestión transversal. Y la corrupción también.
Nadie puede sentirse sorprendido con estos asuntos de malos manejos en muchos municipios, pues tales cuestiones vienen sucediendo hace ya varias décadas. Imposible no recordar, por ejemplo, el caso “San Fernando” (Región de O’Higgins), donde la mala gestión de los ediles José Figueroa (2000-2004) y Juan Paulo Molina (2004-2012) mantuvo a la ciudad sin energía eléctrica en la postación de luminarias públicas durante días, además de tener a cientos de profesores con el pago de sus salarios indignamente retrasados. Entre ambas gestiones, esos ediles dejaron al municipio sanfernandino asfixiado por una deuda superior a los diez mil millones de pesos ($10.000.000.000).
Lo hemos dicho tantas veces en distintos artículos y columnas, pero es como un grito en el desierto. Permítanme reiterarlo hoy. Los municipios son organizaciones de primera, pero dirigidos por gente de tercera… ello, en la mayoría de los casos. Tarea difícil es encontrar en ellas algunas administraciones edilicias que merezcan aplausos, reconocimiento y felicitaciones. Por otra parte, muchos gobiernos alcaldicios no bien se sientan en el sillón de la primera autoridad comunal, informan a la prensa que del gobierno anterior han descubierto corrupciones, estafas, irresponsabilidades, gastos excesivos, pagos políticos y un largo etcétera que es fronterizo a la delincuencia.
Vea usted los casos recientes –o los más conocidos mediáticamente- y saque conclusiones.
En Maipú, la novel alcaldesa Cathy Barriga desvinculó (no renovó contrato) a 470 trabajadores del municipio aludiendo a que hay muchos “funcionarios fantasmas a los que se les paga pero no trabajan”. Y tras crear una nueva Unidad de Transparencia manifestó que son 900 las personas que estaban en esa municipalidad contratadas de manera irresponsable por la anterior administración.
En Cerro Navia se ha destapado una olla de pésimo aroma, en la que pareciera existir una deuda de 20 mil millones de pesos (sí, leyó bien amigo mío, veinte mil millones) con la Caja de Compensación ‘Los Andes’, y el actual alcalde, Mauro Tamayo, calificó a la antigua administración de “un grupo que llegó a delinquir“, refiriéndose al ex alcalde Luis Plaza, el ex administrador Marcelo Torres, ex administradora Marcela Morales y el abogado Oscar Lantadilla, quienes -a su juicio- “buscaban defraudar a la comuna y al fisco”.
En Santiago, Felipe Alessandri confirmó la desvinculación de 300 profesores de colegios o escuelas municipales de esa comuna, mientras Evelyn Mathei en Providencia realizaba una fuerte acusación contra la ex alcaldesa Josefa Errázuriz, señalando que esta había dejado una deuda de tres mil cuatrocientos millones de pesos.
Para qué mencionar casos indignantes, como el del municipio de Curicó donde un grupo de concejales, amparados por la vista gorda que hacía el alcalde, se daba estupendas vacaciones ilustradas en el extranjero –Argentina, Francia, China- bajo la falso argumento de -por ejemplo- ir a capacitarse respecto de la forma de administrar un municipio (chileno), o por simples ‘intercambios culturales’ (¿?)”.
Todo lo mencionado pareciera corresponder a un mal guión de cine humorístico; desgraciadamente, se trata de cuestiones muy reales. Hay preguntas que jamás tienen respuestas; una de ellas es la que apunta a los partidos políticos que nominan a sus candidatos para postular a un sillón edilicio o un curul en el cuerpo colegiado llamado Concejo Municipal. ¿Saben realmente, en profundidad y con la seriedad que ello amerita- a quiénes están apoyando al presentarlos como sus representantes en los gobiernos comunales?
Más allá de cualquier error puntual es dable asegurar que las tiendas partidistas han presentado, en varias oportunidades, a personajes de dudosa catadura moral y peor figura intelectual, cuando no han apoyado a delincuentes de tomo y lomo, con y sin corbata. Alcaldes alcohólicos, ediles ladrones, jefes comunales corruptos y venales, primeras autoridades comunales con vida pública y privada escandalosa, concejales que con dificultad pueden leer dos líneas de corrido (y entender sólo la primera de ellas), etc., etc.
Sabido es –especialmente en comunas pequeñas, rurales, alejadas de la gran metrópolis- que ha habido alcaldes que llegaron económicamente pobres a ocupar el cargo, pero cuatro o más años en él les permitieron hacerse de una fortuna que, por cierto, no obedece ni siquiera en un gramo a un enriquecimiento lícito. En los municipios (no en todos, obviamente) reina la corrupción, el amiguismo, el caudillismo y la puesta en marcha del culto a la personalidad (del edil, por supuesto). De hecho, se sabe de alcaldes que están ya en período ‘saliente’ (dos períodos de administración, y la ley les impide postular a uno más), pero creen ser no sólo indispensables para la comuna sino faraones de ella, y se encuentran desde ahora mismo ‘trabajando’ tempranamente para que el “trono municipal” sea heredado por uno de sus hijos, o su hermano, o su sobrino. Y no es broma ni tampoco asunto inventado.
¿Por qué los partidos políticos, léase diputados-senadores, que cobijan a esos personajes nada dicen ni nada solucionan? Como muy bien me lo dijo el ex director del periódico digital “Séptimo Concejal”, don Lautaro Robinson, en uno de sus comentarios desde la comuna de El Tabo, se trataría de un problema vasto y extendido, de difícil solución, puesto que los alcaldes son (según los diputados, senadores y dirigentes de las tiendas partidistas) quienes se encuentran más cerca de la gente y de esa amanera pueden ‘manejar’ el clientelismo electoral.
Además, en una comuna pequeña las organizaciones comunitarias carecen de presupuesto para financiar servicios de profesionales en materias de proyectos, y estos requieren necesariamente de la venia y apoyo del alcalde y del Concejo Municipal para contar con posibilidades de ser aprobados en las instancias pertinentes (Intendencias, Gobernaciones, CORES, SUBDERE, SUBTEL, Ministerios, Seremías), allí donde diputados, senadores, caudillos y tiendas políticas mandan y ordenan. De no contar con esa venia y apoyo, obviamente muchos proyectos no son aprobados en las instancias en comento
Por otra parte, las tan mentadas “instituciones que funcionan”, cuando se trata de fiscalizar a entes como los municipios, simplemente detienen sus maquinarias, son cooptadas por los parlamentarios de la zona y se cobijan en el “laissez-faire”, agregando a lo dicho una ignorancia supina en materias municipales, cual es el caso de la Inspección del Trabajo, como sucede en Rancagua, cuyos funcionarios desconocen –por ejemplo- absolutamente lo relativo a normas laborales en radioemisoras comunitarias.
La Contraloría juega al empate y declara que esa es una materia que corresponde a Subtel… y aquí, ¡era que no!, los funcionarios se encogen de hombros tal cual lo hacen los jotes, a la vez que ‘recomiendan’ al usuario dirigirse a… la Inspección del Trabajo. Las instituciones ‘que funcionan’ terminan actuando como el compra huevos para que todo resulte ser miel sobre hojuelas para los corruptos.
Por eso, una vez más debe reiterarse que sobre municipios, caudillismo y corrupciones, hay mucho pan que rebanar.