Ya no es novedad que el diario El Mercurio publique avisos comerciales que dan la apariencia de noticias para engañar a sus lectores incautos y por ello aludimos a una nota periodística del 30 de diciembre de 2016 en la cual se pone el grito en el cielo porque el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) acaba de tomar, exactamente el 28 de diciembre reciente, la decisión de proteger como un Monumento Nacional, bajo la categoría de Monumento Histórico, el esplendoroso inmueble conocido como Casa de Italia, localizado en un amplio terreno de 5.000 m2 en la calle Álvarez de la ciudad de Viña del Mar, V Región de Valparaiso.
Se trata de una antigua y muy bien conservada casona levantada hace casi 100 años, cuyo propietario era un conocido empresario textil quien, en la década de los cuarenta del siglo pasado se la vendió a un inmigrante griego, persona que vivió en ella unos cuantos años hasta que se la traspasó en el año 1962, por una cierta suma de dinero, a un grupo de residentes italianos y descendientes de estos, quienes para adquirirla conformaron la Inmobiliaria Casa de Italia, persona jurídica que hasta el día de hoy tiene el dominio de la propiedad.
Ese diario reproduce lo que expresa el presidente, abogado Renzo Arata, del grupo propietario de la mansión para dejar en evidencia que la decisión del CMN es contraria a los intereses mercantiles de sus dueños : “Es la ruina para nuestra sociedad. Convierte nuestro patrimonio valorado en $ 6 mil millones en un pasivo, que solo irroga gastos” Y para justificar la pretensión del anterior, dicho diario comunica a sus lectores que ya se había firmado una promesa de compraventa con una inmobiliaria, la que contaría con un permiso de anteproyecto de un edificio de 22 pisos y que, al disponer de ese acto municipal, la demolición del inmueble patrimonial es inminente (?). Dicho exaltado abogado también manifestó que era una expropiación la declaratoria resuelta por el CMN y que el método utilizado por el mencionado servicio público era ilegal.
Por lo anterior, se nota que el hombre está indignado con la institucionalidad, teniéndose en cuenta que tanto Manuel Millones, presidente de la Comisión de Patrimonio del Consejo Regional (CORE) porteño, como el intendente Gabriel Aldoney y la propia comunidad italiana local, más el culto embajador Marco Ricci, han apoyado con hechos concretos esta medida que busca rescatar la memoria histórica de la ciudad jardín, hoy en día atiborrada de edificaciones en altura.
Ahora bien, respecto al presunto permiso de anteproyecto autorizado por la municipalidad y a pesar de que la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, todavía no firma el Decreto respectivo de la declaratoria, se debe tener presente lo que se dice en link
http://radio.uchile.cl/2013/07/15/timos-en-el-sector-de-la-construccion/
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Es indudable que para sacarle mayor rentabilidad económica a los terrenos localizados dentro de los límites urbanos de las ciudades, en la medida de que los Planes Reguladores Comunales (PRC) lo permitan, los actores inmobiliarios tenderán a construir torres con las alturas máximas permitidas en esos instrumentos normativos locales. En ocasi
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ya que los anteproyectos a nombre de terceros no dueños del terreno en donde se emplazaría la nueva edificación tienen que cumplir con unas cuantas exigencias normativas que no siempre se obedecen por los municipios y, digámoslo con claridad, son meros actos administrativos preliminares que generan tan solo expectativas de negocios, a diferencia de los permisos de edificación que son considerados actos terminales y que, si son legales, son derechos adquiridos por sus poseedores. Tal como le dijimos en Twitter a la arquitecta experta en patrimonio que ejerce como secretaria ejecutiva del CMN es indispensable que la ministra de Educación, ya sea la titular o la subrogante, cualesquiera de ellas, firme a la brevedad el Decreto para que se publique ojalá en el mismo día en el Diario Oficial.
Arata y sus socios, personajes que todo lo ven en función de las utilidades monetarias para ellos mismos, ya están dispuestos a interponer acciones judiciales en contra del entrometido y fastidioso CMN, cuyo resultado es incierto y por ello lo más razonable es que la Municipalidad de Viña del Mar compre a sus actuales dueños esa magnífica residencia en el precio exacto que establece la División de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Si así fuese, con las acomodaciones necesarias, aprobadas por el CMN, sería un espacio público protocolar de alto nivel por el cual doña Virginia Reginato no pagaría a perpetuidad ni un solo puto peso, parodiando al jefe de Codelco, por concepto de contribuciones de bienes raíces, atendida su condición de Monumento Nacional y municipio.