Una serie de personalidades de instituciones en su mayoría bien desprestigiadas (algunos monseñores, un ministro de Estado, un ministro de corte, un ex Presidente, y por cierto El Mercurio y la derecha, a la que pertenecen los criminales enfermos) están sosteniendo que quienes se han destacado por su atropello a todos los derechos humanos esenciales, sus crímenes de lesa humanidad (que dañan a la humanidad toda), su crueldad atroz, inédita en nuestra historia y en América Latina, sus daños por generaciones a familias, organizaciones e instituciones enteras, su oprobio a la mayor parte de la ciudadanía, que los sentenció con su opinión en consultas sucesivas, su persistencia hasta hoy de que, al matar y torturar a viejos, mujeres y niños, hacían lo que en justicia debían hacer y, por tanto, su negativa al arrepentimiento postrero, deben hoy ser puestos en libertad por respeto a sus derechos humanos.
Ahora se anuncia que la Iglesia Católica y la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas se sumarán a ese “clamor” por los derechos humanos de los presos de Punta Peuco. Cínicamente se habla del mensaje navideño.
Miles de personas pasarán esta navidad sin la presencia de sus familiares detenidos desaparecidos, de sus parientes asesinados, y muchas lo harán –sin otro consuelo que la esperanza de justicia- con sus viejos parientes que fueron secuestrados y torturados.
Nadie ha atropellado los derechos humanos de los criminales que están presos en Punta Peuco por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Las ganas de salir en libertad no es un derecho humano si se trata de criminales redomados. No hagamos gárgaras con disposiciones que no entendemos ni hagamos de los derechos humanos cualquier gusto o licencia que a mí se me ocurra.
Fue el Estado, y estos criminales como su instrumento, el que lo hizo durante 17 años. No hay atropello a los derechos humanos por parte de los tribunales de justicia que, afortunadamente, tienen en la cárcel a asesinos y torturadores de la Dina y la CNI.
La declaración de estos evangélicos se titula “Es fundamental iniciar el cambio de paradigma de “revancha” por el de un estado garante de los derechos humanos para todos”. La crítica evangélica subyacente es que vivimos “la revancha” y que, en esta materia, el actual estado no respeta los derechos humanos. El Ministro de Justicia debe rechazar ese título y su desarrollo por ignorante y destemplado. Si no lo hace, el sonriente Sr. Campos debería renunciar y dedicarse a sus leguleyadas.
La avalancha de declaraciones de estos Sumos Pontífices es una forma elegante, enguantada y cínica de negarse a que esta sociedad chilena haga justicia. O que, con su anuencia, la haga sólo en la medida de lo posible.
¿La Iglesia Católica y los evangélicos, en alguna parte del mundo, reclamaron por estos derechos humanos de los criminales que fueron ahorcados en Nüremberg?
¿Alguien ha reclamado, con ese argumento, para que los delincuentes que asfixiaron, torturaron y quemaron en campos de concentración nazis, hoy vivos o recién puestos a disposición de la justicia alemana después de décadas de persecución, sean, por sus muchos años o sus dolencias naturales puestos en libertad?
La justicia internacional busca HOY a Alois Brunner, brazo derecho de Adolf Eichmann, criminal nazi que se especializó en asesinar a niños judíos a los que consideraba “futuros terroristas”. Se busca. Tiene 100 años (¡Ojo Sr. Piñera!). Lo mismo se hace, por ejemplo, con Aribert Heim, de 98 años y Gerhard Sommer, de 93. Hans Lipschis, de parecida edad, fue deportado hace poco a Alemania desde los EEUU y está hoy siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad que, como se sabe, no prescriben, y menos exculpan a los mayores de 75.
No olvidemos que se trata, en el caso de Punta Peuco, también de crímenes contra la humanidad. Estos nuevos y viejos Pontífices ¿han interpuesto peticiones a Naciones Unidas, a las Comisiones de Derechos Humanos de carácter internacional, a las Cortes Internacionales para pedir que se deje en libertad a estos criminales? ¿Creen que Alemania o el mundo están atentando contra los derechos humanos de estos viejitos criminales de guerra nazis?
En países como Filipinas el jefe de estado puede jactarse de haber matado con su propia mano a drogadictos y ladrones, y de llamar hoy a que sus conciudadanos hagan lo mismo. Pero no somos, afortunadamente, la Filipinas de hoy.
En países como Haití el ex dictador y conocido criminal Baby Doc pudo haber vuelto libre a su tierra y terminar allí su vida enfermo en una cama de su hogar, sin recibir juicio ni condena alguna, pero nosotros somos los que decimos “pobres haitianos”.
La justicia tiene, por cierto, también, objetivos que apuntan a la no reiteración de las brutalidades de los delincuentes.
Si se acepta que, en Chile, connotados criminales sean puestos en libertad a los 75 años, por viejos, ¿aceptarían que quienes cumplimos hace rato esa edad nos transformáramos en ajusticiadores por propia mano de quienes consideremos objetos de nuestras sentencias? Yo voy a cumplir los 80 años. ¿Puedo organizarme con mayores de 75 para asesinar a agentes de la Dina o la CNI que se pasean por la calle, porque estoy seguro que no recibiré ni juicio ni castigo?
¿Puede hacerlo quien tenga, no esa edad, pero graves problemas al corazón, a la próstata, a los riñones o a la vesícula, porque esas enfermedades se agudizarán con los años y entonces, en esa instancia y con certificados médicos objetivos, saldrá de la prisión?
Sin duda, y a eso debería apuntarse, los criminales enfermos de gravedad, condenados a decenas de años de prisión, incluso los de Punta Peuco, deberían terminar sus condenas en clínicas y hospitales penitenciarios, habiendo sido o no condenados por crímenes políticos. Y allí morir con dignidad, cuando la naturaleza mande, si no han cumplido antes la sentencia. Pero clínicas y hospitales penitenciarios no son “la libertad”.
Las entelequias jurídicas y judiciales de monseñores, abogados de ministerio, ex Presidente arrepentido por su trato reciente a estos criminales, destacados columnistas sabelotodos, tienen como objetivo anular el estado de derecho que nuestra sociedad se ha dado después de mucho, y poner como juez absoluto de los pecados criminales ya no a la justicia chilena humana y actual, ordenadora de nuestra civilizada convivencia, sino a “la justiciera” naturaleza, al destino y, por ende, finalmente al dios de los judíos, ese que condenaba a sus enemigos y perdonaba a quienes lo adoraban. Sería volver a las cavernas o a los años previos a nuestra era.
Seamos claros: la dignidad de los criminales de que se trata ha sido respetada excepcionalmente: fueron condenados después de juicios justos en que tuvieron defensores y jueces objetivos, no se les aplicó ninguna ley del talión (ni han sido torturados, ni han sido degollados, ni han sido incinerados vivos, ni han sido lanzados al mar con los pies amarrados a pesados lingotes de cemento) e incluso tienen médicos a la mano, la mejor de las atenciones en su prisión y cárceles especiales, con trato de buen hotel.
¿Estos Sumos Sacerdotes han dicho algo de los viejos enfermos de sida, desmemoriados, con demencia senil porque no saben lo que es alzheimer, harapientos, degradados y algunos depravados, con comidas en tarro y para perro, en las peores condiciones humanas, sin visitas periódicas, sin ver la luz sino a gotas, que pululan las cárceles para presos ordinarios y comunes agobiados por la sobrepoblación y el hacinamiento? ¿Deben ser todos ellos puestos hoy en libertad, sean cuales sean los crímenes cometidos?
No. Esos no tienen los mismos derechos de quienes, por 17 años, tuvieron licencia para apresar, secuestrar, torturar, matar y hacer desaparecer, y hoy piden libertad para culminar su natural vejez.
A éstos escuchan los Sumos Pontífices que, objetivamente, más allá de ignorancias y falsas poses “humanistas”, postulan el fin del estado de derecho en Chile.