Los alumnos de la enseñanza pública de toda España cumplen hoy una nueva jornada de huelga para exigir al gobierno conservador de Mariano Rajoy la derogación de su controvertida ley educativa, que consideran elitista y excluyente.
Convocado por el Sindicato de Estudiantes (SE), el paro del alumnado -segundo en apenas un mes- es contra los polémicos exámenes finales, conocidos como reválidas, que fija esa norma al concluir las instrucciones de secundaria y bachillerato.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) estipula que, al acabar el cuarto curso de la enseñanza secundaria y el segundo de bachillerato, los alumnos deberán realizar esas pruebas, que tendrán que aprobar para recibir los títulos correspondientes.
Si suspenden, se quedarán sin la titulación, aunque hayan aprobado todos los cursos, de acuerdo con la Lomce, sancionada en el 2013 durante el primer mandato del derechista Partido Popular (PP), cuando Rajoy gozaba de mayoría absoluta en el parlamento.
Además del cese de actividades en los colegios, el SE llamó a participar en las manifestaciones que tendrán lugar este jueves en medio centenar de ciudades de España.
Se trata de la segunda huelga en el sector educativo durante el actual ciclo lectivo 2016-2017, y la cuarta en el año y medio que Íñigo Méndez de Vigo lleva como ministro de Educación.
El 26 de octubre, alumnos de primaria y de la ESO (educación secundaria obligatoria) también secundaron una medida de protesta similar organizada por el SE, a la cual se sumó la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado.
Al igual que en esta ocasión, la movilización contó, además, con el respaldo de las principales centrales obreras y de los partidos Podemos e Izquierda Unida (IU), que reclaman la anulación de la Lomce.
El sindicato estudiantil defendió la movilización sistemática para echar abajo la impugnada legislación y las nuevas evaluaciones finales, pues denunció que su único objetivo es impedir que los hijos de las familias humildes lleguen a la universidad.
Las reválidas son obligatorias para todos los que terminen la ESO y bachillerato.
Hace una semana, el gobierno de Rajoy requirió a la Mesa del Congreso de los Diputados que reconsidere su decisión de iniciar la tramitación de una proposición de ley, apoyada por toda la oposición, para suspender el calendario de implantación de la ley educativa.
La administración del PP amenazó con plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si la Mesa de la Cámara baja desestima su solicitud.
Podemos e IU abogan por un pacto educativo que contemple la derogación de la Lomce y revierta los más de cinco mil millones de euros en recortes que se produjeron en el sector.