El reciente fallo de la Corte Suprema que no dio lugar al recurso de amparo al interno de Punta Peuco, Raúl Iturriaga Neumann, y confirmó la decisión de no concederle el beneficio de la libertad condicional, sienta sin duda un precedente indispensable que reestablece el pleno respeto de nuestros tribunales al Derecho Penal Internacional Humanitario que distingue claramente entre los delitos comunes y aquellos que, por la extrema gravedad de sus características, constituyen delitos de lesa humanidad y se encuentran consignados en diversos convenios y tratados internacionales de obligatoria obediencia para el Estado de Chile.
Este fallo de la Segunda Sala del máximo tribunal de nuestro país, recaído en la causa rol 76.487 – 2016, tiene en cuenta, como debe ser, la cantidad y monstruosidad de los crímenes cometidos por los uniformados actualmente condenados o procesados por sus responsabilidades en el brutal genocidio desatado a partir del 11 de septiembre de 1973. Se ha hecho justicia en relación a delitos brutales cometidos por aquellos cuyo deber ético y legal es la defensa de su pueblo.
No se trata ésta de una visión enfermiza anti fuerzas armadas. He conocido oficiales y suboficiales de cuya capacidad y honestidad no dudo. En las horas terribles de septiembre del 73 más de uno de ellos, en servicio activo, se comportó como ser humano conciente. Sé igualmente del humanismo y la capacidad intelectual de figuras como los generales Schneider y Prats, uno además con reconocidas aptitudes en el área de la pintura y la literatura y el otro autor de valiosos textos, entre ellos un trabajo acerca de ese extraordinario personaje que fuera Benjamín Vicuña Mackenna. Del mismo modo tenemos la percepción de la calidad humana del capitan de navío Arturo Araya Peeters, edecan naval del Presidente Allende asesinado por los golpistas el 27 de julio de 1973 o del coronel Efraín Jaña Girón que se negó a participar en crímenes y torturas tras el golpe, que fuera duramente castigado como otros en igual situación y de cuya amistad disfrutamos en el exilio. Son muchos más los nombres y en las diferentes ramas y también entre mis mejores amigos hay también uniformados. Por supuesto, ninguno de ellos fue partidario de la dictadura ni participó en los crímenes.
Pero ninguna de estas consideraciones puede llevar a traicionar o negar la historia real de Chile y el tristísimo papel que en general han desempeñado los institutos armados, ni a despreciar la astucia, o ignorancia, servidumbre, temor o simple estupidez de quienes les adulan con los más diversos pretextos. En la mayoría de los casos para mantenerlos a su servicio.
Es el caso que el pasado mes de septiembre encontrándonos una tarde en Montevideo junto a unos amigos uruguayos sintonizamos el canal de la TV estatal chilena con la intención de estar al día en las noticias, olvidando que era el día 19 y que a esa hora un interminable desfile militar ocupaba el parque O´Higgins de la capital. Antes de cambiar la sintonía, durante unos minutos escuchamos al locutor que describía la marcha de los uniformados, no sólo del ejército sino de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.
El libreto que se leía sin duda contribuyó a esos vergonzosos minutos porque en pleno gobierno democrático se dijeron cosas como “ ahí van nuestros gallardos soldados, allí marchan los custodios de la seguridad del país…. ” y otros calificativos igualmente inaceptables, falsos, a la luz de la historia de nuestro país.
Porque en rigor, ¿de qué glorias del ejército hablamos? ¿de haber favorecido el siglo XIX los intereses de las empresas inglesas y de inescrupulosos empresarios chilenos, incluída una familia de esquilmadores, para ocupar por la fuerza territorios salitreros de otras naciones desatando una guerra fratricida en beneficio de intereses imperiales?
¿O quizás se considere “gloriosas” las masacres perpetradas por militares, carabineros y otras ramas de las FFAA a lo largo de nuestra historia, incluso en gobiernos “democráticos”?
Sólo a modo de refrescar la memoria de eventuales olvidadizos, recordemos, entre otras, las matanzas de Lo Cañas, en Santiago en 1891, o la de 1905, también Santiago a propósito del problema de la carne, o la de la plaza Colón en Antofagasta en 1906, o la de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, o la de Punta Arenas en la federación obrera en 1920, o la de San Gregorio en Antofagasta en 1921, o la de la Coruña en Tarapacá en 1925, o la de Ranquil en Malleco en 1934, o la del Seguro Obrero en Santiago en 1938, o la de la plaza Bulnes en la capital en 1946 o de la población José María Caro también en Santiago en 1962, o la de El Salvador en el norte en 1966, o la de Puerto Montt en 1969.
¿O considerarán “glorioso” el terrible genocidio que se ha dado en llamar “la pacificación de la Araucanía” en pleno siglo XIX y que significó la horrible matanza contra el pueblo mapuche y la usurpación de sus tierras por grupos de terratenientes? Tampoco debemos olvidar la actuación represiva e ilícita de militares y policía uniformada durante las dictaduras de Carlos Ibáñez en los años 30 del siglo pasado o de Gabriel González Videla en los años 50.
Sin siquiera referirse al genocidio desatado durante 15 años por uniformados de todas las ramas, incluído carabineros, tras el golpe de septiembre de 1973 evocando tan sólo la ejecución masiva de trabajadores en Laja y San Rosendo el 18 de septiembre de ese año.
Todo lo cual por cierto no tiene nada de “glorioso” y ubica a estas instituciones más bien como entidades al servicio de los intereses de las clases dominantes y de las potencias hegemónicas en el continente ; es decir contrarias a la verdadera seguridad nacional, contrarias a los intereses del pueblo.
Entre sus funciones, por ejemplo, no debe estar la de instalar y administrar hoteles, como hoy sucede. Todavía más, continúan usufructando – y para ocultos gastos “reservados” – del 10% de las ventas brutas del Cobre en un país en que se dice que faltan recursos para llevar adelante las importantes reformas que impulsa el presente gobierno. Como si fuera poco, todos los ciudadanos y ciudadanas hemos sido testigos en los últimos años de las escandalosas malversaciones y robos perpetrados por connotados jerarcas uniformados del más alto nivel lo que da cuenta además de peligrosos niveles de corrupción y de ilícitos penales.
Lo dicho además es sólo parte de la sombría situación a lo que corresponde agregar la falta de políticas concretas del Estado de Chile en los sucesivos gobiernos democráticos. No se conoce de propuestas reales y concretas y no basta sólo la constatación. Es preciso asumir la realidad y enfrentarla con medidas que apunten claramente hacia la democratización real de las fuerzas armadas, cuerpo de carabineros, policía y gendarmería. Como, por ejemplo, la revisión de sus planes de estudio, o del acceso a sus escuelas, del costo de matrículas y uniformes, para impedir de una vez que los altos mandos de determinadas ramas de las FFAA provengan sólo de los sectores aristocráticos de la población y que sea impensable que un auténtico hijo del pueblo pueda soñar con llegar a esos niveles. En fin, hacer que los institutos armados sean partícipes reales y permanentes de las políticas de desarrollo del país, sin sujección a doctrinas foráneas ni cursos manejados por potencias extranjeras.
Sólo entonces podrá acercarse a la realidad el repudiable libreto de quien desde el canal estatal relataba el desfile castrense de septiembre tan sólo un día después del día 18, que además es el mal llamado “aniversario de la independencia” ; en efecto recordemos que en rigor esa fecha sólo recuerda la primera Junta de Gobierno que reconoció explícitamente el dominio de la Monarquia española. La independencia del país se logró años más tarde. Pero esa fecha no se conmemora en nuestro curioso país.
¿No será hora de corregir errores de fondo?