“Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”, reza el acápite 1, del artículo 27 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Asimismo, el artículo 20 señala que “los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”.
Chile ratificó este tratado el 14 de agosto de 1990. Los convenios internacionales ratificados por el Parlamento pasan a ser ley de la República.
Sin embargo, la situación en el Servicio Nacional de Menores (Sename) es crítica, según sus funcionarios. En los centros de privación de libertad se teme que cualquier día pueda producirse otra víctima fatal. Por ello, los trabajadores han redoblado sus movilizaciones en diferentes lugares de la Región Metropolitana y en provincias, como la toma del Centro de Internación Provisoria (CIP) de San Joaquín, (la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil llamó eufemísticamente así a las prisiones provisorias, y ‘centros cerrados’ a las cárceles donde menores cumplen condenas).
Hernán Olivi, tesorero de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (Antrase), señaló que el CIP de San Joaquín tiene 270 jóvenes, pero la capacidad máxima es de 230. Allí se encuentran adolescentes imputados de cometer delitos y que esperan fallo de la justicia.
Sus precarias condiciones de vida provocan violencia hacia los educadores de trato directo (ETD). Estos funcionarios son quienes están en contacto directo con los menores imputados o condenados por delitos como homicidios, asaltos a mano armada, robos con intimidación, violaciones, entre otros.
HACINAMIENTO
Los ETD son una mezcla de custodios y educadores. La ley 20.084, de Responsabilidad Penal Juvenil, promulgada el 28 de noviembre de 2005, impide que Gendarmería permanezca en el interior. Sólo custodian el perímetro para impedir fugas e ingresan a restablecer el orden cuando se generan incidentes. Es lo que sucede en el CIP de San Joaquín, que fue campo de concentración durante la dictadura: Tres y Cuatro Alamos.
“Le rajaron la cabeza a nuestro compañero Marcial Molina. También le sucedió a Gonzalo Artigas, a quien le pegaron con un palo en el cráneo”, se queja el dirigente Olivi. Los pabellones o unidades de los centros de reclusión del Sename son llamados “casas”. “Normalmente en una casa deben haber cuatro educadores pero en algunas solo hay uno, producto de licencias médicas de funcionarios heridos, con estrés o depresiones. Quienes están enfermos no son repuestos”, puntualiza el dirigente. “Así como van las cosas se puede producir una catástrofe de seguridad para los jóvenes y funcionarios. Tenemos miedo que algún muchacho o un funcionario muera. Esto es una bomba de tiempo”, enfatiza.
NIÑOS VULNERADOS
Otro dirigente del Sename, Yuri Contreras, dijo a PF que en San Joaquín hay jóvenes que permanecen allí hasta 18 meses: no pueden egresar hasta que exista sentencia ejecutoriada. Lo más extremo de la miseria del país se refleja en estos niños vulnerados en sus derechos, muchos de los cuales terminan delinquiendo, reproduciendo un círculo infernal de violencia social.
La muerte de Lisette Villa, de 12 años, en el centro Galvarino, develó la desidia del Estado en la administración y entrega de recursos para el funcionamiento del Sename, como también de los hogares de acogida, a cargo de instituciones privadas subvencionadas por el Estado. Ninguno de los gobiernos, desde la dictadura hasta ahora, ha implementado una política eficaz de protección y rehabilitación de menores.
Esta situación desencadenó la acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, liderada por el diputado independiente, (hasta hace poco militante democratacristiano), René Saffirio. También la responsabilizó del “incumplimiento de un conjunto de normas internacionales suscritas por Chile y que dicen relación con la forma cómo el Estado de Chile debe abordar la temática de la infancia y de los adolescentes, particularmente los más vulnerables y, específicamente aquellos que se encuentran bajo la tutela del Estado. Han ocurrido episodios dramáticos. Sólo en 2015 hemos detectado 123 fallecimientos”, puntualizó el legislador.
Según la ley, los niños, niñas y adolescentes que ingresan al Sename lo hacen por orden judicial cuando se comprueba abandono, maltrato, violencia y abusos sexuales, como fue caso de Lisette Villa, o por comisión de graves ilícitos. Son familias sumidas en la extrema pobreza. Los niños son sacados de ese medio, pero ingresan a otra miseria: las redes del Sename, con graves insuficiencias materiales, carencia de profesionales y funcionarios para atenderlos.
REINSERCION EN EL PAPEL
“La precariedad del servicio la hemos denunciado desde hace más de 25 años en comisiones investigadoras del Congreso, y también a las autoridades de turno”, señala Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse).
En la lógica de ahorro, el Estado redujo su intervención directa y traspasó a entidades privadas labores que debieran ser propias. Algunas ex autoridades, como Delia del Gatto, después de dirigir el Sename se dedicaron a crear y administrar hogares de este tipo.
Frente al problema de la delincuencia juvenil, el ex presidente Lagos promulgó la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. En su mensaje al Congreso indicó que “las más recientes tendencias y recomendaciones de organizaciones internacionales señalan que para prevenir el aumento de la delincuencia de los adolescentes es conveniente combinar un sistema que responsabilice a los adolescentes por los actos delictivos a través de sanciones adecuadas y proporcionales a los hechos y un amplio marco de políticas sociales que impida toda confusión entre protección de derechos y sanción de actos delictivos”. Pero en la práctica quedó en el papel, al no aportar el Estado recursos suficientes.
En la Región Metropolitana las cárceles para menores están en Til-Til y San Bernardo. La situación de hacinamiento es muy grave. En el CIP de Limache un profesor recibió tres puñaladas hace poco.
Víctor Martínez, presidente de Afuse, Provincial Maipo, profesor de química, trabaja hace veinte años en el Centro de Régimen Cerrado de San Bernardo y conoce bien el tema del hacinamiento, después de la puesta en práctica de la ley 20.084.
En San Bernardo están recluidos jóvenes entre 16 y 24 años. Los mayores están allí porque cometieron delitos siendo menores y cumplieron 18 años privados de libertad. Siguen allí hasta el término de sus condenas o cuando obtienen beneficios que les permiten libertad vigilada. A Víctor Martínez le ha tocado ver la muerte de seis jóvenes en varios motines. “Tenemos problemas de todo tipo -añade-, desde lo estructural del edificio, problemas de personal, técnicos y de seguridad. No es fácil estar dentro sin resguardo porque Gendarmería está afuera. Siempre hay riesgo latente en la conducta de los jóvenes hacia los educadores. Las agresiones físicas provienen de jóvenes descompensados emocionalmente”, asegura.
Lovely Araneda, es profesora de artes, dirige el taller de cerámica en San Bernardo. Es secretaria provincial de Afuse. En una oportunidad tuvo que impedir que un joven se suicidara. “Estaba en mi taller, atrás hay un pasillo que ingresa a un pabellón. Sabía que este joven estaba inquieto, había levantado algunas alertas. De pronto escuché un sonido extraño y salí a mirar. Abrí la puerta y vi al joven colgando del cuello en el pasillo. Corrí para sostenerlo y grité para que los chiquillos que estaban conmigo me ayudaran a socorrerlo”.
CON LA SANGRE SE VA EL DOLOR
“Estamos tan acostumbrados a que estas cosas ocurran, que el hecho que un joven salga vivo o que no haya tenido un percance de salud, es un buen día. Los jóvenes están angustiados, porque quieren salir en libertad”, agrega Lovely Araneda.
En otra ocasión ella fue retenida mientras un grupo de muchachos se cortaban el cuerpo. “Cerraron la puerta y se empezaron a cortar entre varios. Una ve cómo corre la sangre. Esa vez cerraron la puerta que se abría desde dentro. Desde afuera nadie me podía ayudar: ellos lo sabían y trancaron la cerradura. Afortunadamente un chiquillo con el que yo tenía un buen vínculo, me abrió. Emocionalmente es un desgaste trabajar con jóvenes tan angustiados, con tanta tristeza, frustraciones y enojos con todo”, puntualiza. “En una oportunidad pregunté a un joven por qué se cortaba. Respondió que así se le iba el dolor”.
No hay centros ni personal para una eficaz rehabilitación. Pero a un costado del centro de San Bernardo hay una construcción del Sename que nunca se ha usado desde hace años.
NIÑOS DE 14 AÑOS
CON ADULTOS DE 27
Los limitados recursos hacen ver el panorama con pesimismo a los profesionales del Sename. A pesar de la abnegación con que casi todos trabajan. En los centros cerrados conviven adolescentes con adultos de hasta 27 años. “El joven que llega a cumplir condena viene de una familia multiproblemática; ha pasado por la vulneración de sus derechos: ha participado de la red del Sename; generalmente ha sido víctima de violencia”, relató una sicóloga. “Los muchachos consumen drogas: pasta base y pastillas estimulantes y sedantes. Algunas las muelen e inhalan. Lo más en boga es la pasta base, la cocaína, clonazepam y marihuana. Los fármacos los adquieren en ferias libres y los compran también a narcotraficantes”, agrega esa sicóloga.
En San Bernardo las casas están categorizadas por perfil de complejidad criminógeno, la 1 es de menor perfil, la 2 de mediano, la 3 mediano alto y la 4 de alto perfil. “Aquí hay chiquillos que incluso han pasado por cárceles de adultos”, dice la profesional. En cada pabellón hay comedores y dormitorios diferenciados, pero la rutina es compartida. En la casa 1 hay mayores y menores de edad. La mayor cantidad de delitos corresponde a robos con violencia o con intimidación.
A los centros cerrados de menores llegan los jóvenes con cierta experiencia delictual a relacionarse con primerizos. Así, se permite que se perpetúe la escuela del delito en los centros del Sename, contradiciendo las recomendaciones de los organismos internacionales. “Eso complejiza más la atención y tratamiento, porque obviamente no es lo mismo tratar un chiquillo que comete por primera vez un delito, que el que ya pasó por una cárcel de adultos”, precisa la profesional.
“Realizamos también un trabajo con la familia, lo cual es bastante difícil. Hay muchos que no reciben visitas o éstas son escasas. Muchas familias no quieren participar en estos procesos, no quieren exponerse y decir que en ocasiones delinquen o consumen drogas. Hay familias que vienen drogadas o alcoholizadas a ver a los chiquillos”, expuso.
“Muchos son niños de 14 años. Si bien son violentos, tienen características de niños. Una de mis críticas al sistema es que no contamos con redes institucionales formales. Es insólito que el Sename no tenga convenios con organismos capacitadores tanto públicos como privados, escuelas, institutos profesionales, universidades”, explica la sicóloga. El resultado es que el trabajo de los profesionales sólo permite que solo un 3 a 5% de los menores no vuelvan a delinquir.
CARLOS ANTONIO VERGARA
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 861, 30 de septiembre 2016.