Después de la emotiva ceremonia de la firma del Tratado de Paz, que tuvo lugar el 26 de septiembre en la Ciudad de Cartagena de Indias, se va consolidar dicho Tratado en un plebiscito nacional, a realizarse el domingo 2 de octubre, por medio del cual los ciudadanos de ese país podrán refrendarlo o bien, rechazarlo.
La mayoría de las encuestas previas al plebiscito indican que más del 50% de los electores votarían por el SÍ a la Paz, sin embargo, más de un tercio de los encuestados apoya el NO, tendencia liderada por el aliado del paramilitarismo, ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, amigo personal de Sebastián Piñera.
Álvaro Uribe es un individuo que tiene a su haber un nutrido prontuario penal, pero escuda en el fuero por su calidad de senador, y entre sus delitos se cuenta el haber sido aliado del jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, y de los paramilitares. Durante sus dos períodos en el gobierno se produjo el asesinato aleve de campesinos y de personas marginadas, denominado “falsos positivos”: se pagaba a los militares un precio en dinero por cada víctima que presentaban, bajo la acusación falsa de pertenecer a los grupos guerrilleros. Además de estos atroces delitos, en su gobierno la corrupción alcanzó cumbres inéditas, salpicando a ministros y políticos de su partido.
En el plebiscito del próximo domingo se juega el todo o nada para la Paz, y no existe ningún plan B: de triunfar el NO, hipótesis remota, se volvería atrás y, tal vez, hasta recomenzaría la guerra. Uribe ya plantea dejar sin efecto lo acordado en La Habana y ratificado recientemente en Cartagena, y plantear nuevos términos del Tratado que, es seguro, Las FARC-EP rechazarían de plano.
El Tratado cuenta con todo el apoyo de los mandatarios de América Latina y de la Unión Europea, incluso del Departamento de Estado de Estados Unidos, lista a la cual hay que agregar la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la OEA, UNASUR, entre otras instituciones, por consiguiente, un hipotético triunfo del NO en el plebiscito sería para el país y los ciudadanos colombianos.
El camino de la paz, como se ha dado en casi todas las transiciones, no estará exento de dificultades: en Argentina, por ejemplo, fue posible gracias al derrumbe de la Junta Militar y la guerra de Las Malvinas; en Chile aún continúa la impunidad y el desconocimiento del destino de los detenidos desaparecidos; en Guatemala y El Salvador los Acuerdos de Paz entre las distintas guerrillas y las oligarquías locales muestran muchas deficiencias; en Sudáfrica fue necesaria la instalación de una Comisión de la Verdad, pero aún se da la impunidad frente a los crímenes del Apartheid.
En el caso de Colombia será necesario una reforma de la casi totalidad del articulado de la Constitución de 1991, a fin de permitir que una justicia especial se encargue de juzgar a los desarmados guerrilleros, sin que haya vestigios de impunidad respecto de crímenes de lesa humanidad.
La reparación a las víctimas es un problema de gran envergadura que deberá enfrentar el gobierno actual y sus sucesores, y es un asunto que le concierne a toda la sociedad colombiana.
Cincuenta y dos años de guerra, además de un siglo de lucha entre liberales y conservadores han desbastado el campo colombiano, en que la clase política se desentendía, mientras se mataban los pobres de ambos bandos.
En Colombia aún no se ha realizado una verdadera reforma agraria, manteniéndose incólume el latifundio y el minifundio: los gamonales dominan pueblos, aldeas y veredas.
Uno de los conflictos más agudos es el de los desplazados, que abandonaron sus tierras para instalarse en barrios marginales en cada una de las grandes ciudades del país.
En conclusión, de llegar a feliz término el proceso de paz, Colombia se convertiría en una gran potencia a nivel latinoamericano: tiene acceso a ambos océanos – Atlántico y Pacífico – con el desafío de desarrollo de la Costa Pacífica, postergada por los gobiernos colombianos que han privilegiado el Caribe; por otra parte, se ampliaría la extensión del territorio al incorporar las tierras que estaban en manos de la guerrilla; se fortalecería la agricultura – Colombia, al tener todos los climas, tiene una agricultura muy diversificada y no depende sólo del café, por ejemplo -; el crecimiento actual de Colombia es del 4% – a pesar de la guerra – y los más posible es que pueda duplicar su PIB; además de la agricultura, cuenta con variados minerales, incluso el petróleo.
Aún falta a ELN al Tratado de Paz y ya existe la disposición de ambas partes para su realización
Lograr la paz en Colombia no es una tarea fácil, pues la memoria histórica, desafortunadamente, juega en contra de este proceso: se han dado varios intentos de acuerdo entre distintos gobiernos del país y las guerrillas, entre ellos el encabezado por Belisario Betancourt, en los 80 del siglo pasado, que terminó con las masacres perpetradas por grupos fácticos de ultra derecha – paramilitares – que veían con terror el éxito político-electoral de la Unión Patriótica – agrupación de izquierda que incluía a los guerrilleros acogidos al acuerdo de paz, y al Partido Comunista, entre otros -; a los miles de dirigentes populares asesinados se suman dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, además de ocho parlamentarios, sesenta concejales, once alcaldes y tres mil militantes de la UP. En este mismo contexto se produjo el asalto al Palacio de Justicia, ocupado por los guerrilleros del M-19, por parte del ejército, con responsabilidad por parte del gobierno de Betancourt.
En 1999, el Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, se propuso reiniciar la búsqueda de acuerdo con las FARC, en esa época dirigida por su líder histórico, Manuel Marulanda Vélez “Tirofijo”. Durante un tiempo se acordó una zona de distensión, ubicada en San Vicente del Caguán, que estaría bajo el mando de las FARC, pero finalmente Pastrana canceló toda posibilidad de diálogo aduciendo que no existían las garantías para continuar las conversaciones sobre el tratado de paz.
En el año 2002 fue elegido Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, un servil aliado de Estados Unidos, con fuertes vínculos con los paramilitares y narcotraficantes, especialmente del Cartel de Medellín. Uribe implementó, durante sus dos gobiernos consecutivos, la política de “Seguridad Democrática”, cuyo objetivo central consistía en derrotar militarmente a las FARC, obligándolas a una rendición incondicional que los llevara a la firma de paz, impuesta por el gobierno con la pistola en la mesa.
Este Presidente ultraderechista no estaba dispuesto al canje humanitario de prisioneros, por consiguiente intentó, en repetidas oportunidades, el asalto para liberar a los secuestrados por la guerrilla provocando, en algunos casos, la muerte de rehenes.
El gobierno de Uribe se caracterizó por sus relaciones directas con los paramilitares y la implementación del “Plan Colombia”, que consistía en el apoyo del gobierno norteamericano, so pretexto de la lucha contra la droga para aniquilar militarmente a las FARC. Al fin del segundo gobierno de Uribe se descubrieron varias tramas de corrupción y, sobre todo, flagrantes abusos contra los derechos humanos, entre ellos el caso de los llamados “falsos positivos”, en que pagaban cien dólares a los militares por cada supuesto guerrillero asesinado que, en su mayoría eran pobladores y campesinos marginales.
La implementación de la hoja de ruta acordada entre el Gobierno y las FARC, que comenzó a discutirse en Oslo (Noruega) y que, posteriormente, a partir de 2012 pasó a La Habana, plantea serios desafíos: en primer lugar, el tema de la justicia, que exige un tipo de tribunales especiales para juzgar las actuaciones de los guerrilleros reinsertados; en segundo lugar, la reparación por parte del Estado a las víctimas de una guerra, que ha durado más de medio siglo; en tercer lugar, el poner fin a la existencia de grupos paramilitares que, generalmente, están directamente relacionados con el narcotráfico; en cuarto lugar, la no repetición de las derrotas de los procesos de paz por parte de grupos fácticos, es decir, evitar que vuelvan a ocurrir las matanzas ocurridas en los procesos de paz, durante los gobiernos de Betancourt y Pastrana; en quinto lugar, llegar a un acuerdo en la forma de ratificación del pacto de paz: las FARC plantea la convocatoria a una Asamblea Constituyente que pueda redefinir las reglas democráticas de convivencia; por su parte, el Gobierno propone un plebiscito que resuelva sobre lo pactado.
Hasta ahora se ha llegado al establecimiento de un camino que permita el desarme de las milicias de las FARC – suman alrededor de 30.000 efectivos – determinando 22 zonas veredales (pequeñas aldeas) transitorias de normalización, además de ocho campamentos donde actuarán expertos internacionales. Este proceso comenzará a implementarse, 150 días después de firmado del Acuerdo de paz. Las armas entregadas a Naciones Unidas serán utilización para construcción de tres monumentos a la paz, ubicados en sendas ciudades del territorio colombiano.
El Presidente Juan Manuel Santos plantea como posible fecha para firmar este trascendental Acuerdo, el 20 de Julio próxima, día de la Independencia de Colombia.
El proceso de paz, aunque se ha avanzado bastante, no va a carecer de dificultades, pues el paramilitarismo aún es poderoso en el país, en consecuencia, no se excluyen acciones violentas de estos grupos fuera de la ley en contra de campesino y guerrilleros recién insertados. A su vez, el uribismo, muy descontento con el Acuerdo de paz, no dejará de agitar la bandera del anti comunismo, acusando al Presidente Santos de haber entregado el país al “castro-chavismo”.
Para la oligarquía colombiana es muy difícil aceptar un acuerdo de paz donde han jugado un papel fundamental los gobiernos de Raúl Castro y de Chávez y Maduro, sin embargo, por ahora, tienen pocos argumentos para combatir al gobierno, que ha dado un paso audaz y fundamental y que, por lo demás, expresa la necesidad de poner fin a una guerra que no ha hecho otra cosa que desangrar a Colombia.
El fanatismo de la ultraderecha, expresado en el uribismo, desde ya desarrolla algunos argumentos, (la falsedad del desarme por parte de las FARC y la justicia especial), para agitar y promover el rechazo al Acuerdo de paz en sectores de las capas medias colombianas (fachos pobres), que han sido hábilmente manipulados por una oligarquía para la cual la guerra y, sobre todo, un anticomunismo primaria, no deja de ser un buen negocio para seguir enriqueciéndose.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
28 09 2016