El diputado Leonardo Soto (PS), presidente de la Comisión Investigadora unida de las pensiones millonarias en Dipreca y Capredena, se refirió a las eventuales irregularidades para abultar jubilaciones en dichos sistemas previsionales especiales.
Lo anterior, luego de que se diera a conocer un informe que el parlamentario pidió a Capredena, que detectó 36 pensiones de civiles por sobre el límite legal fijado por Contraloría (60UF), donde entre otros casos figura la cuñada de Juan Emilio Cheyre, María Verónica Forestier Ebensperger, con una pensión de $ 3 millones, y la hermana del general (R) Alfredo Ewing, Patricia Fátima Ewing Pinochet, con $ 4,8 millones.
“Llaman profundamente la atención los montos de estas pensiones, que se entreguen a civiles que no cumplían funciones estratégicas para institutos armados y la vinculación de algunas de esas personas con altas cúpulas del Ejército. Sin duda, es una arista que debe formar parte de la investigación que desarrollaremos para establecer si hubo algún tipo de influencia indebida para configurar esas pensiones de privilegio”, señaló el parlamentario.
Asimismo, el legislador ratificó que la información recibida contempla solo a funcionarios civiles de Capredena, por lo que las abultadas pensiones detectadas “parecen ser la punta del iceberg, pues el universo de casos que se entregó es en extremo acotado, estando pendiente conocer los montos del personal militar y civil de todas las ramas de las FFAA”.
En relación a los casos particulares de los familiares de los citados ex generales, el legislador socialista indicó sobre Forestier que “según los registros públicos consultados se desempeñó como kinesióloga con un sueldo base de solo 88 mil pesos, por lo que resulta curioso que llegara a obtener una pensión de jubilación mensual y vitalicia sobre los 3 millones, sin ninguna función ‘estratégica’ que la justificara”.
Asimismo, en el caso de Ewing, ex vicepresidenta ejecutiva de Capredena, “se trata de la máxima autoridad de la época, encargada y responsable del correcto funcionamiento de este sistema especial de pensiones para las FFAA, por lo que sin duda se debe investigar por qué obtuvo una jubilación casi 3 veces superior al tope establecido por la ley y los dictámenes de Contraloría”.
“Con todo esto queda de manifiesto que no existe ninguna razón para concentrar la investigación solo en Gendarmería, como lo pedían algunos parlamentarios de la oposición. Por el contrario, creemos que se deben investigar los abusos e irregularidades en todo el sistema, en todas sus instituciones, y proponer sanciones severas para los responsables”, concluyó.