El asesinato en Panduro, Bolivia, del Vice Ministro Rodolfo Illanes refleja claramente los extremos a los cuales es capaz de llegar la coalición destituyente formada por el imperialismo norteamericano, como indudable “director de orquesta” acompañada por la oligarquía tradicional y las diversas fracciones de la burguesía como “segundos violines”, para seguir con la metáfora sinfónica, y el desafinado y heterogéneo coro integrado por ciertos segmentos de las capas medias, la pequeña burguesía y algunos sectores de las clases y capas populares de la ciudad y el campo.
La metodología ha sido ensayada y puesta en práctica en numerosas ocasiones. Básicamente consiste en promover mediante una sostenida campaña de desinformación y manipulación la irritación de grupos o categorías sociales de raigambre popular especialmente sensibles bien sea a los resultados de ciertas políticas puntuales que desarrolle un gobierno –caso de los camioneros en el Chile de Allende- o, como ocurre en la actualidad en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, a los efectos de políticas globales que impacten negativamente sobre el conjunto de la población, muy especialmente los más pobres.
En no pocos casos se combinan ambas tácticas: en Chile el desabastecimiento planificado de ciertos productos se combinó con la virulenta reacción de los camioneros y, desgraciadamente, con los mineros en la mina de cobre El Teniente, nacionalizada por Allende y que se declararon en huelga indefinida por mayores salarios (duró 74 días, siendo el cobre “el sueldo de Chile”, como decía el presidente chileno). Poco después un violento y confuso enfrentamiento con los mineros en Santiago deja un saldo de un minero muerto y más de medio centenar de heridos. Como resultó evidente poco después, la siniestra mano de la CIA estaba metida en todas estas operaciones que terminaron con el derrocamiento de Allende y el baño de sangre que enlutara a ese país.
Por eso el infame asesinato del Vice Ministro Illanes debe ser puesto bajo esta perspectiva. La conversión de cooperativistas en pequeños empresarios mineros que están promoviendo la privatización de facto de los recursos minerales de Bolivia es un dato insoslayable. Si bien las políticas del gobierno de Evo Morales favorecieron a este sector cooperativo minero, la sanción en Agosto de este año de Ley General de Cooperativas Mineras los predispuso en su contra. Lo que aparentemente fue el foco del conflicto era la norma que autoriza la sindicalización de los trabajadores empleados por los cooperativistas.
El modelo “Walmart” de prohibición de la sindicalización en dicha empresa parece haber calado hondo en los cooperativistas. En su radical intransigencia estos además extendieron el diferendo con el gobierno y constituyeron una coalición que agrupa a cooperativas de otros sectores fuera de la minería. El resultado: de las 10 demandas iniciales se pasó a un pliego de peticiones de 24 puntos, acompañado por una huelga por tiempo indefinido. Entre aquellos sobresale el rechazo a la Ley de Minería y Metalurgia que impide que las empresas privadas inviertan en las concesiones de los cooperativistas. Como lo señala Katu Arkonada en un análisis reciente, “los cooperativistas tienen firmados al menos 31 contratos con empresas privadas, algunas de ellas trasnacionales, siendo una de ellas la Comsur de Sánchez de Losada.”[1] Las quejas contra las estrictas regulaciones ambientales impuestas por el gobierno boliviano también son parte del reclamo de los cooperativistas lo mismo que la exigencia de que se los beneficie con precios preferenciales para su consumo de energía.
Ante la magnitud de estas demandas el gobierno de Evo Morales mantuvo abiertos todos los canales del diálogo y la negociación, dentro de un límite infranqueable: preservar el imperio de la Constitución, que no podía ser puesto en cuestión por el accionar de un conjunto de actores de sospechosa intransigencia.
Hay numerosas razones para pensar que hubo alguien que tensó el conflicto cuando las negociaciones entre gobierno y cooperativistas estaban encaminadas. Una falsa orden de aprehensión de dirigentes cooperativistas provocó el paso a la clandestinidad de su dirigencia y la intensificación de los bloqueos. Un par de días después, el 24 de agosto, se produjo el asesinato de dos mineros cooperativistas durante los bloqueos sin poder precisarse, hasta ahora, los eventuales autores de los disparos.[2] Lo que sigue es historia conocida, con otro minero muerto y el linchamiento de Illanes.
La larga experiencia latinoamericana en este tipo de situaciones no exige demasiado esfuerzo de imaginación para comprender lo sucedido. Tal como lo relata John Perkins en su conocido libro y lo ratifican los manuales de Eugene Sharp incidentes como los que estamos analizando forman parte de los SOP, “Standard Operating Procedures” de los agentes del imperio. [3]
Los medios de comunicación, por supuesto, cumplieron una función importantísima al fogonear el conflicto, tal como El Mercurio y el Canal 13 de la Universidad Católica lo hicieron en el caso de Chile. En Bolivia se hicieron cómplices de una falsedad informativa que fue divulgada irresponsablemente para escalar el conflicto, intensificar los bloqueos y enfurecer a los cooperativistas. Luego de los trágicos sucesos de Panduro la prensa hegemónica acentuó su labor destituyente afirmando que fue la intransigencia del gobierno el causante de la muerte de los cooperativistas y del Vice Ministro Illanes.
No sería descabellado pensar que los traumáticos acontecimientos de agosto producirán una redefinición en el arco de alianzas del gobierno y la oposición. Los beneficios otorgados a los cooperativistas ya habían provocado el malestar de múltiples movimientos sociales que no están de acuerdo con que se les mantengan sus privilegios. En dependencia del avance de las investigaciones no sería improbable que buena parte de la dirigencia cooperativa involucrada en estos luctuosos sucesos fuese desplazada. Es evidente que el problema está mucho más en la dirigencia del cooperativismo minero que en su base, sometida a presiones y chantajes por aquella y obligada a actuar como masa de maniobra en bloqueos y otras iniciativas violentas de franco carácter destituyente.
De lo anterior se desprende que el gobierno de Evo Morales se enfrenta a un nuevo desafío. Para salir airoso del mismo deberá actuar con serenidad y firmeza; la primera, para no caer en provocaciones cuya frecuencia y gravedad seguramente irán en aumento a medida que Bolivia se aproxime al crucial año 2019, donde se pondrá en juego la continuidad del proceso de cambios iniciado bajo el liderazgo del Presidente Evo Morales. Provocaciones y trampas facilitadas por un entorno geopolítico que no podría ser más desfavorable: gobiernos de derecha radical en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Perú; iniciativa norteamericana de reforzar “el control del narcotráfico” en la frontera Norte de la Argentina, con una eventual base militar de Estados Unisoa en la lindera provincia de Jujuy destinada a monitorear tan cerca como fuese posible el irresistible imán, para Washington, del litio boliviano; militarización de la frontera chileno-boliviana y ejercicios conjuntos entre las fuerzas armadas de ambos países y la belicosidad de la cancillería chilena auguran tiempos difíciles para el gobierno de los movimientos sociales.
Serenidad, entonces, para responder con la frialdad cerebral de un ajedrecista pero también decíamos firmeza. Si algo se puede aprender de la actual tragedia brasileña es que la política de apaciguamiento y concesiones de los enemigos del proceso lejos de atenuar su beligerancia sólo alimentan su resentimiento y su afán de venganza. Convalidar con la pasividad oficial el crimen perpetrado por los cooperativistas sería una actitud suicida. Con la ley en la mano el gobierno debe castigar ejemplarmente a sus responsables materiales e intelectuales.
Para concluir: Bolivia ha hecho inmensos progresos bajo el gobierno de Evo Morales y una adecuada combinación de serenidad y firmeza le permitirá superar los desafíos actuales y también romper el cerco regional constituido por gobiernos de muy frágil legitimidad y cuya duración, especialmente en el caso de Brasil y, en cierta menor medida, Argentina, está en duda. En el pasado el gobierno de los movimientos sociales sorteó con éxito numerosos retos. No hay razón ahora para pensar que ahora la historia podría ser diferente.
-*Dr. Atilio A. Boron,director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (PLED), Buenos Aires, Argentina. Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013.