Poco antes de renunciar, el ex ministro del Interior Jorge Burgos golpeó la autonomía del Programa de Derechos Humanos que funciona en esa cartera. Burgos removió al abogado jefe del área jurídica, Rodrigo Lledó Vásquez. Lo hizo después de infructuosos intentos para que el Programa no siguiera adelante en su intención de pedir la formalización judicial del general (r) Juan Emilio Cheyre Espinosa, ex comandante en jefe del ejército, por su participación en los crímenes de la Caravana de la Muerte en La Serena.
Rodrigo Lledó rechazó las presiones del Ejecutivo alegando la autonomía en materia procesal del Programa de Derechos Humanos. Antes de dejar su puesto, solicitó al juez Mario Carroza, ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, el procesamiento de Cheyre, en calidad de encubridor de homicidios y secuestros calificados. La solicitud contó con el respaldo y firmas del equipo de abogados del Programa, y, como se sabe, fue acogida por Carroza que decretó la detención de Cheyre y otros ex oficiales del Regimiento Arica de La Serena.
Rodrigo Lledó, abogado graduado en la Universidad de Chile, master en derecho público y constitucional, y doctor en derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, se encuentra cesante pero seguro de haber cumplido su deber.
¿Qué se pudo hacer mientras trabajó en el Programa de Derechos Humanos?
“Que las causas avanzaran lo más posible. Trabajé en el Programa desde junio de 2014 hasta junio de 2016. Entre otros logros, está el desafuero y procesamiento del diputado Rosauro Martínez por el caso Neltume; el procesamiento del ex alcalde Cristián Labbé por la causa Tejas Verdes; el procesamiento de quien llegó a ser número dos del ejército, el general (r) Santiago Sinclair, por el caso Caravana de la Muerte en Valdivia; también logramos procesar a varias personas en el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri. El último logro que tuvimos fue el procesamiento de Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinosa. Pero hicimos mucho más. Lo anterior es lo más conocido. Lo menos mediático pero importante fue precisar el concepto de crimen contra la humanidad.
Hoy existe consenso en la jurisprudencia de que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles e inamnistiables. Pero estaba en discusión qué es lo que se entiende por crimen contra la humanidad. Logramos revertir varias situaciones, beneficiando a víctimas que no son conocidas. Lo otro fue una serie de procesados en el caso de Víctor Jara. Logramos responsabilizar a todos los oficiales presentes en el Estadio Chile, aplicando una doctrina que en materia de derecho penal está muy afianzada: responsabilidad por omisión.
Hicimos mucho pero quedó mucho por hacer. El Programa de Derechos Humanos tiene diversas áreas: jurídica, social, de proyectos de memoriales, archivo y documentación, administración y finanzas. Tenía a mi cargo 21 abogados. Uno dedicado a asuntos civiles derivados de la desaparición o muerte: declaraciones de ausencia, problemas con bienes y herencias, reconocimientos póstumos, y los demás dedicados a la persecución penal de las violaciones de derechos humanos”.
¿Quedó conforme con el trabajo realizado?
“Sí, pero siento que quedó mucho pendiente. Me entristeció verme obligado a dejar el Programa. Quedan numerosos casos sin resolver, en los cuales trabajé mucho. Me habría gustado haber visto los frutos de ese trabajo. Espero que el trabajo sí continúe, a pesar del cambio de dirección. La causa Neruda me preocupaba especialmente, porque hay que armarla de la nada. Ni siquiera se sabe todavía si lo asesinaron. La causa estaba bastante avanzada. Las muestras están en laboratorios internacionales de primera línea, se trata de peritajes de última generación, pero el trabajo queda pendiente a la espera que las nuevas autoridades lo puedan continuar”.
DESPIDO DEL PROGRAMA
¿Le pidieron la renuncia? ¿Lo obligaron a renunciar?
“Sebastián Cabezas, secretario ejecutivo, me pidió la renuncia. Yo había empezado bajo la dirección de Francisco Ugás, en ese entonces secretario ejecutivo. Bajo su dirección no tuve ningún problema en avanzar en las causas. Los logros que ya he comentado fueron en ese periodo. Lamentablemente, Ugás renunció al Programa el 30 de septiembre de 2015. Pasamos un año sin jefatura. Llegó Sebastián Cabezas y también se produce un cambio de ministro: llega Jorge Burgos. Bajo la nueva gestión hubo mayor preocupación del ministro sobre el avance de las causas de derechos humanos. Pero hubo también, para decirlo amablemente, mayores dificultades administrativas para avanzar en el trabajo. Bajamos el ritmo. Todo tenía que consultarse en reuniones, todo había que conversarlo, y pedir permiso para cada paso. Por lo menos en los casos importantes. Se definió una lista de ‘casos de especial interés’ por parte del ministro, que eran los que atraían prensa, entre otros la Caravana de la Muerte en La Serena, donde aparecían antecedentes que involucraban a Cheyre, pero también otros, como el de Víctor Jara, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, el de Carmelo Soria, el de Eduardo Frei Montalva. Cualquier caso que pudiera tener connotación, había que mantener informado al secretario ejecutivo que a su vez informaba al ministro.
Sebastián Cabezas, al pedirme la renuncia, me dijo que a él lo han nombrado en un alto cargo en el Ministerio de Justicia y que vendrán nuevas autoridades con sus propios equipos, que mis servicios ya no eran necesarios. Mi desvinculación se produce finalmente el 30 de junio. Llegó una nueva secretaria ejecutiva: Catalina Lagos Tschorne. Pero detrás de todo esto hay lecturas, interpretaciones. Se dijo que podía estar la preocupación especial del ministro Burgos por el general Cheyre. Esa interpretación obedece a que, efectivamente, era un momento delicado. Había un escrito pendiente hacía mucho tiempo pidiendo el procesamiento de Cheyre. También se señaló que la nueva secretaria ejecutiva tenía alguna cercanía política con Cheyre. Catalina Lagos es hija de Sonia Tschorne, ex ministra de Ricardo Lagos, presidente que nombró a Cheyre como comandante en jefe. También tuvimos conocimiento, por distintas fuentes, que existieron presiones al ministro Mario Carroza para que no procesara a Cheyre…”.
CHEYRE ATRAPADO
Hay testimonios de que Cheyre estuvo presente y participó en torturas, está su participación en el caso Lejderman y otros crímenes. Antecedentes que se dieron a conocer en 2002, cuando Bachelet era ministra de Defensa…
“Sin duda, Cheyre no solo era ayudante del comandante Lapostol sino también era jefe subrogante de la Sección II del regimiento Arica. Las llamadas ‘Sección II’ eran las que se encargaban de interrogar y torturar a los detenidos. El jefe de la sección era quien dirigía esos interrogatorios… El caso Caravana de la Muerte en La Serena no es por torturas, es por ejecuciones, por homicidios calificados”.
El 24 de diciembre de 1973, en La Herradura, Coquimbo, fueron asesinados por militares Rodrigo Palma y Jimmy Christie Bossy, niños de 8 y 9 años de edad. ¿Cheyre también tiene responsabilidad en ese caso?
“ Cheyre tiene que ver en todos los casos ocurridos en la Región de Coquimbo, repito: era el jefe subrogante de la Sección II. Tenía que ver en todos los casos: en el del matrimonio argentino-mexicano Lejderman Avalos, en el caso del estudiante de la Universidad de Chile, Bernardo Cortez, y en muchos otros. Cheyre, sin duda, tuvo que tomar decisiones o informar a sus superiores para que ellos las tomaran, y él ejecutarlas a través de la cadena de mando. Es falso que sólo haya llevado papeles de un lado a otro como ayudante del comandante del regimiento. Pero tenía mando efectivo sobre todas las personas que trabajaron en la Sección II de Inteligencia… Así que, por supuesto que tiene responsabilidad. Sería muy raro, muy extraño, que él no tuviese responsabilidad. Le habrían hecho sumario por no cumplir órdenes… En todos los demás episodios de la Caravana de la Muerte están procesados, acusados o condenados por la Corte Suprema la comitiva de militares del helicóptero y los oficiales de los regimientos, en todos los casos; salvo en La Serena…”.
¿Y eso sólo porque es Juan Emilio Cheyre?
“Creo que sí… Cuando me hice cargo del Programa de Derechos Humanos y revisé esta situación, me dije: ‘No, tiene que haber un trato igual para todos’. Lo que yo hice y pedí a mis subalternos fue que aplicáramos la ley pareja para todos. Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y si la Constitución dice que en nuestro país no hay persona ni grupos privilegiados, no se puede hacer la vista gorda con nadie, ni siquiera con Juan Emilio Cheyre”.
SIGUEN LOS ASESORES
DE BURGOS
¿Qué opina del tratamiento de su destitución en los medios de comunicación?
“Cuando se produjo mi desvinculación todos los medios me buscaron para que hablara. No quise hacerlo hasta que se produjera formalmente mi desvinculación. Luego decidí no hablar hasta que no procesaran a Cheyre. Una vez que eso ocurrió, hablé, ¿y por qué? Porque al Programa de Derechos Humanos se le prohibió hablar, el gobierno dijo que hablaría y, finalmente, sacaron un comunicado pequeñito que decía algo así como ‘el gobierno respeta el principio de presunción de inocencia y el Estado de derecho’. Eso es no decir nada. Hablé entonces en CNN y TVN. Sentía que de alguna manera era responsable de ese escrito para procesar a Cheyre, y que tenía que defender lo que se había hecho. Luego no he querido dar más entrevistas, hasta ahora, con Punto Final, porque es una entrevista necesaria y diferente. Me han sorprendido algunos medios de comunicación que se han mostrado bastante independientes, ávidos de escudriñar cómo ocurrió todo en el caso Cheyre. Entiendo que a pesar de las presiones, TVN logró emitir suInforme Especial. No sé qué tanta tijera metió la edición del canal. Creo que la prensa, cuál más cuál menos, ha cumplido su rol en este caso”.
¿Qué piensa de un ministro del Interior con poder para proteger criminales?
“Ya no está el ministro Burgos. ¡Ojo, se cambió al ministro del Interior, pero los asesores son los mismos! Me parece que es una vuelta a los años 90, a la temprana transición, cuando las autoridades tenían mucho respeto, o mucho miedo en realidad, de no molestar a los poderosos. Me parecía que en 2016 eso no ocurriría. Estamos en el siglo XXI, en un Estado de derecho, donde cualquiera que tenga asuntos pendientes con la justicia tiene que responder, y con mayor razón cuando se trata de violadores de los derechos humanos. Son chilenos que fueron ejecutados siendo inocentes. Me fui del Programa con mucha pena, pero también con la frente en alto, y la conciencia limpia… Con la satisfacción del deber cumplido”
ARNALDO PEREZ GUERRA
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 858, 19 de agosto 2016.