A la espera de la decisión de la Corte Suprema se encuentra el episodio Copiapó de la Caravana de la Muerte, que a su paso por esa ciudad asesinó a 16 personas. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas de primera instancia de la ministra en visita Patricia González que impuso penas de 15 a 10 años de presidio. El fallo condenó a miembros del ejército provenientes de Santiago y a personal del regimiento de Copiapó que participó en esos crímenes.
Durante la investigación se determinó que el 16 de octubre de 1973, alrededor de las 19 horas, el general Sergio Arellano Stark llegó al regimiento Atacama de Copiapó en un helicóptero Puma, con un grupo de militares y un documento con atribuciones delegadas por Pinochet “para cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales, como también, para revisar y acelerar los procesos”.
La Caravana de la Muerte, junto a miembros del regimiento, revisó fichas y antecedentes de los presos políticos recluidos y en la cárcel de Copiapó. Los militares “en horas de la noche, apartaron a cuatro personas que se encontraban detenidas en dicha unidad militar, las hicieron subir a un camión del éjército, y con ellas se dirigieron a la cárcel pública de Copiapó, lugar desde donde sustrajeron a otras nueve personas que se encontraban privadas de libertad en dicho recinto por orden de la autoridad jurisdiccional militar” sin que conste que “haya existido alguna causa o proceso en contra de ellos”, estableció la sentencia.
AMARRADOS Y CON UNA BOLSA EN LA CABEZA
El proceso comprobó que el 17 de octubre de 1973 un capitán de ejército, Patricio Díaz Araneda, sacó a los nueve presos de la cárcel. En su confesión dijo que “comunicó al encargado que por orden de la Fiscalía Militar tenía que entregarle a esas personas”.
Ese mismo día a las 9:15 horas, fue sacado Ricardo García Posada con destino a la Fiscalía Militar de Copiapó. A las 19:20 horas con el mismo destino, sacaron a Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia.
“El grupo de militares pertenecientes al regimiento de la ciudad, transportó a los trece detenidos hacia las afueras de la ciudad, a un sector llamado Cuesta Cardone; los obligaron a descender del camión y procedieron a disparar contra ellos”, señala el dictamen. El capitán Díaz detalló que se “ataron las manos de los detenidos por la espalda y al momento de subirlos al camión se les había colocado una bolsa de saco de dormir en la cabeza”.
El vehículo conducido por Díaz se dirigió hacia el sur por la carretera 5 Norte. A unos 20 kms., y “cuando el terreno se lo permitió, se salió de la carretera y se internó en la pampa hacia el poniente, unos 200 metros”. Díaz puntualizó que el pelotón los acribilló en grupos de tres. “Por tres de los oficiales, en tanto uno aseguraba la permanencia del resto en el camión, y en el último grupo fueron cuatro los fusilados”. Díaz precisó que él fusiló a dos de los detenidos con su arma en posición de ráfaga. El capitán Ricardo Yáñez Mora calculó que “el fusilamiento debe haber concluido a las 2:00 de la mañana”.
“Cargaron los trece cuerpos en el camión, los cubrieron con una carpa y se dirigió al predio del regimiento donde permanecieron hasta las 21 horas del día 17 de octubre, cuando los trasladaron al cementerio de Copiapó”, consignó Yáñez.
CAMION MILITAR CHORREANDO SANGRE
En el proceso se interrogó al comandante del regimiento de Copiapó, Oscar Ernesto Haag Blaschke, quien dijo que realizó una reunión con Arellano Stark el 16 de octubre. Arellano ordenó fusilar a trece personas que estaban en una lista, en la que hizo unas marcas. Le dijo que dichas personas deberían ser fusiladas de inmediato, y otras tres, a la brevedad.
Haag hizo un relato escalofriante sobre uno de los miembros de la Caravana de la Muerte. Después que el camión se llevó a los trece detenidos y por orden del teniente coronel Sergio Arredondo González, debió conducir su vehículo para ir en busca del camión. A pocos kilómetros de Copiapó lo encontraron cuando “venía de regreso con los fusilados en la carrocería, tapados con una carpa y chorreando sangre”, confesó. “Se detuvieron, y Arredondo, para verificar si estaban muertos, se subió al camión, levantó la carpa que cubría los cuerpos, y los contó para constatar que eran trece”.
Leonardo Meza Meza, administrador del cementerio municipal de Copiapó dijo que el 17 de octubre llegó “en horas de la mañana un grupo de tres militares en un jeep”. Fue llevado al regimiento de Copiapó. Allí “un oficial le comunicó que llevarían trece cadáveres al cementerio, sin especificación de hora y que lo pasarían a buscar a su domicilio”. Meza ordenó al personal del cementerio que buscaran trece urnas en desuso. En la madrugada “como a las tres o cuatro de la mañana llegó una patrulla militar a buscarlo. Subió al jeep militar y se percató de un camión que transitaba también, emprendieron rumbo al cementerio ingresando por la puerta posterior y una vez en el interior, les indicó el lugar para sepultar a las personas”, expresó a la justicia.
Los militares no aceptaron enterrarlos en urnas. Agregó que “al tener los cadáveres en el suelo, le planteó al militar al mando de la patrulla, que él no podía sepultar los cuerpos sin una autorización del Registro Civil”. En pleno toque de queda fueron a buscar a su domicilio al oficial del Servicio de Identificación y Registro Civil, Víctor Monroy. Este tomó las huellas dactilares a los cadáveres.
En cierto momento -continuó Meza- intentó ir a buscar los ataúdes que había preparado junto a un uniformado. Este “estaba choqueado, le había contado que un militar habría cortado con un corvo a uno de estos detenidos, quien le pedía que no lo matara, que tenía tres hijos”.
“Fue terrible la identificación de los cadáveres, considerando que los conocía a todos, lo peor fue ver a Gamboa (Alfonso Ambrosio Gamboa Farías), a quien le faltaba casi toda la mandíbula”, manifestó Monroy.
Dijo que en sus piernas, brazos y manos presentaban muchos balazos. Algunos “estaban degollados y con heridas cortantes, todos los cuerpos acribillados con múltiples balas. Por ejemplo a Jaime Sierra le faltaba un ojo y Vincenti (Héctor Leonelo Vincenti Cartagena), profesor en el colegio de su hijo, presentaba heridas con arma blanca”, precisó.
Los restos de las trece víctimas fueron negados a sus familiares y sólo les entregaron certificados de defunción. Fueron encontrados y exhumados en julio de 1990, luego que Meza denunciara los hechos ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
SECUESTRO Y ASESINATO DE
OTROS TRES PRISIONEROS
La ministra González estableció que “en las últimas horas del día 17 de octubre de 1973, un grupo de militares perteneciente al Regimiento Atacama de la ciudad de Copiapó, se dirigieron hasta unos barracones existentes en esa unidad militar, lugar en que se mantenían, privados de libertad y en calidad de detenidos políticos, Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García Posada”. Fueron llevados “presuntamente, al mismo sector de la Cuesta Cardone, lugar desde el cual se pierden sus rastros”, expresa la magistrada.
Iván Patricio Murúa Chevesich estuvo preso con ellos. Era médico del hospital de El Salvador, a 150 kilómetros de Copiapó y militaba en el Partido Comunista y fue detenido el 11 de septiembre. Murúa señaló que cuando era interrogado en el regimiento “llegó el general Arellano que pidió expedientes, y cree que no le pasaron el suyo por nervios de la persona que estaba a cargo, y vio que Arellano hacía círculos rojos con una lápiz de mina, y agrega que escuchó que dijo ‘estos señores deberán ser eliminados’ (…) En esa oportunidad, y después que se retiró Arellano, fueron devueltos a la cárcel y permaneció en una de las dos carpas que había en el patio, y en ella también se encontraban Ricardo García y Maguindo Castillo, a quienes los sacaron del lugar”, declaró.
Respecto a Tapia, Castillo y García Posada, el administrador del cementerio municipal dijo que los cuerpos llegaron al Instituto Médico Legal de Copiapó, que se encontraba a un costado del cementerio, y fueron sepultados en el patio 16.
Arturo Araya Nieto era su ayudante. Sus funciones consistían en desvestir los cadáveres y prepararlos para la autopsia. Vio los despojos de García, Castillo y Tapia el 18 de octubre cuando llegó a cumplir con sus labores. Observó que en la mesa de autopsia había un cuerpo, y otros dos estaban en la sala contigua envueltos en sábanas blancas y al descubrir uno, vio que tenía terno azul y un impacto en el pecho.
Juan Aníbal Mendoza Gómez fue designado el 18 de septiembre de 1973 como director del Hospital de Copiapó y para labores médicas de confianza del jefe de plaza, el teniente coronel Oscar Haag. Mendoza dijo que le llegó una solicitud de autopsia para tres cadáveres. Allí estaba el oficial del Registro Civil, con quien entraron y constató que estaba el cadáver de Ricardo García Posada, de Maguindo Castillo Andrade y Benito Tapia Tapia. Tenían como tres o cuatro entradas de proyectil en el tórax. Emitió certificados de defunción colocando como causa de muerte: colapso cardio-vascular por herida a bala. Hasta ahora no se ha logrado encontrar sus restos, a pesar de varias excavaciones en el cementerio.
¿QUIENES ERAN LAS VICTIMAS?
Alfonso Ambrosio Gamboa Farías, 35 años, profesor de la Escuela Normal de Copiapó y director de Radio Atacama, militante del PS. Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez, técnico en construcciones metálicas y estudiante de ingeniería en minas de la Universidad Técnica del Estado (UTE) de Copiapó, militante del MIR. Fernando del Carmen Carvajal González, PS. Agapito del Carmen Carvajal González, 32 años, PS. Winston Dwight Cabello Bravo, 28 años, ingeniero comercial, jefe de la Oficina Regional de Planificación ODEPLAN, PS. Manuel Roberto Cortázar Hernández, 19 años, presidente del centro de alumnos del Liceo de Hombres José Antonio Carvajal, MIR. Raúl del Carmen Guardia Olivares, 23 años, funcionario público, PS. Raúl Leopoldo de Jesús Larravide López, 21 años, estudiante de ingeniería en minas y presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, Copiapó, MIR. Edwin Ricardo Mancilla Hess, 21 años, estudiante de pedagogía, presidente del centro de alumnos de la Escuela Normal de Copiapó, secretario regional del MIR. Adolfo Mario Palleras Norambuena, 26 años, comerciante, presidente de la junta de vecinos del Campamento de Pobladores Arnoldo Ríos de Copiapó, MIR. Héctor Leonelo Vincenti Cartagena, 33 años, profesor de física en la UTE de Copiapó, secretario regional del PS. Pedro Emilio Pérez Flores, 29 años, ingeniero en minas, profesor de la Escuela de Minas de la UTE de Copiapó, interventor de la planta minera Elisa de Bordo, dirigente del PS. Jaime Iván Sierra Castillo, 27 años, locutor de radio Atacama, PS. Benito Tapia Tapia, 32 años, empleado de la división Salvador de Codelco, dirigente nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre, miembro del comité central de las Juventud Socialista. Maguindo Castillo Andrade, 40 años, empleado de Codelco El Salvador, PS. Ricardo Hugo García Posada, 43 años, ingeniero civil y economista, gerente general de la división El Salvador de Codelco, militante del Partido Comunista.
MILITARES CONDENADOS
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por las ministras Dobra Lusic, Jenny Book y Viviana Toro, condenó a Sergio Arredondo González y Pedro Espinoza Bravo a 15 años y un día como autores de trece homicidios calificados y tres secuestros. A los militares Patricio Díaz Araneda, a 11 años, Ricardo Yáñez Mora, Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina, 10 años y un día. El fallo absolvió a los oficiales Edwin Herbstaedt Gálvez y Fernando Castillo Cruz.
CARLOS ANTONIO VERGARA
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 858, 19 de agosto 2016.