En los últimos días hemos vivido una intensa discusión acerca de las pensiones de los chilenos. Las pensiones que afectan a la vejez del 80% de la población, al porcentaje no poseedor de las riquezas nacionales, ya que el 20% más rico cuenta con recursos para que vivan bien varias generaciones de sus familias. Se han lanzado miles de ideas, incluso hemos tenido que aguantar las piñericosas de José Piñera, pero, en ninguno de los análisis que he leído, se profundiza en el efecto que esta situación produce en la totalidad de la economía. Me ha sorprendido, quizás he sido muy superficial al leerlos, pero tampoco se analizan los impactos de una vejez pobre en el conjunto de cualquier sociedad. Digo vejez pobre, porque la mayoría de las pensiones son inferiores al sueldo mínimo y todos sabemos que nadie puede vivir con éste.
Los pensionados, para sobrevivir, deben recibir ingresos de otras fuentes fuera de sus pensiones, sea de ahorros personales, de sus hijos o de algunos trabajitos de bajos salarios que logren conseguir. Como las pensiones de las AFP tienen límite, cuando estas terminan, el viejo afectado debe continuar con los ahorros o vivir de hijos o familiares. Como los ahorros también se acaban, especialmente en momentos en que el sistema financiero entrega escasas ganancias, la conclusión es que los viejos sin pensión deben vivir de los hijos. Los más longevos, de los nietos. Incluso el anciano que vive en la calle sobrevive a medias de la limosna de los transeúntes o de la ayuda del Hogar de Cristo y organismos similares. Es necesario “sincerar”, como les gusta decir a los políticos, que las necesidades no satisfechas del sector pasivo, se cargan sobre la población económicamente activa. Si consideramos que según encuesta de agosto 2016 del INE, sobre el segundo trimestre, casi el 60% de los ocupados del país tuvo ingresos mensuales registrados por $388.000 o menos, podemos imaginar lo que significa para ese 60% de familias tener que hacerse cargo además de sus viejos. Es imposible negar esta carga, especialmente en el caso de los sectores de menores ingresos, puesto que antes de las AFP y la mayor longevidad, ya en Chile las familias, especialmente las mujeres dentro de estas, se venían haciendo cargo de sus discapacitados, inválidos, enfermos crónicos, familiares no valentes, personas con capacidades especiales y con todas las formas de la locura. Esto, debido a que en nuestro país carecemos de hospitales siquiátricos, de hogares para enfermos e inválidos, gratuitos, o al alcance de la mayor parte de la población. Se debe además tener en cuenta que se está produciendo una transformación en la familia nuclear tendiente a transformarse en familias con Jefas de Hogar mujeres, con hijos de distintos padres, generalmente ausentes, y donde las hijas mayores, a su vez, tienen hijos sin ayuda paterna. Estas familias ahora también deberán hacerse cargo de sus viejos, que podrán colaborar en las tareas domésticas, pero igual gastarán en comer, en agua, luz y espacio físico, si no están enfermos. Entre todos los problemas que Gendarmería ha venido denunciando, desde hace muchos años, hay uno insoluble. En muchos casos, los presos con grados de locura no son recibidos por sus familias cuando cumplen sus condenas y deben permanecer en las cárceles, porque el sistema de salud no tiene donde ubicarlos.
La plata debe salir de alguna parte y hay un silencio cómplice acerca de todas las platas a las que no tenemos acceso las grandes mayorías de chilenos. Desconocemos el impacto económico de las colusiones en uno de los países más caros del mundo, a lo menos en lo que se refiere a medicamentos. No sabemos en qué se gasta la Ley Reservada del Cobre, es decir el 20% de las ventas de CODELCO que van a las FFAA. Según Mauricio Weibel en su “Milicogate”, entre 2000 y 2015, US$12.668 millones se destinaron a la compra de armamento, los que habrían podido financiar la construcción de 30 hospitales, de 100 colegios de excelencia, de todos los embalses que el país requiere, de 35.000 viviendas sociales, la habilitación de 300 farmacias populares y el financiamiento de la reforma educacional. Menos se nos ha informado del robo a mansalva realizado en las FFAA de estos recursos, de los cuales, solo entre 2008 y 2014, el cabo Juan Carlos Cruz Valverde se gastó $2.368 millones en el Casino Monticello. Tampoco los noticieros informan del comienzo del narcotráfico en Chile, del comercio ilegal de armas y otras yerbas gracias a estos pelafustanes.
Como las políticas deben ser coherentes y contemplar al conjunto de la sociedad, para alivianar las cargas, sería recomendable no realizar acciones en torno al aumento de la longevidad y legalizar la eutanasia para aquellos ancianos que no estamos dispuestos a destruir la vida de nuestros hijos o nietos con la carga que implicamos.
Las capacidades aumentan con la longevidad, por lo tanto gran parte de los pensionados puede estar completamente apta y capacitada para trabajar, pero pese a ello y las opiniones de la Señorita Edwards, no es fácil conseguir trabajo después de los 70 años e imposible después de los 80.
Tampoco podemos financiar a nuestros viejos con mayores impuestos, puesto que en Chile no se puede hablar de cobrar impuestos a los más ricos, aún cuando estos hayan hecho sus fortunas a costa de los recursos naturales no renovables o de los servicios básicos, que pertenecen a todos los chilenos. La reacción de inmediato es temible. Muchos optimistas piensan que los empleadores deberían mejorar los salarios para mejorar las pensiones, pero ya sabemos que todos sus medios de comunicación comenzarían a llorar por la economía desacelerada y el precio del cobre, como lo han hecho desde que este Gobierno anunció reformas tan básicas como el derecho a huelga, que existe en los países civilizados desde el siglo antepasado.
Además de esta oposición, que los chilenos hemos conocido en carne propia cuán cruenta puede ser, es necesario que consideremos, aunque sea mínimamente, las características que crecientemente está asumiendo la estructura del empleo en el mundo y también en Chile. No es fácil hablar de aumentos de salarios al mismo tiempo que los empleadores en los sectores productivos más importantes disminuyen puestos de trabajo por las nuevas tecnologías y precarizan el trabajo no técnico que cada vez es acreedor de menores salarios. No es posible hablar de ningún cambio en la economía sin considerar esto.
El Estado deberá hacer un esfuerzo audaz e inteligente para en primer lugar reconocer la revolución tecnológica que se está produciendo en sus narices. Deberá modernizarse para llegar a ser verdaderamente transparente, contratando al personal en la cantidad y calidad necesarias, tomando indicadores de países desarrollados que cuentan con Estados modernos y productivos, aún cuando pudiese despedir trabajadores. Para compensar eso, si así ocurriera, el Estado deberá invertir, quizás con parte de la Ley Reservada del Cobre, en todas las formas posibles de estudio y desarrollo de la innovación tecnológica.
Dados los adelantos tecnológicos que se han producido en las principales instancias del Gobierno Central que han reemplazado burocracia por comunicaciones vía Internet, perfectamente se podría disminuir la jornada de trabajo a seis horas con horarios diferidos, lo que de paso serviría para racionalizar el transporte de las principales capitales del país. Un Estado de nuevo tipo debería disminuir los cargos políticos a las dos cabezas principales más dos o cuatro asesores y desarrollar la carrera funcionaria para que los cuadros técnicos del Estado con cargos de confianza no tengan que estar buscando trabajo cada cuatro años. El presupuesto fiscal, especialmente de inversiones, debería cerrarse en junio para hacer más expedito el proceso inversionista cuyo cierre en diciembre es particularmente engorroso. Este Estado debería ser regional y des-centralizado como lo claman las regiones y la mayor parte de los chilenos que han participado hasta ahora en el proceso constituyente. Un Estado transparente y neutral, al servicio del país, puede tener una mayor capacidad de enfrentar diálogos y lograr consensos en los que se sostenga y acepte que la exclusión y pauperización de sectores de chilenos, solo lleva a que estos busquen todas las formas posibles de sobrevivir y conseguir dinero. El peso económico inmenso que recibe la población económicamente activa, las nuevas responsabilidades en el cuidado de los ancianos, la codicia de los más fuertes y sus llamados al consumo, solo son útiles para fomentar el trabajo ilegal, cada vez más generalizado en nuestro país.
El Estado debe impulsar la solidaridad y dar un lugar al adulto mayor, aunque sea sin ofrecerles recursos adicionales. De esa manera podrían disminuirse depresiones y otras enfermedades consecuencias del sedentarismo y la inutilidad. Por ejemplo, si se implementara de una vez el Ombudsman, a nivel nacional, regional y comunal, esta oficina podría conformarse por adultos mayores que ingresaran por concurso y entregaran sus servicios y experiencias a cambio de una pequeña colaboración para gastos menores. Hay cientos de adultos mayores que estarían felices de colaborar con tareas solidarias voluntarias en sus comunas, ya sea cuidando enfermos, discapacitados o niños un par de veces a la semana. Sería una forma de retribución a los más jóvenes de lo que recibimos los ancianos de ellos. De paso, desde el Estado, se comenzaría a recuperar el espíritu solidario y generoso que el neoliberalismo ha matado, pero que aún se puede recuperar.