El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, expuso, el martes 16 de agosto, ante la Comisión investigadora del cumplimiento de las destinaciones de inmuebles a las FFAA, sobre la relación entre el régimen general de bienes del Estado y las normas especiales de las ramas castrenses.
En particular, el contralor expuso ante los legisladores los alcances del dictamen sobre administración de bienes fiscales destinados al Ejército, en el cual se determinó que de acuerdo a la normativa vigente la administración de estos corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales.
En particular, el citado dictamen, del pasado 29 de abril, prohibió al Ejército la venta de un terreno fiscal de cerca de seis hectáreas en la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía, predio que estaba destinado para el uso de un batallón del Ejército. Asimismo, establecía que si dicho predio no era utilizado para los fines originalmente solicitados, correspondía su devolución al fisco.
El contralor Bermúdez precisó que se encuentra pendiente una reconsideración del dictamen, en espera de respuestas y antecedentes solicitados a algunas instituciones y que en un mes, aproximadamente, se podría adoptar la decisión definitiva sobre la materia.
Consultado sobre el marco regulatorio actual, el titular del ente fiscalizador manifestó que hoy las Fuerzas Armadas no tienen la facultad de administrar los bienes, sino solo la de adquirir o enajenar, y que para completar esa facultad sería necesaria una modificación legislativa. “Si no se hace esa modificación, entendemos que la facultad sigue estando en el Ministerio de Bienes Nacionales”, concluyó.
Por su parte, el diputado Joaquín Tuma (PPD), presidente de la Comisión Investigadora, indicó que se aclaró que las FFAA tienen la capacidad de adquirir recursos físicos, pero no la adminstración y si estos no cumplen con el destino en que, además, se asignaron bienes fiscales, tienen que devolver estos al Ministerio de Bienes Nacionales.
Añadió que además de los casos que motivaron esta investigación, en los últimos días han surgido otros hechos como, por ejemplo, la transferencia realizada por la Armada de un predio de 113 hectáreas en Talcahuano, por un monto cercano a los 400 millones de pesos, que posteriormente se vendieron en más de dos mil millones, solo algunas de estas a otro servicio público como es el Ministerio de la Vivienda.
“Las instituciones que están dentro del Estado de Chile tienen que coordinarse para desprenderse de algunos bienes que pueden servir o se han solicitado, especialmente, por ministerios como los de Vivienda , Obras Públicas o las municipalidades, para servir a fines de orden público y social”.