La cantidad de pobres creció en Argentina desde enero en el marco de una caída del consumo y aumento de precios y se ubica en 32.6 por ciento, según un informe del prestigioso Observatorio Social de la privada Universidad Católica (UCA). El trabajo, que actualiza un informe de abril, alerta sobre la necesidad de una “distribución más equitativa del ajuste” en los primeros meses del gobierno del presidente Mauricio Macri.
Según el informe, Argentina sumó 1.4 millones de pobres entre enero y mayo, por lo que unas 13 millones de personas están en la pobreza, un 32.6 por ciento de la población frente al 29 por ciento que estimaba a finales de 2015.
La tasa de indigencia, en tanto, subió de 5.3 por ciento a finales de 2015 a 6.9 por ciento en marzo pasado y afecta a 6.2 por ciento de la población, lo que revela un aumento de 350 mil personas en situación de indigencia (inferior a necesidades alimentarias) que alcanza a unas 2.3 millones, según la UCA.
El documento alerta sobre los riesgos sociales del clima recesivo de la economía en Argentina, que no solo afectan “a los más vulnerables, que dependen de la ayuda social, sino también millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajo precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales”, advierte.
Según la UCA, se trata de sectores sin protección “frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad”.
Considera que se trata “de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares que constituyen los ‘nuevos pobres’ que emergen de las medidas normalizadoras adoptadas por el gobierno”.
El trabajo advierte además sobre “los abusos” cometidos por “algunos sectores, en particular los empresarios”, y refiere al “aumento generalizado de precios antes, durante y después de la devaluación, así como incluso después del ajuste de tarifas, aún a pesar de la caída del consumo y la recesión”.
El incremento de la pobreza se produce en un contexto de alta inflación del 47 por ciento anual, miles de despidos y de fuertes alzas en las tarifas de los servicios básicos, ahora frenadas en la justicia.