En el primer semestre de 1978, en las oficinas de Odeplan y dirigidos por Roberto Kelly, un grupo de jóvenes economistas trabajó por varios meses en un plan para reformar el sistema de previsión chileno. Cuando estuvo terminado, fue difundido entre los miembros de la Junta Militar y los ministros. Hubo algunas reacciones indignadas.
En el proyecto se aumentaba la edad de jubilación, se terminaban las causales de pensión que no fueran edad o invalidez extrema y se anulaban las pensiones que hubieran sido concedidas por motivos distintos de los nuevos. Varios ministros amenazaron con renunciar si se aprobaba el plan de Kelly. Era evidente que decenas de miles de pensionados reaccionarían iracundos frente a esos cambios. La Junta decidió guardarlo.
Al promediar el año, Roberto Kelly, capitán de navío en retiro, ex ejecutivo del grupo Edwards y uno de los asesores más cercanos de Agustín Edwards, asistió al encuentro anual de la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Allí escuchó una charla de un joven que había sido el mejor alumno de su promoción y que en vez de acudir a perfeccionarse en Chicago lo hizo en Harvard. El joven afirmó que era posible alcanzar el desarrollo por medio de una economía liberal y tecnificada. Kelly quedó impresionado y lo invitó a repetir su conferencia en el edificio Diego Portales, sede del gobierno militar.
El joven conferencista era José Piñera Echenique, trabajaba como asesor personal de Manuel Cruzat, cabeza del principal grupo económico del país, y era editor del Boletín de la Colocadora Nacional de Valores, reputado informe económico que circulaba restringidamente.
Piñera repitió sus conceptos ante la Junta Militar, el gabinete en pleno y varios altos mandos de las fuerzas armadas. Varios meses después, a fines de diciembre de 1978, fue nombrado ministro del Trabajo con la misión de enfrentar la amenaza de un boicot sindical internacional y reformar el sistema previsional. Kelly, por su parte, fue designado ministro de Economía.
José Piñera debería apoyarse en Odeplan para preparar su reforma y al frente de aquella Oficina de Planificación Nacional fue puesto Miguel Kast. También fueron escogidos dos asesores directos para ayudar a Piñera: Hernán Büchi y el abogado Roberto Guerrero.
Piñera se abocó a frenar el boicot y diseñó lo que fue conocido como el Plan Laboral. Dos decretos leyes pusieron en marcha su estrategia. Se estableció la libertad de reunión de los trabajadores y la libertad de afiliación y cotización. Pocos meses después, a fines de junio de 1979, fue promulgado el Plan Laboral completo, que implicó la disolución del Código del Trabajo. En esos mismos días Piñera anunció que en los próximos meses entraría en vigencia la reforma previsional. En Odeplan, en tanto, la tarea específica de elaborar el nuevo sistema de jubilación estaba a cargo de Martín Costabal.
El Plan Laboral y la reforma previsional provocaron una fiebre neoliberal en todas las esferas del gobierno militar: se decretó la libertad de tarifas profesionales; se liberaron los controles sobre las cepas vitivinícolas; se eliminaron las trabas al crecimiento urbano; se iniciaron los primeros planes pilotos para privatizar la salud; y Corfo reinició sus privatizaciones, entre otras muchas medidas. Era el momento esperado por Piñera para plantear su teoría de “las siete modernizaciones”. Todo fue impuesto por la fuerza, sin consultar a nadie.
PUESTA EN MARCHA
DEL SISTEMA DE AFP
El 4 de noviembre de 1980, casi dos meses después del fraudulento plebiscito que le dio el título de “presidente” por ocho años y aprobó la Constitución de la dictadura militar, el general Augusto Pinochet promulgó la reforma previsional. Seis meses más tarde, el 11 de mayo de 1981, nacieron formalmente las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Desde ese instante los recursos de los trabajadores chilenos para su jubilación se traspasaron al sistema privado, específicamente a los grupos económicos, mediante licitaciones públicas. Las primeras AFP fueron:
Provida: Propiedad en un cien por ciento del grupo Cruzat-Larraín a través de las empresas CCU, Copec, Colocadora Nacional de Valores y otras. Al 30 de abril de 1984, su directorio incluía a Manuel Cruzat, Fernando Larraín, Juan Braun Lyon, Jorge Cauas y William Thayer.
Santa María: Sus accionistas principales eran el Banco de Chile y un consorcio transnacional de seguros. En la práctica, su principal dueño era el grupo BHC, encabezado por Javier Vial.
San Cristóbal: Su propiedad estaba concentrada en los bancos de Chile (28%), Santiago (13,7%), BHIF (9,7%) y Colocadora Nacional de Valores (8%), que pertenecían a los grupos de Cruzat y Vial. Porcentajes accionarios menores tenían los grupos Edwards, Errázuriz, Cueto, Luksic y Comandari. Era presidida por el ex ministro de Trabajo, Patricio Mardones.
El Libertador: En su totalidad pertenecía al grupo económico que dirigía Agustín Edwards.
Alameda: Sus grupos de control originarios fueron Cruzat-Larraín y Soza Cousiño.
Invierta: El 50 por ciento de las acciones pertenecía al Banco de Concepción y otro 40 por ciento al grupo de Francisco Javier Errázuriz, a través de distintas empresas. El 10 por ciento restante era del Banco de Fomento de Valparaíso.
Summa: Sus grupos de control eran los Matte, los Angelini y los Luksic.
Planvital: El 50 por ciento de las acciones pertenecía al Banco de Concepción y la otra mitad al grupo Errázuriz.
Concordia: Pertenecía al grupo económico que controlaba la Financiera Ciga. Accionistas minoritarios eran el Banco Austral, Rubén Cruz Ponce, Hernán Dávila Echaurren y el grupo Errázuriz.
Cuprum: Perteneciente a los supervisores del cobre.
Magister: Propiedad del Colegio de Profesores de Chile A.G. y a otras instituciones gremiales.
Habitat: Su principal accionista era la Sociedad de Inversiones y Servicios La Construcción S.A., vinculada a la Cámara de la Construcción. Otros accionistas eran algunas empresas constructoras y Modesto Collados, ex ministro de la Vivienda del presidente Eduardo Frei Montalva y de la dictadura militar.
CAMBIAN LAS REGLAS
Al llegar la primavera de 1984 las AFP ya habían acumulado fondos por más de 1.300 millones de dólares y las consecuencias del terremoto financiero de 1983, que afectó principalmente a los bancos y a los grupos económicos, llevó a la dictadura y a los civiles neoliberales que la apoyaban a modificar las normas regulatorias de la inversión de los fondos previsionales. Un equipo encabezado por Juan Ariztía Matte, superintendente de AFP, se abocó a elaborar rápidamente un cuerpo legal que autorizaba a invertir parte de los fondos para jubilación en acciones de empresas del Estado y luego, a partir de 1986, en empresas privadas. Ariztía, “Chicago boys”, quien estuvo en ese cargo entre 1980 y 1989, es el padre de Rafael Ariztía Correa, un joven ingeniero civil industrial de la UC que se formó en los negocios en Bancard, al lado de Sebastián Piñera y que en 2011 fue convocado por éste a La Moneda a encabezar una nueva Unidad de Modernización del Estado. Ariztía Correa formó parte de los “Piñera boys” junto a Nicolás Noguera, Juan Luis Rivera y Santiago Valdés, y le tocó coordinar dos de los principales proyectos de Piñera: Mapocho navegable y el Parque Tantauco. En 2009, Ariztía dejó Bancard para ser gerente de finanzas de Celfin. Sin embargo, el destino lo volvió a unir con Piñera: desde su puesto, le tocó monitorear el fideicomiso ciego que el ex mandatario realizó en medio de la campaña presidencial.
Así, en 1985 las AFP empezaron a invertir en las empresas que estaba licitando Corfo y que pasaron rápidamente a las manos de los principales grupos económicos.
En los años y décadas siguientes la propiedad de las AFP fue cambiando y concentrándose progresivamente. Hoy, son seis las que detentan el control total:
Capital: Propiedad del grupo transnacional SURA.
Cuprum: Pertenece a Principal Financial Group, sociedad anónima listada en la New York Stock Exchange de EE.UU., líder global en administración de inversiones, ahorro y pensiones que administra activos por más de 519 mil millones de dólares. Tiene más de 19 millones de clientes y unos 15 mil empleados con presencia en 18 países.
Habitat: La Cámara Chilena de la Construcción controla más del 67 por ciento de la propiedad a través de Inversiones La Construcción Ltda. e Inversiones Previsionales Dos S.A.
Modelo: Es controlada por Inversiones Atlántico Ltda., propiedad de Andrés Navarro Heussler y su familia.
PlanVital: Pertenece a Asesoría e Inversiones Los Olmos S.A., sociedad anónima chilena controlada por la sociedad de Islas Vírgenes Británicas Atacama Investments Ltd., la que directa e indirectamente tiene el 100% de la primera y es, a su vez, controlada por la sociedad italiana Assicurrazioni Generali SpA.
Provida: Es propiedad de la transnacional de seguros MetLife, con presencia en 45 países y posiciones de liderazgo en Estados Unidos, Japón, América Latina, Europa, Asia y Oriente Medio.
PILAR DE LOS GRUPOS
Durante más de tres décadas las AFP han sido un pilar fundamental de los grupos económicos chilenos. Datos recopilados por la Fundación Sol indican que 4,35 billones de pesos -unos 6.000 millones de dólares- están invertidos en siete empresas del grupo Luksic, 3 billones de pesos -unos 4.500 millones de dólares- en sociedades del grupo Matte y otros 2 billones en el BCI. A junio de 2016, las AFP tenían una inversión en empresas nacionales superior a los 65.000 millones de dólares y más de 45.000 millones de dólares en sociedades extranjeras. Sólo en los diez principales bancos chilenos habían colocado más de 31 mil millones de dólares.
Las AFP eligen a unos 60 integrantes de los directorios de las principales empresas del país donde tienen importantes paquetes accionarios. El periodista Daniel Matamala, en su libro Poderoso caballero, da cuenta de algunos de esos porcentajes de propiedad: Cencosud (16,55%), Colbún (17,63%), Endesa (15,33%), Enersis (12,69%) CMPC (11,58%).
Algunas otras empresas donde han invertido son: Falabella, Ripley, La Polar, Salfacorp, Besalco, AquaChile, Cintac, Banmedica, CAP, CCU, Sonda, Banco de Chile, Copec, Madeco, Viña Concha y Toro, Compañía Chilena de Fósforos, Norte Grande, Embotelladora Andina, Forus, Masisa, Corpbanca, Iansa, Entel, SQM, Pampa Calichera, Potasios de Chile, Nitratos de Chile, Oro Blanco, Lan, Vapores y Volcán.
Los directores de las AFP en estas empresas reciben suculentos honorarios. Los dos del Banco Chile -Jorge Awad y Jaime Estévez-, por ejemplo, reciben más de 15 millones de pesos al mes.
El periodista Matamala también publicó una lista de ex ministros y funcionarios de la dictadura que han ocupado sillones en los directores de las AFP. Ellos son Alfonso Márquez de la Plata, Jorge Cauas, Miguel Schweitzer, Alvaro Bardón, Fernando Léniz, Jorge Prado, Sergio de Castro, Miguel Angel Poduje, Luis Larraín, Guillermo Arthur, Martín Costabal y Alvaro Donoso.
Pero no sólo el régimen militar les ha proporcionado ejecutivos. También lo ha hecho la Concertación desde los años 90. Entre ellos figuran Jaime Estévez, Julio Bustamante, Jorge Marshall, Osvaldo Puccio, Hugo Lavados, María Eugenia Wagner, José Antonio Viera-Gallo y Ximena Rincón, actual ministra del Trabajo y Previsión Social,
MANUEL SALAZAR SALVO
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 857, 5 de agosto 2016.