Diciembre 5, 2024

Se legisla y se gobierna sólo para el 5% de la población

… al resto (16 millones de habitantes) se le aplica el máximo de sanciones que contemplan esas leyes paridas por la cofradía duopólica, ya que ellas jamás protegerán a la mayoría de la sociedad porque no fueron diseñadas para esos efectos.  

 

 

La actual situación de la justicia chilena me hizo recordar la frase que –siendo estudiante de Historia en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile-  atesoré cuando tuve que leer “El discurso de los muertos” que pronunció el ateniense Pericles, en el siglo V antes de Cristo, con ocasión del sepelio de decenas de jóvenes caídos en la guerra contra Esparta.

“Nuestros enemigos nos atacan (a Atenas, la magnífica polis) porque no comprenden el profundo sentido de nuestra forma de gobierno. No han podido absorber su esencia, pues les ha sido imposible entender que la democracia es nuestro mejor sistema, ya que ante la ley y ante el estado todos los atenienses somos iguales en nuestras diferencias particulares”.

Reitero lo esencial. Ante la ley y ante el estado todos somos iguales en nuestras diferencias particulares. Creo que nunca he leído una mejor definición de “Democracia” que aquella explicitada por el líder del Colegio de Estrategas de Atenas hace dos mil quinientos años. Ni siquiera la “Lex” romana se aproximó lo suficiente a tamaña belleza que nos heredó el líder ateniense. No importa cuáles sean las diferencias económicas, culturales y sociales habidas entre Fulano y Mengano, pues la democracia (la verdadera)  asegura a ambos un trato igualitario ante el estado y ante la ley. ¿Ocurre así en el Chile actual, en nuestro país que se halla al parecer en eterna transición hacia quién sabe dónde?

El caso Caravana de la Muerte, que se encuentra en pleno desarrollo procesal y que durante unas horas tuvo en la cuerera al ex general Juan Emilio Cheyre, destapó una situación que no por haber estado desde hace décadas en boca de medio Chile signifique ser menos relevante en la actualidad. Socialmente, hay un cáncer silencioso que avanza con paso firme hacia la metástasis sin que el paciente –el país, en este caso- se percate de cuán grave es su estado.

El causante de la enfermedad se llama “duopolio binominal neoliberal”, y el cáncer que desprende puede observarse sin dificultad en los tres poderes del estado, particularmente en la acción que ellos desarrollan en materias de justicia. Ante la ley, los chilenos no somos iguales porque el estado así lo establece en la fría realidad. Hay una justicia clasista que aplica sus sanciones más duras a la “gente de a pie”, mientras –ante similares ilícitos- abre de par en par las puertas de la permisividad a quienes son dueños de grandes medios de producción, o a aquellos que tienen mando directo sobre el conjunto de tropas uniformadas.

Cualquier defensa en contrario se cae a pedazos abatida por los fríos hechos. Es verdad que la mentira tiene patas cortas y prontamente es desenmascarada por la ciudadanía; como también es cierto que a la casta política, que cohabita en el mando de la nación desde 1990 a la fecha, poco le importa ser descubierta en tales delitos. Sin embargo, más allá de la larga lengua que poseen los políticos para pontificarle al pueblo  sobre asuntos de bien común y sana legalidad  que ellos mismos jamás cumplen, hay un hecho que tarde o temprano comenzará a cobrarles la factura.

Cuando el descrédito de la política actual se concrete en una acción de movilización popular masiva y nacional con miras a sacar de escena a los actuales corruptos,  para los ‘dueños de la férula’ (como yo les llamo) habrá llegado el momento de tomar una decisión de enorme trascendencia; o se consolida la democracia en todo su extensión y calidad, o se apuesta por un nuevo período de totalitarismo, el cual puede derivar en el más complejo de los caos, llevándonos hacia una anarquía propia de todo desgobierno, lo que además  generaría severas dificultades a una política de exportaciones de productos agrofrutícolas, madereros y commodities, la cual, hasta hoy, constituye la base de la macroeconomía del país, y del poder que ostentan los depredadores de siempre.   

Un país supuestamente gobernado por regímenes democráticos y republicanos, no puede ni debe aceptar declaraciones (de intenciones reales) como las emitidas por el ex presidente de la república Ricardo Lagos Escobar,  en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, como el ya referido caso de la “Caravana de la Muerte” en la que Juan Emilio Cheyre, a la sazón teniente de ejército, habría tenido participación, no se sabe aun si directa o indirecta, en el asesinato de una quincena de presos políticos en la ciudad de La Serena. Sobre este delicado asunto, el señor Lagos Escobar dijo: “No es justo juzgarlo ahora (al ex general) por lo que hizo como teniente a los 25 años de edad”. ¿A los 25  años de edad Cheyre no tenía criterio formado, no sabía lo que hacía, pese a que contaba con instrucción, cargo y mando militar?

A su vez, el ex parlamentario y ex ministro, Genaro Arriagada, en entrevista con el canal de TV CNN, expresó respecto del mismo caso: “creo que Cheyre tiene un lugar en la historia, contribuyó a un cambio en las FF.AA (…) hasta los próceres hicieron cosas incorrectas (…) cuando hablamos de una persona no podemos pretender que sea mil por ciento perfecta, la vida admite matices”. ¿Asesinar o coadyuvar en asesinatos, es un ‘matiz’?

Más lejos aún que los anteriores, Jaime Ravinet, ex ministro DC durante el gobierno de Sebastián Piñera y responsable del hasta hoy inefable negocio de la venta a privados del ex aeropuerto de Los Cerrillos, se despachó una declaración que política y socialmente lo retrata de cuerpo entero como un ultra conservador con perfume a fascismo. “Para él (Cheyre) era imposible desobedecer órdenes en tiempos de guerra” (sí, leyó bien querido lector; “tiempos de guerra”, con lo cual acepta y hace suyo el argumento pinochetista de haber enfrentado un conflicto bélico contra fuerzas enemigas regulares, provenientes de Cuba, la URSS y Nicaragua).

No se detuvo allí Ravinet, pues agregó: “Hay un afán revanchista en sectores de izquierda y en parientes de las víctimas”. ¿Procurar justicia ante asesinatos de civiles inocentes y desarmados, y por ello recurrir a los tribunales, es ‘revanchismo’?

Ni Lagos, ni Arriagada ni Ravinet, así como muchos parlamentarios del duopolio, piensan de idéntica forma –perdonar porque fueron actos en ‘tiempos de guerra’- cuando se habla de otros asesinatos, como el de los escoltas de Pinochet en la emboscada que el FPMR le tendió en la ruta a San José de Maipo el año 1986. En ese caso no hay perdón posible, y por el contrario, el establishment siempre aspiró a cocinar a los responsables a fuego lento, a baño maría, en el caldero de la “justicia binominal”.

Por cierto, los tribunales –específicamente los magistrados- colaboran en esta innegable desigualdad ante la ley. Apoyados en legislaciones que mezclan justicia con intereses personales, tienden a proteger a los delincuentes de cuello y corbata, para ello exacerban sus cuidados en beneficio de quienes son o fueron poderosos, ya sea económica, militar o políticamente. “El poder judicial no permitiría jamás ser pauteado por otros poderes del estado, por prensa ni tienda política alguna”. Eso lenguajean en cortes y tribunales, sin embargo la duda razonable salta a la vista tal cual lo hace en el dicho popular: “No creo en brujos, Garay… pero de haberlos, los hay”.

Casos como PENTA, SQM, Corpesca y CAVAL dan fe de ello. Aún más, hace sólo algunos días el diario representativo del sector pinochetista y ultra neoliberal, “El Mercurio”, publicó de manera destacada una nota en la que se refería a los fiscales, señalando que ellos, a nivel nacional, estarían “sin control”. ¿Sin control de quién?  ¿Qué preocupa y molesta al llamado “decano de la prensa” nacional? ¿Qué los fiscales se atrevan a cumplir –en parte al menos- el rol para el que fueron designados, y ordenen investigar a políticos y empresarios involucrados en los escándalos que se citaron líneas atrás? ¿A quién,  o quiénes, envía El Mercurio de manera sibilina ese recado?

Dicen -en el hemiciclo legislativo y en los salones de La Moneda- que en Chile la ley es la misma para todos, pero ella no se aplica a todos de la misma forma. Aquí, los poderes fácticos y sus cipayos dependientes (los poderes del estado) asesinan una y otra vez a Clístenes y a Pericles… mientras doña Justicia aborta democracia a cada rato.

 

 

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