“Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a las víctimas de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluido los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización”.
Artículo 14: Convención Contra la Tortura.
La prensa empresarial ha tratado de hacer invisible la huelga de hambre que por más de dos meses protagonizan seis ex presos políticos en Santiago: María Briones Ríos, Carlos Valero Vargas, José Sánchez Jiménez, René Ulloa Manríquez, Orlando Vásquez Ramírez y José Ortega Espinoza.
La situación de los huelguistas es dramática pero su dignidad está intacta. La indolencia del Estado es vergonzante. Más de dos meses sin ingerir alimentos -desde el 18 de abril-, llevan los ex presos políticos que expusieron sus demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el local de Brasil 349, están los seis ex prisioneros políticos en camas en el suelo. Sus peticiones son que se abran los archivos ahora, ya que sucedería en 50 años más, para conocer a sus torturadores y obtener reparaciones dignas.
Carlos Valero, representante de los seis ayunantes, afirma que “ya no estamos preocupados de que el gobierno nos siga ignorando” y que insistirán en su protesta hasta las últimas consecuencias. Agrega: “Sea para bien o para mal, si no nos responden nos sacarán en bolsas de plástico. Nosotros estamos haciendo esta huelga por la vida y la dignidad. No queremos morir, pero hay una deuda histórica que tiene el Estado con las víctimas de prisión política y tortura”.
Afectados por cálculos renales, hipertensión, cardiopatías, descompensación y otras dolencias, no descartan iniciar una huelga seca. Si esta medida tampoco impacta a las autoridades, se sellarán la boca. Dos huelguistas han sido enviados a la Posta y han retornado a la huelga de hambre.
El vocero exterior y observador internacional ante la ONU, Patricio Rivera Millapán, señaló: “Vamos a acudir a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque dispone la reparación a las víctimas de prisión y tortura. El acuerdo no ha sido respetado porque sólo se han fijado pensiones mínimas de 170 mil pesos. Con eso la gente no logra cubrir problemas de salud y ya han fallecido así alrededor de diez mil ex prisioneros políticos”.
Cuatro ex presos políticos se sumaron en Concepción en el frontis de la catedral. Ellos son José M. Tardón, Marianela Ubilla, Gabriel Montalba y Patricio Alvarez.
Los ayunantes cuentan con el respaldo de las organizaciones de ex presos políticos de Chile y el exterior. Están disponibles a dialogar movilizados. La Coordinadora Nacional de ex Presos Políticos Salvador Allende, la preside Braulio González.
RICARDO KLAPP SANTA CRUZ
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 854, 24 de junio 2016.