El 1 de mayo de 1978 se realizó en Santiago el primer acto público contra la dictadura; no éramos muchos. Carabineros empezó a arrestar gente a punta de lumazos, los gritos de dolor se escuchaban a distancia. Los que pudimos nos refugiamos en la Iglesia de la Gratitud Nacional. Solidariamente los sacerdotes abrieron sus puertas, quienes estuvimos allí no olvidamos este gesto de la Iglesia Católica que fue perfectamente coherente con su actitud en defensa de los Derechos Humanos durante toda la dictadura militar.
Los chilenos tenemos la memoria débil y el verbo fácil.
En los primeros meses de la dictadura militar, cuando se fusilaba primero y luego se dictaba la sentencia y los muertos se amontonaban en el río Mapocho no había dónde acudir a pedir algún tipo de amparo. Había campos de concentración en todo el país. La morgue de Santiago estaba atestada .Era la brutalidad sin límites.
Ante estos hechos varias congregaciones religiosas en que estaban evangélicos, católicos e incluso judíos crearon el Comité Pro Paz que funcionaba en calle Santa Mónica en dependencias del arzobispado de Santiago. Allí se defendía legalmente a las personas en sus derechos conculcados y se llevó adelante una intensa actividad de asistencia social. Las familias pobres eran las más golpeadas.
No había abogados particulares dispuestos a defender presos políticos, desde allí salían jóvenes profesionales a enfrentar los consejos de guerra.
Miles de chilenos supieron de la solidaridad en momentos tan difíciles. Esto irritó al dictador que en 1975 le exigió al cardenal Raúl Silva Enríquez la disolución del comité. El cardenal tuvo que acatar la orden dictatorial, no era materialmente posible resistirla. Pero le dio una respuesta muy potente creando la Vicaría de la Solidaridad.
En pleno centro de Santiago, Plaza de Armas 444, se instaló el principal bastión opositor a la dictadura. Toda la prensa que no compartía los crímenes dictatoriales había sido literalmente aniquilada. Nadie informaba sobre detenciones y desapariciones. Pero desde allí salió el boletín Solidaridad, que recogía el Chile real. Abogados avalientes y acuciosos fueron mostrando judicialmente la barbarie dictatorial. El vicario de la solidaridad se transformó en la persona más odiada por el dictador, a uno de ellos Ignacio Gutiérrez se le prohibió el ingreso al país. Un funcionario José Manuel Parada fue asesinado, otro; el abogado Luis Toro escapo de fortuna de otro asesinato, el abogado Gustavo Villalobos fue a prisión bajo burda acusación. Pero la Iglesia Católica no cejó. Hay varios sacerdotes católicos asesinados por la dictadura.
Corría un chiste por aquellos años. “este está más tocado que el timbre de la Vicaria”.
Cuando el Cardenal Silva Henríquez jubiló, la mujer del dictador dijo públicamente “dios ha escuchado nuestros ruegos”.
La labor de la Vicaría se extendió por todo el país. Hasta la más modesta parroquia se puso al servicio de los Derechos Humanos.
Hoy la Vicaría no existe pero su voluminoso archivo sigue prestando valiosos servicios en los juicios contra violadores a los derechos humanos.
La Iglesia Católica, y otras también, acudieron a mitigar los dolores del pueblo chileno en su hora más difícil. Esto no puede olvidarse.
ROBERTO AVILA TOLEDO