El presidente argentino, el derechista Mauricio Macri, derogó la disposición que colocó a las Fuerzas Armadas bajo el control civil, tal como quedó establecido en 1984 por el gobierno del entonces mandatario Raúl Alfonsín resolución mantenida hasta ahora y que dejaba en manos de los políticos elegidos democráticamente las decisiones vinculadas con lo militar.
La medida publicada este miércoles en el Boletín Oficial causó fuerte impacto en diversos sectores ya que significa un gran retroceso y devuelve a las Fuerzas Armadas su autonomía, el poder de decidir sobre designaciones, ascensos, traslados y premios, en un país que estuvo desde 1955 -salvo breves períodos democráticos- bajo dictaduras militares, siendo la última (1976-1983) la que dejó 30 mil desaparecidos.
El Ministerio de Defensa, conducido por un civil quedará solo a cargo de la designación y retiros del personal militar superior y de auditores correspondientes a cada arma y el jefe del Estado Mayor Conjunto designará a los oficiales y suboficiales del Estado Mayor, a los militares retirados para funciones docentes y a los agentes civiles, a quienes autorizará sus cambios de destino, bajas, retiros, ascensos, licencias, lo que es considerado “muy grave”, más aún después de una serie de nuevas medidas de seguridad, mediante las cuales las Fuerzas Armadas pasan a tener otras misiones, en seguridad interior.
Además con la firma de acuerdos con Estados Unidos e Israel en el campo de la seguridad y el espionaje en la supuesta lucha contra el narcotráfico y el “terrorismo”, algunos de cuyos puntos aún permanecen en secreto, puede hablarse de un giro de 180 grados como se ve en política económica, social y exterior.
Según el decreto esta vuelta atrás se decidió al considerar que “resulta necesario establecer procedimientos ágiles que permitan atender las cuestiones relacionadas con la gestión del personal de las Fuerzas Armadas”.
En este marco, el juez federal Sebastián Casanello solicitó informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina Anticorrupción sobre una posible participación de Macri en otras empresas en paraísos fiscales, además de las dos offshore por las que está imputado: Fleg Trading LTD y Kagemusha, en Bahamas y Panamá.
Las nuevas sociedades sobre las que se pide información, a las que estaría vinculado el mandatario son Foxchase Trading SA; Sideco Americana SA, Owners Do Brasil Participacoes; Gresoni SA Grumafra SA, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group, y también Socma Americana SA, con las que trabaja el grupo Macri.
El magistrado envió solicitudes la la Oficina Anticorrupción para que se le envié una copia certificada de la declaración patrimonial del presidente, cuando aún era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y a la IGJ toda la información que exista sobre diversas empresas del grupo Macri, entre 1985 y 2007, sobre las relaciones comerciales de estas compañías con las cuentas offshore investigadas. Asimismo requiere a la Agencia Federal de Ingresos Públicos informar sobre ganancias y bienes personales del presidente, su padre y hermanos, entre 2012 y 2014. Hay solicitudes giradas al Banco Central, y a distintos países, entre los que figuran Panamá, Italia y Reino Unido.
Por su parte, el diputado nacional por Neuquén del Frente para la Victoria presentó una ampliación en la causa contra el mandatario ante las inconsistencias en sus declaraciones juradas lo que puede representar una violación del Código Penal, sobre omisión maliciosa.
Siguen las protestas
El escenario social no es menos preocupante. Movilizaciones, paros y protestas se extienden en todo el país, y regresaron los movimientos piqueteros (como se conoció a los desocupados que bloqueaban carreteras y calles a fines de los 90 y que fueron la imagen de la rebelión social de 2001) que realizaron el pasado lunes cortes en las principales entradas a esta capital.
Se instalaron ollas populares y hubo protestas frente la casa de la provincia de Buenos Aires ante la disminución de ayudas en momentos en que ha aumentado visiblemente la pobreza y la indigencia provocadas por las medidas económicas del gobierno.
En estas últimas horas hubo paros y movilizaciones en varias ciudades del sur del país, donde ni en las empresas, instituciones públicas, ni en las casas de familias pueden pagar el tarifazo de gas y luz que llegó con aumentos de 400 hasta mil 800 por ciento “algo nunca visto ni en países en guerra”, denuncian los vecinos que han marchado con antorchas. Un juez de la provincia de Buenos Aires también resolvió una orden de amparo contra el tarifazo y ante la cantidad de reclamos el gobierno pidió a la Corte Suprema que suspenda estos amparos, lo que se ve muy difícil
En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realiza un paro de 48 horas en la provincia de Neuquén en rechazo a la inflación, los despidos y el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Esta protesta incluye el bloqueo de camiones por los pasos fronterizos con Chile además de movilizaciones ante organismos gubernamentales.
También los petroleros de Tierra del Fuego iniciaron un paro que podría afectar la provisión de gas en el resto del país, para sumarse a las protestas que se expresará con una marcha junto a otros gremios, comerciantes y juntas vecinales. Los vecinos autoconvocados en el sur del país se plegaron a las marcha en varios lugares en lo que llamaron el frazadazo, ya que van envueltos en mantas (frazadas), para simbolizar el frío extremo en esas zonas del sur. Este jueves paran las dos Centrales de Trabajadores Argentinos a las que apoyará el sindicato bancario y otros gremios que marcharán hasta Plaza de Mayo, y también lo harán en todas las capitales del país.