Poco a poco, las huelgas y los piquetes están afectando a todos los sectores estratégicos de la economía francesa. El gobierno actualmente está echando mano de las reservas nacionales de combustible (destinadas originalmente a usarlas en casos de guerra o de catástrofes) para librar la guerra social que mantiene contra la unidad de las centrales sindicales (particularmente, contra la CGT).
Los pretextos del terrorismo de los grupos salafistas y de la amenaza de la extrema derecha para imponer un estado de emergencia han sido dejados de lado. Hollande, la prensa empresarial y la televisión muestran hoy un enfrentamiento de clase y ponen como adversario principal del presidente y de los empresarios a Felipe Martínez, secretario general de la CGT, la más fuerte de las cinco centrales sindicales que canalizan unidas las protestas.
Pero, aunque es importante la acción de estas centrales, el odio y la represión gubernamentales se concentran sobre todo contra los trabajadores de las refinerías, los portuarios que paralizan la importación de combustibles, así como los camioneros y obreros del transporte que, circulando muy lentamente, no sólo dificultan el tránsito en ciudades y carreteras, sino que también provocan un aumento del consumo del carburante, que cada día es más escaso.
Ahora, el dúo Hollande-Valls deberá hacer frente además a una huelga votada en todas las centrales nucleares que dan energía eléctrica a Francia y países vecinos, y a la falta de combustible se suma la reducción del suministro eléctrico.
Incluso en el partido socialista (según su nombre oficial, no según su política) cunden las protestas. En efecto, a la oposición de entre 30 y 40 diputados de la izquierda socialista al proyecto de ley del trabajo que está provocando las huelgas se sumó la propuesta –inmediatamente rechazada por el primer ministro Manuel Valls– de modificar el artículo segundo del texto formulado por el presidente del bloque mayoritario en la Asamblea Nacional.
Ahora bien, ese artículo condensa las intenciones de los empresarios, que el gobierno socialista
hace suyas, a pesar de la oposición de la inmensa mayoría de los franceses. En efecto, muchos talleres o pequeñas empresas ocupan pocos obreros o ni siquiera tienen presencia de los sindicatos. Por lo tanto, dar carácter legal prioritario a los acuerdos entre patrones y obreros a nivel de dichas pequeñas empresas, donde los trabajadores tienen menos fuerza, equivale a facilitar la rebaja de los salarios reales y el empeoramiento legal de las condiciones y horarios de trabajo, rompiendo la unidad que hasta ahora existe a nivel de grupo industrial, cuyo contrato nacional –impuesto con la fuerza de la organización en las grandes fábricas– es norma para los pequeños establecimientos. Además, el intento de modificar la cantidad de horas extras y su pago afecta duramente a los transportistas, cuyos horarios dependen del clima y de las condiciones de las rutas y el tránsito en Francia y en los países vecinos.
Al mismo tiempo, la situación social se tensa ante la violencia de la represión policial, no sólo contra los huelguistas, sino también contra los estudiantes y las decenas de miles de personas que siguen animando, día tras día, el movimiento Nuit Debout. La causa común –el rechazo a la ley de trabajo– y la defensa de los derechos democráticos, como el de huelga, de manifestar; la libertad de desplazarse, la de palabra, e incluso informar lo que sucede, están cimentando la unidad entre vastos contingentes estudiantiles y jóvenes y los trabajadores industriales que con tanta fuerza cambió el panorama francés en 1936 y en 1968.
En Francia, 20 por ciento en la población económicamente activa tiene empleo estatal y los obreros representan 24 por ciento. El índice de sindicalización llega sólo a 11 por ciento y la principal central sindical –la Confederación General del Trabajo– abarca sólo 2.58 por ciento de los sindicalizados; el resto se distribuye entre Force Ouvrière (socialista), Solidaires (de izquierda independiente, fuerte en el transporte urbano), Fuerza Sindical Unitaria (con gran influencia en los trabajadores de la enseñanza), la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT, socialcristiana, aliada al gobierno) y otras menores.
Dada la actual relación de fuerzas, que es cada vez más favorable a los trabajadores, quienes cuentan con el apoyo de la mayoría de la población, es probable que el gobierno sólo pueda hacer aprobar una versión modificada de esta ley El Khoumri sobre el trabajo. Puesto que los sindicatos sólo aceptan su derogación lisa y llana, la lucha seguirá durante todo este periodo anterior a las elecciones presidenciales y tendrá fuertes repercusiones políticas, ya que la derecha opositora y el FN lepenista piden al gobierno medidas de excepción, como la prohibición absoluta de toda manifestación. Ello politizará aún más el conflicto.
Es evidente que la huelga masiva puede cambiar muchas cosas. Pero por sí sola, incluso en el caso de una huelga general nacional indefinida –como pide ya la extrema izquierda–, no basta por sí misma para dar una solución política a una situación que es política y exige una salida política.
Una debilidad mayor reside en que el movimiento obrero repudia una ley reaccionaria y regresiva, pero no tiene una propuesta propia que ofrecer ni –sobre todo– una estrategia política, y aunque despliega su doble poder en las calles no pone en cuestión el poder del Estado capitalista. Otra igualmente grave consiste que ante la crisis de la Unión Europea no se dirige a los trabajadores de los países vecinos, sobre todo a los belgas, que están en una lucha similar, a los italianos –a quienes el gobierno Renzi y la capitulación de la CGIL impusieron casi sin resistencia una ley del trabajo similar al proyecto El Khoumri– y a los alemanes, que acaban de lograr, con presión, la rebaja de la edad para jubilarse, de 67 a 63 años.
Para triunfar, los huelguistas en Francia deben salir también del Hexágono francés y fijarse objetivos políticos que den perspectivas a los de Grecia, España, Italia, Inglaterra y toda la Unión Europea.