El presidente en ejercicio, Michel Temer, enfrenta a partir de ahora una prueba de fuego en Brasil. El pasado lunes se conocieron las conversaciones de Romero Jucá, su fugaz (11 días) ministro de Planificación y uno de los principales artífices del golpe parlamentario que alejó, por un plazo hasta de 180 días, a la presidenta electa Dilma Rousseff.
En esas conversaciones, Jucá, en una especie de autopsia de la conspiración, dejó claro que la iniciativa de alejar a la mandataria tenía por objetivo paralizar las investigaciones de corrupción que amenazan a varios altos dirigentes políticos. Luego de librarse de su incómodo cómplice, el interino Temer presentó su plan económico. Aunque se esperaban medidas drásticas, hubo sorpresa por el radicalismo extremo de las posturas neoliberales.
Algunos puntos exigirán cambios en la Constitución, y afectarán duramente el presupuesto destinado a salud y educación. La receta clásica –reducir drásticamente gastos públicos para reactivar la economía– fue adicionada por cambios en la ley del petróleo, por la desaparición de un fondo soberano de unos 570 millones de dólares que recibiría recursos de la explotación del pre sal (yacimientos en aguas ultraprofundas) destinados exclusivamente a la educación. También el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), considerado uno de los más grandes bancos estatales de fomento en el mundo, deberá anticipar el pago al Tesoro de unos 29 mil millones de dólares. Tanto el fin del fondo soberano como el cobro anticipado de la deuda del BNDES tienen por objetivo librar el Tesoro de la necesidad de emitir nuevos títulos de la deuda pública.
Los beneficios sociales pasan a ser desvinculados del ajuste del salario mínimo. Tampoco habrá aumentos en el crédito a la agricultura familiar y el destinado a las microempresas.
Temer quiere una enmienda a la Constitución que establezca una prohibición para que los gastos del gobierno superen la inflación del año anterior.
El nudo de todo el plan elaborado por el ministro interino de Hacienda, Henrique Meirelles, se resume principalmente en establecer un techo para el gasto público. Recursos para salud y educación, por ejemplo, previstos constitucionalmente en términos porcentuales del PIB, pasan a tener un tope menor. Es la desvinculación
de obligaciones establecidas por la Constitución.
De acuerdo con el nuevo plan, para que los gastos en salud y educación superen la inflación del año anterior será necesario que otras áreas del gobierno gasten menos de lo previsto.
Estudios del gobierno interino indican que el déficit en las cuentas públicas, clasificado como agujero
, alcance este año la marca de los 170 mil millones de reales, o sea, unos 48 mil millones de dólares. El PT y el equipo de la presidenta apartada dicen que es un cálculo exagerado
.
De todas formas, hay consenso alrededor de al menos un punto: la situación económica es catastrófica, gracias, en buena parte, al boicot impuesto en la Cámara de Diputados desde 2015, cuando Eduardo Cunha la presidía. Muchas de las medidas ahora anunciadas fueron propuestas por Dilma Rousseff y sumariamente rechazadas. La novedad es que Temer las agrupó, las incrementó, las amplió y ahora pretende aprobarlas.
Un tema especialmente sensible, el sistema de jubilaciones, no fue tratado ayer. Otros, igualmente delicados, como el que prevé cambios drásticos en las reglas de explotación del petróleo, serán presentados a debate lo más pronto posible
. Recursos destinados a programas sociales implantados por Luiz Inacio Lula da Silva y mantenidos o profundizados por Dilma Rousseff, como el de la vivienda popular, las becas para que los pobres puedan pagar estudios superiores, las destinadas a especializaciones en el exterior, los recursos para escuelas técnicas, sufrirán restricciones severas.
Lo que se deprende de lo anunciado ayer es que, en lugar de buscar ajustes en las políticas económicas y sociales vigentes, se optó por un vuelco radical. La tesis de la disminución del tamaño del Estado
, tratada por adaptación
, prevaleció sobre todas las demás.
No hubo mención alguna a alternativas que estaban en estudio, como la elevación de impuestos sobre grandes fortunas, o que se restableciera el impuesto sobre lucros y dividendos recibidos por dueños y accionistas de empresas. Tal impuesto fue eliminado en 1995, en el primer mandato de Fernando Henrique Cardoso. La regla vale para un microempresario, que ingresa mil dólares al mes, y para un accionista de grandes empresas, que ingresa cien mil. Hay un proyecto de ley del senador Lindbergh Farias, del PT, para corregir ese desequilibrio, pero está congelado en el Senado desde hace más de un año. Si fuera restablecido hoy, significaría 25 por ciento del déficit anunciado por el interino Temer.
Tampoco se mencionan cambios en el impuesto sobre herencias, que actualmente es de 4 por ciento, uno de los más bajos del mundo.
El plan de Temer tendrá que ser aprobado por dos tercios de diputados y senadores en el Congreso. La oposición al gobierno interino, es decir, el PT y los demás partidos de izquierda, prometen obstaculizarlo.
Mientras, se esperan nuevos escándalos. Temer tiene poquísimo tiempo para afianzarse al frente del gobierno nacido del golpe institucional