Desde distintas ciudades de Chile llegaron este jueves Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, junto al Diputado Hugo Gutiérrez, para manifestarse en contra de las recientes señales que entregó el Poder Judicial para favorecer la entrega del beneficio de la libertad condicional a violadores de derechos humanos que cumplen condenas en el Penal de Punta Peuco.
Se trata de los nuevos informes solicitados por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago al Servicio Médico Legal y al Municipio de Colina, de alcalde UDI, para dirimir sobre la solicitud de este beneficio de tres condenados por crímenes de lesa humanidad. La instancia judicial desestimó los informes profesionales de Gendarmería de Chile que recomendaban no otorgar el beneficio de la libertad vigilada a estos tres internos.
“Esto nos hace recordar mucho el actuar que tuvo este Poder Judicial durante los 17 años de la dictadura cívico militar, con una complicidad activa que aseguró el Terrorismo de Estado”, dijo la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, tras la audiencia que sostuvieron con el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch.
En la oportunidad le hicieron entrega de una carta dirigida el Pleno de la Corte Suprema y solicitaron que se deje sin efecto esta resolución de la Tercera Sala. Dolmestch accedió a tratar el tema en el pleno de la CS de este viernes.
Al terminar la cita, el Presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua, Héctor Marín Rosell, manifestó que “no es posible que quienes asesinan, hacen desaparecer, queman, entierran y desentierran a nuestros familiares puedan tener beneficios carcelarios; es imposible que criminales que ni siquiera han mostrado una muestra de arrepentimiento estén pidiendo beneficios”.
El diputado Hugo Gutiérrez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, expresó su preocupación porque “el fantasma de la impunidad que nuevamente recae sobre este país” y se cuestionó las bajas condenas que se han aplicado en los casos de crímenes de lesa humanidad. “¿Esa es la justicia de la que nos hablan?”, se preguntó, al hacer referencia a uno de los condenados por el asesinato de los hermanos Vergara Toledo, quien lleva sólo tres años cumpliendo pena y ya está solicitando la libertad condicional.
Los familiares, quienes luego sostuvieron una reunión con el Subsecretario de Justicia, reiteraron su demanda de que los criminales de lesa humanidad cumplan sus condenas en cárceles comunes y no en centros especiales, como es hoy día. “Llevamos 42 años en la búsqueda de la verdad y la justicia y no vamos a permitir que por un subterfugio de la ley lo que hemos luchado por tantos años hoy se borre con impunidad”, dijo Rodolfo Villarroel, Presidente de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Copiapó, quien hizo un llamado a los Tribunales a respetar el derechos internacional de los derechos humanos.
Las agrupaciones consideraron que la decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema es una definición política que hace eco de las consignas de la derecha ligada a la dictadura cívico militar. “Con la tesis de ‘éstos pobres viejitos que están sufriendo tanto’, buscan asegurarle la libertad a criminales. A mí me gustaría que mirasen un poco la historia de las víctimas, de los familiares de los desaparecidos y los ejecutados, cómo las mujeres están muriendo sin conocer la verdad, sin que se haga justicia; porque así como para estos criminales han pasado los años, para nuestros familiares también”, dijo Lorena Pizarro.
La carta al Pleno de la Corte Suprema fue firmada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago; la Agrupacion de Familiares de Ejecutados Políticos de Santiago; Agrupaciones de Familiares de detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Iquique, Copiapó, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Talca, Linares, Parral, Chillán, Osorno, Mulchén, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y Los Ángeles; la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Corporación Villa Grimaldi.