El Partido Por la Democracia (PPD) era en el 2011-2012 —y quizás lo es aún— directamente mantenido por SQM, la empresa minera de Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Pinochet. Y hasta prueba de lo contrario, todo indica que era con las platas acordadas por Patricio Contesse, el brazo derecho del potentado que se enriqueció con la privatización de empresas que pertenecían al Estado hasta 1975, que también se financiaban por completo o en parte las campañas políticas de los dirigentes como Carolina Tohá, Guido Girardi, Lagos Weber, Jaime Quintana y otros conspicuos miembros de la dirección y de la casta concertacionista.
Son estos políticos quienes deben dar hoy pruebas de buena fe, probidad y transparencia. Son ellos los que deben probarle a la ciudadanía que no han sido financiados políticamente de manera alguna por SQM ni tampoco vendido sus consciencias a Julio Ponce Lerou.
No olvidemos que estos dineros le permitían a SQM utilizar las boletas entregadas por las ONGs del PPD para evitar pagar tributos al Estado. Delito que en cualquier país democrático es severamente castigado, pues significa coludirse para defraudar al Estado.
Para financiarse, bajo la presidencia de Carolina Tohá, el PPD utilizaba la pantalla de un organismo llamado “Corporación Chile Ambiente” que giraba, sin cuestionarse acerca del alcance ético del acto, boletas truchas a SQM. Los dirigentes del partido instrumental de la transición no tenían ningún empacho en prostituir la causa ambientalista con tal de obtener dinero fácil de una empresa monopólica contaminadora y cuyos intereses se contraponen a la causa ecologista.
“A través del tesorero (del PPD) se acercaron a nosotros para ver si podíamos colaborar haciendo algunas gestiones o facilitando nuestra corporación para que el PPD pudiera recibir financiamiento para sus gastos corrientes, luz, agua, personal. En ese momento era militante y el partido estaba en momentos complicados”, declaró Patricio Rodrigo el director ejecutivo de la Corporación Chile Ambiente, un operador notorio del senador Guido Girardi, patrón del PPD. Este último, como bien sabemos, se presenta como futurólogo y ecologista de la primera hornada.
El 14 de mayo la prensa capitalina informaba que “El ex jefe de administración y finanzas del PPD, Sergio Ortega, en su testimonio ante la PDI el 16 de marzo, aseguró que por órdenes del partido, debió gestionar las facturas que entregó Chile Ambiente a Soquimich, a través de un contrato que duró desde septiembre de 2011 hasta mediados de 2012, en plena campaña alcaldicia. Adujo además que el PPD apoya a la ONG para “brindarle apoyo” al senador Girardi”.
El argumento recurrente de la casta política-empresarial, repetido majaderamente, y reproducido en los medios, es que cuando los actos corruptos ocurrieron “no había una legislación apropiada acerca del financiamiento de la política”. Es el “eufemismo” (la frasecita feliz en su sentido etimológico) utilizado para no hablar de corrupción política y del imperativo ético de políticos que dicen ser demócratas y republicanos. Entiéndase bien: probos, rigurosos y prudentes.
Sin embargo, es imposible que políticos avezados como Ricardo Lagos, Sergio Bitar y su presidente actual Jaime Quintana no estuvieran al tanto de la manera de ser financiados directamente por una empresa de propiedad de un empresario que el sentido común democrático aconseja evitar.
Política corrupta, crisis del modelo económico y crisis ecológica
Imposible no establecer conexiones en el plano de las ideas y las prácticas. Chile vive hoy una grave crisis en el plano ecológico provocada por la lógica de la explotación y la acumulación capitalista, la misma que devasta al planeta. Que no se quiera ver es un problema de pereza y deformación intelectual. Demostración palmaria es la destrucción del medio ambiente chilote y del sustento material de una comunidad con una fuerte identidad cultural.
La industria salmonera es actualmente responsable directa, pero también lo es la casta política empresarial que sigue impulsando a sabiendas un modelo de crecimiento depredador de la naturaleza —bien tendría que saberlo el mismo Girardi—consolidado por los gobiernos de la Concertación y en el cual las industrias salmoneras, las 7 pesqueras que controlan la pesca de arrastre, la minera no metálica SQM, las empresas extractivistas del holding Quiñenco de Andrónico Luksic y tantas otras, forman parte de la categoría de empresas destructoras de los ecosistemas y del tejido social de comunidades chilenas.
Cabe entonces la siguiente reflexión. Voces críticas e ingenuas se han alzado para denunciar las imbecilidades del ex ministro de Piñera, el ultra neoliberal Cristián Larroulet, que establece una falsa y demagógica correlación entre derechos sociales y bajos indicadores económicos. Empero, esas opiniones se callan y así nadie critica a Ricardo Lagos Weber cuando en entrevista en Londres, publicada el sábado pasado en El Mercurio, el presidente del Senado sigue hablando —en el contexto de la catástrofe ecológica en Chiloé— de “crecimiento” tal cual lo hace su correligionario, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés (ambos PPD) sin cuestionar el tipo de crecimiento depredador que promueve el modelo neoliberal chileno. Imposible ignorar a estas alturas que éste es la base teórica y práctica de apoyo (macro y micro) de la industria extractivista y exportadora.
El tipo de discurso de Ricardo Lagos Weber que dice “nuestras energías como gobierno tienen que estar en hacernos cargo de retomar un crecimiento más vigoroso” es tanto o más peligroso que el de Larroulet puesto que legitima y esconde el carácter o tipo de crecimiento de los Chicago boys (en cuya filiación, sin enmascararse, se sitúa Larroulet), que sigue siendo el de la Nueva Mayoría ya que exige mano de obra barata, regulación ambiental ineficiente y trabajadores sin sindicatos ni capacidad de negociar. Y cuya dinámica económica está ante nuestros ojos: redunda en la destrucción del medio ambiente y en la desarticulación social de comunidades y pueblos enteros en nombre de la “modernidad” capitalista. Los propósitos de Ricardo Lagos Weber (los mismos del establishment económico de la NM) demuestran la incapacidad de la “centro izquierda” y la DC a plantearse o imaginar siquiera un modelo alternativo al defendido abiertamente por Cristián Larroulet.