Países como Cuba, Venezuela o Bolivia coinciden en hablar de “golpe de Estado”. Otros gobiernos se expresan con cautela frente al “proceso institucional” abierto en Brasil.
El primero en salir a mostrar que “respeta el proceso institucional” en Brasil fue el Gobierno de Argentina, después de que Dilma Rousseff fuera suspendida de su presidencia. “El Gobierno argentino continuará dialogando con las autoridades constituidas a fin de seguir avanzando con el proceso de integración bilateral y regional”, sostuvo la Cancillería. Al mismo tiempo, la oposición organizó manifestaciones de “repudio” al juicio político contra Rousseff.
“En lo económico, lo vemos con mucha preocupación por el impacto sobre nuestra industria, nuestros productos, nuestro comercio”, dijo el jefe del gabinete de ministros de Argentina, Marcos Peña, en declaraciones a la televisión estatal.
El último en pronunciarse ha sido el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a través de su portavoz, Stephane Dujarric: “El secretario general llama a la calma y al diálogo entre todos los sectores de la sociedad”. “Él confía en que las autoridades del país honrarán los procesos democráticos de Brasil, adhiriendo al imperio de la ley y la Constitución”, añadió.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó por su parte de “golpe congresal y judicial” a lo sucedido en Brasil. El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) declaró desde Estados Unidos a EFE: “Esto marca claramente el principio del fin del proyecto del Socialismo de siglo XXI, que era el proyecto de una pandilla de socios listos que se apoyaban políticamente con la chequera venezolana, con el PT en Brasil y con los Kirchner en Argentina”.