Como se preveía a la luz de los acontecimientos de los últimos días, el senado brasileño aprobó por 55 contra 22 votos el inicio del juicio político contra la Presidenta Dilma Rousseff, el cual debe ser analizado desde distintas aristas:
La primera arista se refiere a la relación entre un juicio político y el régimen presidencial. En el caso del parlamentarismo y del semipresidencialismo basta con la censura para poner fin a un gobierno – no faltan hoy los ciudadanos españoles que quisieran un juicio político ´a la manera latinoamericana´ y estadounidense para enviar a la justicia a Mariano Rajoy, jefe del partido político más corrupto de Europa, el PP -; el problema de la incapacidad del presidencialismo para enfrentar las crisis políticas sigue siendo un temas fundamental, pues en varios casos, entre ellos el de Brasil en que el conflicto no se limita sólo a una crisis de gobernabilidad, sino que se extiende a todo el sistema político.
La segunda arista dice relación con que la derecha brasilera no se repone aún de la derrota en la última elección presidencial (2014), razón por la cual busca nuevas vías – entre ellas, y quizás la más importante, el golpe parlamentario contra el gobierno legítimamente elegido – pues por la salida electoral parece casi imposible, máxime si se presenta Inácio Lula da Silva para las de 2018.
La tercera arista es el alto nivel de corrupción de la mayoría de integrantes de la casta política y empresarial brasilera – más del 70% de los diputados y senadores han sido imputados por la justicia por la mezcla entre la política y los negocios <incluso, Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, suspendido recientemente por la justicia por corrupción, fue el principal impulsor del inicio y desarrollo del juicio político contra la Presidenta Rouseff> – que están utilizando instancias formalmente constitucionales para esconder el grado de podredumbre al cual han llegado. En el fondo, a mi modo de ver, la corrupción es consubstancial a la democracia bancaria, cuyo supuesto fundamental es la sumisión de la actividad política al empresariado financiero y mercantil.
La cuarta arista se refiere a la grave crisis económica que enfrenta Brasil: en pocos años la octava economía del mundo ha sido golpeada por una recesión, con índices negativos menos del 3%, además de una alta inflación, situación que ha puesto en peligro los enormes avances en políticas sociales llevadas a cabo por los Presidentes Lula y Rousseff y el Partido de los Trabajadores.
La quinta arista está marcada por la campaña de los medios de comunicación – casi en su totalidad en manos de la derecha financiera y empresarial – que han jugado un rol fundamental en la campaña de desprestigio al gobierno del Partido de los Trabajadores.
Una vez aprobado el inicio del impeachment, el vicepresidente, Michel Temer, deberá asumir la jefatura del gobierno durante seis meses, como está consignado en la Constitución. Este período será decisivo en la política brasilera, pues Temer, seguramente, intentará implementar una política regresiva, al gusto del empresariado y de la derecha, a fin de revertir los avances de los sucesivos gobiernos progresistas del PT y, además, preparar el terreno para la instalación de un gobierno de derecha.
Inácio Lula Da Silva tomará el mando de una campaña popular para defender los avances en materia social y, a la vez, denunciar la escasa fundamentación jurídica de este juicio político. Estos seis meses serán decisivos para retomar el protagonismo del Partido de los Trabajadores, como también emprender la renovación de una izquierda que estaba perdiendo, en forma creciente, su inserción en los movimientos sociales y, de esta manera, recuperar la confianza y los horizontes de esperanza.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
12/05/2016