La Plataforma Chile mejor Sin TPP, que agrupa a más de cien organizaciones sociales de distintos ámbitos a lo largo de todo el país, convocó a una nueva jornada de movilización en contra del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), para este próximo lunes 9 de mayo en la ciudad de Santiago.
Transcurridos ya más tres meses desde que los 12 países que forman parte de este tratado estamparan su firma en el texto final del acuerdo, el pasado 04 de febrero en la ciudad de Auckland, Nueva Zelandia, denuncian como un hecho en extremo grave que el gobierno aún no entregue estudios que avalen sus supuestos beneficios, como se ha comprometido, así como un informe dando cuenta de los impactos del TPP en los derechos humanos, como le fuera planteado por el Consejo del INDH al director de DIRECON.
Estos informes resultan fundamentales ahora que el tratado debe ser ingresado al Congreso Nacional para su evaluación y tramitación legislativa, algo que contrasta con la amplia información disponible sobre los efectos del acuerdo en aspectos tan sensibles como el acceso a la salud de las personas, la soberanía alimentaria, derechos de internet, entre otros. En un momento de crisis institucional y falta de confianza de la ciudadanía en sus instituciones pretender que el Congreso apruebe el Acuerdo Transpacífico TPP sin información previa, transparencia ni participación ciudadana constituye un grave error.
La Plataforma ha hecho patente, a su vez, el impacto del secreto impuesto a las negociaciones del tratado y la ausencia de participación ciudadana efectiva para la democracia, así como los riesgos que para la soberanía representan los mecanismos de solución de controversias que el TPP impone, donde las empresas pueden demandar a los Estados cuando ven amenazados sus intereses de inversión.
Al respecto, son múltiples los casos que ejemplifican los costos económicos que este tipo de “tribunales” representan para economías pequeñas, como la de Chile, con el agravante de que ello lleva a una preocupante inacción de los Estados en su deber de proteger a la población, pues la mayor parte de estas denuncias son ante medidas que los gobiernos adoptan producto de la contaminación de procesos productivos de las empresas, como lo señaló el Relator Especial de la ONU sobre desechos tóxicos, Baskut Tuncak.
Asimismo, cuestionan la decisión del gobierno de no someter el TPP a consulta indígena, como obliga el Convenio 169 de la OIT ante medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar sus derechos, como es el caso de los tratados de inversión sobre sus tierras y territorios, como señala el Informe 2015 de la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.