Por cinco votos a favor y dos en contra, la Comisión Investigadora sobre fusión de las AFP Cuprum y Argentum aprobó un informe de mayoría que, en el fondo, hace suya la calificación de ilegalidad planteada por la Contraloría General de la República y pide la revisión del proceso que autorizó el negocio, de modo de declararlo nulo.
En la oportunidad se presentaron tres propuestas de informe: una de parte de los diputados DC Fuad Chahin e Iván Flores; otra de los diputados RN Nicolás Monckeberg y Leopoldo Pérez; y una tercera del presidente de la Comisión, diputado Pedro Browne (Amplitud)
Tras un amplio debate, los legisladores optaron por rechazar el informe de RN, por dos votos a favor y cinco en contra, y aprobar el texto planteado por la DC, con el agregado de dos puntos de la propuesta de Pedro Browne, quien retiró su informe.
Según explicó Iván Flores, el informe aprobado busca que la Cámara de Diputados plantee ante el Consejo de Defensa del Estado que demande ante los tribunales de justicia la nulidad de la fusión de las AFP Cuprum y Argentum. Además, se pide que los antecedentes obtenidos por la Comisión sean remitidos a la Contraloría General de la República a fin que la Superintendencia de Pensiones inicie un proceso de invalidación de estas fusiones ya autorizadas.
Adicionalmente, se solicita al Servicio de Impuestos Internos que no de lugar al beneficio del “goodwill”, ello frente al nuevo procedimiento tributario; y se le pide al Gobierno que ingrese a trámite un proyecto de ley que prohíba este tipo de fusiones o adecuaciones societarias, mientras no esté explícito el beneficio a los afiliados.
El texto también requiere al Ejecutivo que le de urgencia legislativa a un proyecto de ley que modifique los cuerpos legales que indican la fusión de administradoras de fondos de pensiones; que se redacte un proyecto de ley que sancione de manera más drástica las evasiones de impuestos hechas por estas personas jurídicas, donde se establezca una mejor frontera entre elusión y evasión; y, finalmente, que se revise la legislación para precisar la creación de nuevas AFP, a propósito de que puedan entrar nuevos actores al mercado y así generar una mejor competencia.
El diputado Flores estimó que, en una primera lectura, el informe de RN no parecía tan diferente al que apoyó el resto de la Comisión y dijo no molestarse en ahondar, en otra oportunidad, en la idea planteada por ellos de especificar claramente las atribuciones de la Contraloría, de modo que no se de pie a ningún tipo de interpretación sobre la materia.
Sin embargo, sostuvo que apoyar la postura de RN era decir en la práctica que la Contraloría interpretó de una manera y que ello no está precisado en la norma exactamente. “Nosotros creemos que no, que en este caso sí la Contraloría, sobre la base de sus atribuciones, puede perfectamente evaluar las acciones de las instituciones públicas”, sentenció.
Voto de minoría
El diputado Nicolás Monckeberg afirmó que su informe se condice con lo expresado por diversas autoridades, entre ellas el Ministro de Hacienda, el Superintendente de Pensiones actual, el Superintendente de Valores y Seguros y el director del SII, en orden a que aquí se actuó mal y se eligió un camino que no era el más apropiado para haber autorizado estas fusiones, pero que ello no necesariamente implicó una ilegalidad.
El legislador remarcó que ha quedado en evidencia que la Contraloría tiene un criterio completamente distinto al expresado por las citadas autoridades e insistió en que, después de haber recibido todos los antecedentes que llegaron a esta Comisión, quedaron con la convicción que, “si bien es cierto que se actuó mal en la forma como se autorizó esta fusión, no necesariamente ello implica una ilegalidad”.
Sostuvo que, para que la operación fuera realmente ilegal, se requeriría de una modificación legal. “Nosotros estamos diciendo que es urgente modificar las leyes para que esta situación no se vuelva a repetir”, enfatizó.
Otro punto que fue objetado en el informe de RN fue la mención realizada a la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, respecto de lo que se estimó un exceso en sus atribuciones al sugerir que no se volviera a autorizar ninguna otra operación de fusión como la materializada con Curpum-Argentum.
Cabe recordar que la Comisión tuvo el encargo de investigar el rol de la Superintendencia de Pensiones y de la Superintendencia de Valores y Seguros, así como la participación del Servicio de Impuestos Internos, en el proceso de aprobación de la fusión por absorción de las Administradoras de Fondos de Pensiones Cuprum y Argentum, ambas pertenecientes a la compañía Principal Financial Group.