Las cárceles chilenas no cumplen con el estatus mínimo, tanto en infraestructura – hacinamiento, carencia de los servicios básicos, alimentación deficitaria y de mala calidad – y lo que es más grave, la violación a los derechos humanos al convertir, prácticamente en basura a quien ha cometido errores y ha tenido la mala suerte de caer en estas pocilgas nauseabundas, sin posibilidades de preparación profesional para poder sobrevivir en libertad y reinsertarse en la sociedad.
Luis Emilio Recabarren, en un artículo en Ricos y pobres, a través de un siglo de vida republicana, retrataba la vida de los internos en las cárceles:
“El régimen carcelario es de lo peor que puede haber en este país. Yo creo no exagerar si afirmo que cada prisión es la ´escuela práctica y profesional´ más perfecta para el aprendizaje y progreso del estudio del crimen y del vicio. ¡Oh monstruosidad humana! ¡Todos los crímenes y todos los vicios se perfeccionan en las prisiones, sin que haya quién pretenda evitar este desarrollo! (…) Allí se rinde fervoroso y público culto a los vicios solitarios (…) La inversión sexual no es novedad para los reos. Los delincuentes que principian la vida del delito, encuentran en las cárceles los profesores y maestros para perfeccionar el arte de la delincuencia” (Recabarren).
En más de cien años el régimen carcelario no ha variado un ápice al descrito por Recabarren – incluso, podemos afirmar que ha empeorado -. Chile, junto a Estado Unidos, ostenta el récord mundial de personas privadas de libertad. La población penal es muy variada: el solo hecho de haber nacido pobre y, además, haber tenido parientes cercanos en las cárceles pagando alguna condena, predispone a los descendientes a caer en estas pocilgas repugnantes.
Muchos de los presos no han cometido ningún delito, o bien, de muy baja cuantía: se dio el caso, en incendio de la cárcel de San Miguel, donde fueron quemadas vivas 82 personas, en que uno de ellos estaban condenado por vender videos piratas; en las cárceles de mujeres hay muchas de ellas condenadas por micro tráfico. En este país tan inhumano se mantiene en prisión a adultos mayores, incluso de 80 años o más, cuya peligrosidad para la sociedad es prácticamente nula.
“El hombre siempre ha sido el lobo para el hombre” (Hobbes). Si se convocara a un plebiscito para reponer la pena de muerte en nuestro país, es seguro que la opción SÍ obtendría una mayoría aplastante, pues a los fachos ricos y pobres les encanta el espectáculo “circense” y brutal de que el Estado pueda cegar, por fallo judicial, la vida de un ser humano. En Estados Unidos, donde existe la pena de muerte, casi el 100% de los condenados son inmigrantes o afroamericanos. En Chile, cuando se aplicó el fusilamiento, la mayoría pertenecía a familias pobres – solo el caso del aristócrata Roberto Barceló sería una excepción -.
La medida de dejar en libertad vigilada a 1600 reos, que cumplen condiciones baste estrictas, entre ellas el haber pagado la mitad de la pena, mostrar una conducta intachable y haberse capacitado en una profesión u oficio, ha despertado la furia de los fachos, pobres y ricos, y, lo que es más grave, de la ministra de Justicia del actual gobierno. El sueño de estos “buenos y probos ciudadanos” es que todos los “pobretes” estén presos y, de esta manera, asegurar la propiedad privada, único dios de esta mierda de sociedad.
La cárcel no es ninguna solución – y menos en las condiciones de las chilenas – no es ninguna al problema de la delincuencia; por lo demás, dentro de estos recintos los malhechores se perfeccionan y, aquellos que caen por primera vez, logran una maestría.
¿Cuán es la razón por la cual no nos atrevemos a reconocer que en las cárceles en general, y en particular en las superpobladas, existen muy pocas posibilidades de implementar talleres de capacitación profesional, condenando a los internos al ocio y a la degradación de su dignidad como personas humanas? ¿Por qué no pensar otro tipo de combate del delito que no sea la cárcel? Pienso en el trabajo comunitario, en la educación permanente y, sobre todo, en fomentar la igualdad, en uno de los países más inequitativos del mundo.
Otro agravante es que la justicia sólo envía a la cárcel al pobre a quien, por el solo hecho de su condición, no se le respeta sus derechos mínimos como persona.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
03/05/2016