Noviembre 19, 2024

Comisión Mixta aprobó proyecto de reforma laboral

La Comisión Mixta convocada para resolver las discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto de reforma laboral, alcanzó este martes, con el respaldo de los parlamentarios de gobierno, un acuerdo en los diferentes puntos en disputa.

 

Así, en materia de negociación interempresa se aprobó que esta será obligatoria para las grandes y medianas empresas y voluntaria para las pequeñas y microempresas. Sin embargo, se garantiza la negociación cuando se cumple con el quorum para la formación de sindicatos.

Además, en materia de subcontratación, se estableció la prohibición de que la empresa principal pueda contratar a trabajadores de una firma contratista o subcontratista si estos se van a huelga.

En cuanto a la denominada Huelga Pacífica, la instancia acordó circunscribir como práctica desleal impedir el acceso al lugar de trabajo; y se ratificó el derecho de los sindicatos a la información.

Sobre esos puntos, el diputado Lautaro Carmona (PC) señaló que el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta responde a las expectativas de los propios trabajadores, agrupados en la CUT, y manifestó que “se dio un gran paso adelante para la ratificación” de este acuerdo y tener una nueva legislación laboral.

Remarcó que se logró poner fin al prejuicio que se intentó instalar al connotar las huelgas como pacíficas, señalando que “la huelga es un derecho que se ejerce hace mucho rato y en todas partes”.

El diputado Fuad Chahin (DC) destacó, por su parte, que se incorporaran como prácticas desleales, por un lado, “que se organicen piquetes de trabajadores en huelga para impedir que los trabajadores que no están en huelga ingresen a las dependencias de la empresa para realizar su trabajo”; y por otro lado, “que la empresa mandante contrate directa o indirectamente los trabajadores en huelga de una contratista o una subcontratista”.

Asimismo, que se alcanzara un acuerdo sobre la información que tienen que tener los sindicatos para llevar adelante una buena negociación colectiva, dando acceso a las remuneraciones de sus afiliados, lo cual permite a la organización a negociar en igualdad de condiciones con la empresa.

El diputado Osvaldo Andrade (PS), asimismo, manifestó que se cumplió el acuerdo para arribar a una mejor redacción de la reforma, pero lamentó que la oposición tenga como único argumento en esta materia recurrir a un tercero, refiriéndose así a la decisión de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

“El gobierno tiene la convicción que no hay problemas de constitucionalidad y para mi esa aclaración es satisfactoria”, sostuvo el diputado Andrade al respecto.

Además, el parlamentario respondió a las críticas a la titularidad sindical señalando que los trabajadores que no participan en la negociación del sindicato se beneficiarán igualmente con el IPC y con el acuerdo de extensión de beneficios que el sindicato alcance con la empresa.

Requerimiento ante TC

El diputado UDI e integrante de la Comisión Mixta, diputado Patricio Melero, anunció que la oposición recurrirá al Tribunal Constitucional para evitar que se consagre una ley que resultará negativa para el país. “Esta Comisión Mixta no ha servido para nada positivo, la Nueva Mayoría y el gobierno no han flexibilizado en nada sus posturas; por consiguiente, lo que vemos es una reforma que insiste en materias que no van a ser positivas para el país”.

El legislador explicó que insistirán ante el TC en relación a la titularidad sindical que, a su juicio, es un sindicalismo obligatorio encubierto. “Un trabajador que no forma parte del sindicato queda marginado de lo que se negocie, por lo que no recibe los beneficios. Esto afecta la libertad de los trabajadores”. Añadió que otro tema que esperan pueda ser revisado son las negociaciones y la forma en que se desarrollan según la realidad productiva y capacidad de la empresa.

En la misma línea, el diputado Nicolás Monckeberg (RN) dijo que se consolidó una mala reforma laboral, porque la mayoría de gobierno “decidió excluir del proyecto (…) cualquier exigencia a que el derecho a huelga se ejerza en forma pacífica”.

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