Noviembre 24, 2024

Institucionalidad

A raíz de todas las esquirlas producidas por la bomba de racimo que ha resultado la investigación SOQUIMICH (SQM), los sobornos de políticos de derecha en pro de leyes que benefician a grupos empresariales, su falta de ética al cometer ilícitos de colusión o cohecho, los escándalos de los royalties mineros que afectan al ex presidente Piñera, no puedo como ciudadano evitar sentir tristeza por nuestra patria, nuestro Chile, nuestra nación.

 

 

Definitivamente la institucionalidad en Chile está dañada y muy dañada, no sólo en lo político, sino también en lo económico.  La avaricia y ambición de algunos de los grandes poderes económicos nacionales, traspasó las fronteras a los gobernantes del país. Ya no podemos seguir escuchando: “dejen que la instituciones funcionen”, porque la institucionalidad del país ha sido transgredida. No podemos seguir oyendo, “respetemos las instituciones y el estado de derecho”, porque la república de Chile no es el respeto ciego a leyes o instituciones, sino el apego a que estas instituciones funcionen, ese es el anhelo de que cualquier ciudadano.

 

Las instituciones son mecanismos que procuran normar con justicia a una sociedad por el bienestar  común, sin diferencias ni privilegios. Las instituciones trascienden a intereses individuales. Por lo tanto, no existe estado de derecho si las leyes del país no permiten sanciones pecuniarias y de cárcel a políticos y empresarios corruptos. No existe institucionalidad nacional, si ésta no es capaz de generar las garantías necesarias que eviten los indultos o franquicias para estos crímenes de carácter mayor y que afectan a todo el país.

 

La legislación en Chile y los poderes del estado, hace tiempo han dejado de ser garantes de un estado de derecho. Vergüenza da encontrarnos con una latente y continua vulnerabilidad de los 3 poderes:

 

Ejecutivo, posibles financiamientos ilegales de campañas (Penta-SQM) o las implicancias de la investigación de cohecho por el royalty minero en contra de Pablo Longueira (UDI), donde el gobierno de Sebastián Piñera ingresó casi de manera íntegra una solicitud de Contesse (Gerente de SQM) sobre invariabilidad tributaria, que le permitiría acceder a millonarios beneficios tributarios.

 

Poder Legislativo, las implicancias del caso Penta-SQM, cuyos legisladores (principalmente UDI-RN), al parecer no distinguen entre defender su modelo económico, sino que definitivamente representan y trabajan compensados en pro de los intereses de las grandes corporaciones empresariales del país.  Tal es el caso del desaforado Jaime Orpis (UDI), y sus delitos por el caso Corpesca, otro importante conglomerado económico, como lo es el grupo Angelini.

 

El poder judicial, con casos emblemáticos donde la opinión pública queda en shock, como el atropello con causa de muerte protagonizado por el hijo de Carlos Larraín (RN) y las irregularidades del proceso: sin test de alcoholemia; falsificación de autopsia e impunidad o, la condena irrisoria de Jovino Novoa (UDI) en el caso de fraude al fisco (Penta-SQM),  donde pagó sólo el 50%  de lo defraudado con pena menor a 3 años y 1 día, lo que le permite ejercer cargos públicos y, remitida, es decir, puede cumplirla en libertad.

 

Por último, indigno resulta enterarse del insólito caso de la plaza de Armas de Buin, que aún pertenece a Cema Chile,  institución dirigida por la esposa del dictador y que no quiso aceptar una oferta del alcalde por $80 millones de pesos.  La familia Pinochet se apropió de una institución sin fines de lucro y vendió a lo largo de todo Chile (catastro todavía no terminado) para su patrimonio personal.  Han transcurrido veinticinco años del retorno a la democracia y aún el estado no ha sido capaz de abolir estas prácticas legales de robo y saqueo nacional.  Estas situaciones nos enlodan como sociedad y profundizan el debacle de la patria.

 

Son estas señales que dan los poderes, los que dejan a los ciudadanos con un sabor demasiado amargo como para seguir creyendo en la institucionalidad del país; en la honorabilidad del congreso o la tradición republicana y el apego y respeto a las instituciones.  No sabemos cuan profunda es la corrupción nacional, ni cuan anquilosada está la justicia como para seguir apegándonos o creyendo en ella. Los tres poderes de la república han sido vulnerados por la codicia y la inmoralidad.

 

Lo peor, es que la población desde hace tiempo está pidiendo mejoras sociales que dignifiquen a la ciudadanía en lo laboral, salud, educación, pensiones, equidad. Pero, lamentablemente  ya sabemos que no luchamos contra la anomia de un modelo económico, sino que nos enfrentamos a un mercado inescrupuloso y desenfrenadamente pervertido; una economía de libre pillaje, colusión y carteles, que son representados legislativamente por esbirros políticos u otros que sucumben a la tentación del dinero y que finalmente se protegen mutuamente.

 

Con la colusión de las grandes cadenas de supermercados, productores, confort, carnes, pollos, farmacias, mineras, pesqueras, detergentes, financieras y un sistema estatal que ampara, protege, subsidia estas prácticas cada vez que aplica penas en libertad, indultos, fianzas blandas o sin multas, sólo nos lleva a definir al país, sumido en una institución del crimen organizado y esa no es la tradición de la patria que imaginamos o concebimos.  Cada vez que presenciamos la corrupción política y un sistema legislativo y judicial, que les aplica sanciones indulgentes e irrisorias, nos convencemos que la institucionalidad del país está cimentada en la prevaricación.

 

No continúen separándose de la ciudadanía que aún camina libre, soñando con una patria digna y noble- no prosigan perjudicando las últimas cuotas de confianza que nos quedan, no sigan pensando en aumentar sus dietas parlamentarias o incrementar el número en ambas cámaras; no continúen sosteniendo leyes que les dan privilegios o leyes que detienen al vendedor o artista callejero y dejan libres a los grandes ladrones del país. Es tiempo de limpiar la casa, ya hemos llegado a un límite. Es tiempo de enmendar el rumbo a esa tradición republicana de la que creemos formar parte; de instituciones que velan por el bienestar común de nuestra nación.

 

 

 

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