Según el informe Panorama Social de América Latina 2015, las tasas de pobreza e indigencia medidas por ingresos se mantuvieron estables en América Latina en 2014 respecto al año anterior (situándose en 28,2% y 11,8% de la población de la región, respectivamente), y se estima que ambas se habrían incrementado en 2015. Por ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pidió proteger los avances logrados en años recientes e impedir retrocesos sociales ante un escenario de menor crecimiento económico.
En términos absolutos, el número de personas en situación de pobreza creció en alrededor de dos millones en 2014 en comparación con 2013, alcanzando los 168 millones de personas, de los cuales 70 millones estaban en la indigencia, informó la CEPAL. Según las proyecciones del organismo, en 2015 la tasa regional de pobreza habría aumentado a 29,2% de los habitantes de la región (175 millones de personas) y la tasa de indigencia a 12,4% (75 millones de personas).
El aumento de la cantidad de personas pobres constatado en 2014 se produjo básicamente entre los pobres no indigentes, y fue consecuencia de dispares resultados nacionales, elevándose en algunos países y disminuyendo en un número importante de ellos, explica el documento.
“Si queremos lograr el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que llama a poner fin a la pobreza en todas sus formas, América Latina debe generar más empleos de calidad, con derechos y protección social, cautelar el salario mínimo y proteger el gasto social, que muestra una merma en su ritmo de crecimiento”, sostuvo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
“Urge explorar nuevas fuentes y mecanismos fiscales de financiamiento que hagan sostenible la política social y los avances alcanzados en el último decenio”, enfatizó la alta funcionaria, al recordar que entre 2002 y 2012 la pobreza se redujo 15,7 puntos porcentuales.
A comienzos de los años noventa (1991-1992), el gasto social se situaba en 12,6% del producto interno bruto (PIB) de la región como promedio ponderado, aumentando a 19,5% del PIB regional en 2013-2014.
El incremento del gasto social como porcentaje del PIB (6,8 puntos porcentuales entre 1991 y 2014) obedece en primer lugar al crecimiento del gasto en seguridad social y asistencia social (3,5 puntos porcentuales), seguido de educación (1,9 puntos porcentuales) y salud (1,5 puntos porcentuales).
En esta edición del Panorama Social de América Latina, la CEPAL dedica un capítulo a analizar la transición demográfica que vive la región. Según datos incluidos en el informe, en 2023 la región pasaría de ser una “sociedad juvenil” a una “sociedad adulta joven”; en 2045 se daría inicio a la “sociedad adulta” y en 2052 se estaría frente a una “sociedad envejecida”, con importantes diferencias entre países.
De acuerdo con las estimaciones del organismo, en la mayoría de los países de América Latina el llamado bono demográfico (período en que la población en edad de trabajar es mayor que la población dependiente) seguirá vigente durante los próximos 15 años, lo que abre oportunidades de inversión en áreas como educación y salud. No obstante, la magnitud de este bono proyectado hacia 2030 es inferior a la observada en los últimos 15 años, y varios países están cerca de terminar la etapa positiva de la transición demográfica para iniciar una fase de incremento de costos producto del envejecimiento de la población.
El documento lanzado hoy analiza también la evolución de la distribución del ingreso y las persistentes desigualdades que se manifiestan en el sistema educativo y en el mercado laboral.
Entre 2002 y 2014, la gran mayoría de los países lograron mejoras en la distribución del ingreso según el coeficiente de Gini (donde 0 significa plena igualdad y 1 máxima desigualdad). El coeficiente pasó de 0,497 en 2013 a 0,491 en 2014, mientras que en 2010 era de 0,507. Pese a este descenso, en 2014 el ingreso per cápita de las personas del 10% de mayores ingresos fue 14 veces superior que el del 40% de menores ingresos.
En el estudio, la desigualdad también es medida según los resultados de escolaridad en los diferentes tramos de ingresos de la población. Así, a pesar de los importantes avances registrados en acceso y conclusión, en especial en la educación primaria y secundaria, persisten brechas significativas: mientras un 80% de los jóvenes de 20 a 24 años del quintil de mayores ingresos habían concluido la secundaria en 2013, solo 34% de las personas de igual edad del quintil de menores ingresos tuvieron el mismo logro.
Las desigualdades, plantea la CEPAL, se hacen más patentes al cruzar otras variables. Si se miden, por ejemplo, los ingresos laborales mensuales promedios según sexo, raza, etnia y años de escolaridad, se observa que los ingresos laborales medios de los hombres no indígenas ni afrodescendientes cuadriplican a los de las mujeres indígenas y duplican a los de las mujeres afrodescendientes.
Según la Comisión, el 80% de los ingresos totales de los hogares latinoamericanos provienen del trabajo. Por ello, el empleo de calidad, con derechos y protección social, “es la llave maestra para la igualdad, eje de la integración social y económica, y mecanismo fundamental de construcción de autonomía, identidad, dignidad personal y ampliación de la ciudadanía”, señala el estudio.
En el informe se revisan 58 programas públicos de inclusión laboral y productiva de 21 países de la región, que buscan ampliar las oportunidades de trabajo para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Se trata de iniciativas importantes, dice el organismo, pero su éxito depende tanto del aumento de la escala de esos programas como de su articulación con otros instrumentos de la política social, económica, productiva y de mercado de trabajo.
En toda la región, agrega la CEPAL, deben persistir los esfuerzos de promoción del trabajo decente, entre ellos, los de formalización del empleo y de las empresas, de fortalecimiento de los salarios mínimos y de acceso a la protección social, en los que se incluya la igualdad de género como objetivo transversal.
Finalmente, el estudio examina la institucionalidad para el desarrollo social existente en la región. Junto con destacar sus avances en los últimos 25 años, enfatiza la necesidad de potenciarla para mejorar la calidad de las políticas en términos de impacto, eficiencia, sostenibilidad, participación y transparencia. Aboga, asimismo, por la construcción de sistemas integrales de cuidado como un pilar fundamental de la protección social en América Latina.