El Tribunal Constitucional está ad portas de entregar su veredicto sobre el controlde constitucionalidad del proyecto de ley que “fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización” (modificaciones a la ley de partidos).
El proyecto que se discutió y votó en el frenesí legislativo de enero último, lo que menos hace es fortalecer el carácter público y democrático de los partidos.
Muchas palabras y muchas modificaciones que sirven bastante poco o nada.
En lo concreto, esta reforma lo que hace es dificultar que nazcan nuevas fuerzas políticas, grupos de independientes o movimientos sociales de carácter nacional o regionales para que puedan competir sin problemas con los actuales partidos.
¿Y cómo lo hicieron? Borraron lo que habían escrito, divulgado y aprobado al terminar con el sistema binominal en enero del 2015. Con más ingenio y agudeza que Jaime Guzmán y con idéntico desprecio por la democracia representativa, a solo un año de haber puesto término al sistema binominal, el PC, el PS, el PPD, el PR, la DC, RN y la UDI de alguna manera lo resucitaron, porque ahora al restablecer las elevadas exigencias para formar nuevos partidos, hacen que sea prácticamente imposible competirles. La Nueva Mayoría y la derecha cual cartel actúan unidos. E instauran una especie de democracia protegida, pero de sus competidores. A ellos les da exactamente lo mismo tener distritos que eligen solo dos diputados, donde siempre gana uno cada uno de los dos bloques mayoritarios, que tener distritos de 4, 5 o más diputados, si en los hechos solo pueden competir los dos bloques tradicionales.
Eliminan los partidos regionales. Ahora solo se puede constituir un partido con un mínimo de 3 regiones contiguas. Esto es muy significativo. Apuestan derechamente por el centralismo, ya que ahogan a los nuevos partidos que estaban naciendo en la Araucanía, Atacama, Magallanes, O’Higgins, Arica, Coihaique y otras regiones, donde la realidad geográfica, social, cultural y económica entre una y otra región normalmente es muy distinta y no resulta cómodo, fácil y realista aglutinar regiones. Sin duda sintieron que estaban perdiendo el control, estaba comenzando una transferencia de poder desde el centro a las regiones y no lo soportaron.
Aumentan las cantidad de afiliados para formar un nuevo partido en las regiones menos pobladas.
Mantienen la exigencia de que los nuevos afiliados de los nuevos partidos firmen ante Notario, pero facilitan a los partidos tradicionales el refichaje de los suyos sin firma ante Notario. Tienen conciencia de la pérdida de adhesión y no se atreven a que los suyos se reinscriban firmando ante Notario, pueden fracasar y desaparecer.
Para aquellos partidos que logran aglutinar regiones , cumplir con las firmas y demás trámites y que pueden llevar candidatos, les reponen la exigencia de obtener un mínimo del 5% de los votos en las elecciones parlamentarias o 4 parlamentarios elegidos en al menos dos regiones distintas. Este requisito que existía hasta el año 2015, ningún partido ajeno a la Nueva Mayoría (antes Concertación) o a la Derecha (Alianza o Coalición), lo pudo cumplir desde 1989. Ni el PC, que solo lo logró cuando se alió con la Concertación.
Resulta al menos curioso, que en menos de un año, desde el fin del binominal, donde además ha quedado al descubierto la relación oscura entre el dinero y la política, el involucramiento del poder económico en la decisiones políticas que en los hechos ha significado que se impidan las correcciones y solo se concentre y acreciente el poder en pocas manos. Donde están involucrados dirigentes y parlamentarios, los partidos en vez de sancionar a los responsables, de disminuir sus privilegios y prebendas y buscar alguna forma de redención, actúan con indolencia e hipocresía y se aferran a sus cargos, dietas y privilegios y eliminan la competencia.
Recuerdo que los senadores y diputados gozan de ciertos privilegios como el fuero en materia penal y la inviolabilidad de sus opiniones en sesiones de sala y comisión, para que no sean injustamente atacados y se coarte su libertad y tienenuna excelente dieta para que no tengan que depender de otros y así ejercer libremente su función.Entonces si los abusos de los empresarios son gravísimos y deben sancionarse severamente, los abusos de los parlamentarios y políticos, que están para defender a la gente son imperdonables, deben ser expulsados.
No contentos con cambiar la ley de partidos, en otro proyecto también ya aprobado se autorizaron transferirse desde el erario nacional más de 6.000 millones de pesos cada año, para financiar sus partidos. O sea, ahora todos financiamos al desprestigiado sistema que no representa más del 30% de la ciudadanía. Esto al menos es discutible. En un sistema político desprestigiado y en decadencia, los incumbentes, al menos moralmente, no tienen derecho a auto asignarse estos recursos, menos en medio de una crisis fiscal donde llaman al resto del sector público a recortar gastos y a “ajustarse el cinturón.”
¿Por qué los partidos no se pueden financiar como los sindicatos, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, centros de padres y cualquier otra organización social? Acaso los diputados, senadores, ministros, funcionarios y militantes ¿no pueden pagar cuotas por estar en un partido?
Las exigencias y barreras que han impuesto los partidos tradicionales para que entren nuevas tiendas, actores políticos, independientes, nuevas ideas y propuestas imposibilitan los cambios que la ciudadanía exige a gritos. Esto da cuenta de la disociación existente entre el poder político y la realidad. Viven en un mundo paralelo y en una democracia protegida….¡claro! para ellos.