La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detectó que la mayor parte de los periodistas asesinados en México abordaba temas de corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados. Casi la totalidad de los casos permanecen en impunidad, lo que vulnera la labor de estos profesionistas y el derecho a la libertad de expresión.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión destaca que de acuerdo con cifras oficiales, entre el 2010 y el 2015 fueron asesinados más de 55 periodistas. La mayor parte de estos crímenes permanece en la impunidad, sobre todo en lo que refiere a autores intelectuales no identificados, lo impide determinar si tienen conexión con la labor informativa de las víctimas.
La CIDH destacó que la violencia contra reporteros se ha visto especialmente agudizada en estados de la Federación en los que existe una fuerte presencia del crimen organizado. En muchos casos, los integrantes de estos grupos actúan en colusión con agentes estatales.
A propósito del informe “Situación de derechos humanos en México”, la CIDH acentuó que de acuerdo con información recopilada en los últimos años, la situación de violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios en México ha venido en aumento, sobre todo en algunos estados como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, a pesar de las reformas constitucionales y legislativas y la adopción de medidas para salvaguardar su integridad, como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobado en el 2012.
La relatoría especial reconoció la implementación del Mecanismo y que 190 periodistas y 273 defensores de derechos humanos han sido beneficiarios del mismo hasta septiembre del 2015. Sin embargo, se han presentado desafíos en la eficacia de las medidas dispuestas para su protección e invita al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento.
A su vez, expone la existencia de altos índices de impunidad en estos crímenes. Frente a un panorama de centenares de agresiones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación ocurridas en México en los últimos años, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició 458 averiguaciones previas de los casos que pueden estar vinculados al ejercicio del periodismo entre el 1 de diciembre del 2012 y el 31 de agosto del 2015.
De ese total se declaró incompetente en 176 y en 53 se inició proceso contra un presunto responsable ante autoridades judiciales. Desde el 2013, cuando se le otorgó la facultad de atracción, esta fiscalía la ha ejercido en 40 casos.
Es así que la CIDH recomienda a México mantener su fiscalía especializada y que la dote de recursos económicos y humanos suficientes para que pueda cumplir con su labor. A su vez, sugiere implementar estrategias para que las diferentes instituciones, tanto a nivel federal como estatal, trabajen de manera articulada una respuesta integral en todos los temas relacionados con la protección y procuración de justicia en las agresiones contra periodistas.