Las respuestas del gobierno ante las numerosas críticas por la suscripción del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) a comienzos de febrero, pese a todas las presiones y reparos de distintos sectores, dejaron mucho que desear: éstas fueron absolutamente obvias y una muestra más de la opción de Chile a “jugar en las ligas mayores”, como lo denominó en su momento la ex Canciller, Soledad Alvear, ante la firma del TLC con Estados Unidos. Constituyeron una muestra más de la hegemonía del comercio y más específicamente del aspecto financiero por sobre otras áreas y del dogma que se ha venido aplicando en Chile sobre las bondades de las inversiones extranjeras.
En esencia, el TPP significa aprobar las reglas de la OMC que han sido resistidas en dicho espacio por los países no hegemónicos, y que consisten en trato nacional y nación más favorecida, lo que significa que los bienes y servicios de los países socios, sean públicos o privados, deben recibir un trato ‘no menos favorable’ (podrían ser incluso más favorables) sin que los últimos puedan establecer discriminaciones entre los firmantes del acuerdo. Lo anterior es particularmente perjudicial a la hora de pensar en las asimetrías existentes entre los países suscriptores, en relación a la presencia y gravitación de inversiones de países centrales (en este caso estadounidenses) en naciones periféricas y en el caso de Chile, posibles concesiones (privatizaciones) en las reducidas áreas que continúan siendo públicas.
En otras palabras, la lógica en la que se inscribe el TPP implica restringir aún más el escaso margen de los Estados para establecer impuestos a las inversiones extranjeras, por la obligatoriedad de protección y seguridad jurídicas a estas últimas. Al respecto, es importante agregar que frente a una eventual colisión inversionista-Estado, lo que predomina son los compromisos internacionales, bajo pena de altas sanciones comerciales para el país infractor.
Dado que las fuentes oficiales han señalado que los compromisos que contempla el TPP ya fueron incluidos en el TLC entre Chile y EE.UU. convendría revisar qué ha pasado con las promesas de “apertura a otros mercados”, que tenía como norte la diversificación y lugares de destino de las exportaciones chilenas. Tal fue la supuesta causa que originó la proliferación de los TLCs en los gobiernos de Frei y Lagos en la segunda mitad de los 90, y al inicio del siglo XXI y que hoy fuentes oficiales vuelven a repetir en forma casi autómata: a más de dos décadas de tanto entusiasmo, sólo los grandes empresarios exportan en forma regular (menos del 1 por ciento de las empresas). Chile está lejos de acceder a la segunda fase exportadora (generadora de empleo), sino que continúa siendo esencialmente productor de un commodity como es el cobre (50% del total de las exportaciones), y por ende altamente vulnerable a los vaivenes del mercado internacional.
En relación a las pymes, solo el 2% de ellas realizan envíos al exterior, los cuales se concentran en productos industriales con destino a países de América latina. Por ende se abre una contradicción entre la retórica sobre establecer estrategias centradas en estos organismos y la base de la política económica internacional de los últimos años, cual ha sido la participación en TPP.
En la desigual división del comercio internacional, una agenda internacional moderna debiera estar basada en impulsar procesos de integración multidimensionales y de cooperación sur- sur bajo lógicas de soberanía compartida entre países vecinos (los estados continentes, de los cuales habla García Linera), en los que su principal objetivo consistiera en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, especialmente de los sectores más vulnerables. Ello, al menos, es la esencia del desarrollo humano al que teóricamente se han comprometido los Estados, entre ellos el nuestro, en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración al Desarrollo, cuyo avance duerme el sueño de los justos.
Sobre todo, si se considera que tras todos estos años de proliferación de TLCs no existe (al menos a nivel público) ningún estudio oficial que señale los impactos en dichos sectores y en el medio ambiente de cada uno de estos acuerdos, cuestión reconocida por altos funcionarios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) de Cancillería.
Éstas y otras consideraciones que diversas organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la plataforma ‘Chile mejor sin TPP’ han señalado debiera ser el norte de las y los parlamentarios a la hora de ratificar la suscripción del TPP. Ojalá esta vez prime la cordura.
Como señala Citizen Trade Campaign, el TPP no es realmente sobre ‘comercio’, si no que se trata de un sistema ejecutable de gobernanza mundial por, para y de las grandes empresas, cuyo poder corporativo actualmente excede el de varios Estados:
Fuente: Transnational Institute. State of power 2013. A corporate world. En:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501345246583920.141310.130455360339579&type=3