Por 69 votos a favor, nueve en contra y 16 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó, el pasado miércoles 2 de marzo, la resolución 494 por medio de la cual se le solicita a la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas de austeridad para reducir algunos privilegios en el sector público. Entre ellas, la disminución de dietas parlamentarias, viáticos y cambios en la ley reservada del cobre.
La propuesta fue presentada a la Sala por los diputados PC Lautaro Carmona, Guillermo Teillier, Camila Vallejo, Karol Cariola y Daniel Núñez; independientes Giorgio Jackson y Alejandra Sepúlveda; IC Sergio Aguiló; y PL Vlado Mirosevic.
Entre las medidas propuestas por los legisladores se mencionan las siguientes: reducir las dietas parlamentarias; ingresar un proyecto de ley para reducir la remuneración de los escalafones A, B y C del sector público en un 50%; terminar con el uso de pasajes de avión en clases superiores y beneficios comerciales individuales para los funcionarios, siempre que viajen con dineros públicos; que se establezca la obligación de transparencia y rendición de gastos y se propicie la modificación correspondiente para el Congreso Nacional; se reitere la solicitud de que se modifique la ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios en orden a establecer la preferencia de uso de software libre en las reparticiones estatales; y se modifique la ley reservada del Cobre N° 13.196, destinándose un tercio del presupuesto ahí indicado a educación y otro tercio a salud, manteniendo el tercio restante para las FFAA.
Según resaltaron los legisladores, estas iniciativas permitirían acortar la distancia entre la ciudadanía y la actividad política, eliminando situaciones de privilegio de algunas instituciones o personas, reasignando esos recursos para cumplir los fines esenciales del Estado, en políticas para el beneficio de la población. “Se hace indispensable que la clase política haga un gesto a la ciudadanía para recuperar su confianza, demostrando que se está por los intereses de la gran mayoría y no de unos pocos”, remarcaron los diputados en la resolución.
Medidas concretas
Yendo al detalle de las propuestas, los legisladores expusieron los siguientes puntos:
1. Disminución de la dieta parlamentaria.
Recordaron que parlamentarios, a través de diversas mociones, han propuesto la modificación del cálculo de la dieta parlamentaria. En este plano mencionaron la reforma constitucional que reformula el artículo 62 de la Constitución Política de la República, mandatando la fijación de la remuneración que reciben los parlamentarios por ley, con prescindencia de la que reciben los ministros de Estado (boletín 9304); y la iniciativa que impone un límite ético a la fijación de dicha dieta parlamentaria en 20 veces el sueldo mínimo (boletín 9502). “Dichos proyectos de ley aún esperan a materializar su discusión en primer trámite constitucional. Por ello, creemos que es necesario poder darle curso a esa discusión y solicitamos a S.E. Presidenta de la República que le de urgencia a su tramitación”, apelaron.
2. Disminución de la remuneración de los escalafones A, B y C del sector público en un 50%.
En línea con el punto anterior, estimaron necesario hacer una revisión de las remuneraciones más altas del sector público y que están representados por los escalafones A, B y C, correspondientes a la Presidencia de la República, Ministros de Estado y Subsecretarios. Indicaron que, respecto a la primera, recibe una remuneración bruta de $9.322.3035, equivalente a 38,7 veces el sueldo mínimo; los ministros tienen una remuneración bruta que bordea los $9.200.000, equivalentes a 38,2 ingresos mínimos; y los subsecretarios, un aproximado de $8.400.000 aproximadamente, equivalentes 34,8 de las remuneraciones más bajas de los chilenos.
Sostuvieron que esta realidad es bastante llamativa comparando a Estados que igualmente pertenecen a la OCDE y en los que sus altos mandos tienen remuneraciones más modestas, sobre todo comparándolas con los ingresos mínimos que por ley rigen en aquéllos países.
Así, propusieron que se elabore un proyecto de ley que disminuya la remuneración de dichos cargos, mediante la modificación de la asignación de Dirección Superior de la Ley 19.863, en su artículo 1, poniendo un límite ético en una razón de al menos 20 ingresos mínimos mensuales.
Sumando estas dos medidas, según cálculo de los diputados, el Estado chileno ahorraría unos $13.700.000.000 anuales.
3. Término del uso de pasajes de avión en clases superiores y fin a beneficios comerciales.
Explicaron que hoy el uso de pasajes en clase ejecutiva está restringido a parlamentarios, ministros, subsecretarios y jefes de servicio, para viajes sobre los 7.000 kilómetros. Por otra parte, los viajes realizados por estas autoridades acumulan beneficios de las aerolíneas para viajes posteriores hechos fuera de sus funciones y de forma personal. Se propone en esta materia que se instruya las medidas reglamentarias para que las autoridades antes enunciadas sólo tengan acceso a clases turista o económica, siempre que se paguen con fondos públicos, así como también, se acabe con los beneficios personales por concepto de viajes
4. Eliminación del concepto de viático y rendición total.
Consideraron que todo dinero asignado a un funcionario público debe rendirse y estar enmarcado en los ítems permitidos para resguardar el principio de transparencia en el desarrollo de su función. Por ello, solicitaron se considere establecer la obligación de rendición y transparencia de los viáticos asignados al sector público. Asimismo, llamaron al Gobierno a impulsar y apoyar las modificaciones pertinentes a la regulación del uso de los recursos en la Cámara de Diputados y el Senado, tal que todos los gastos de los parlamentarios sean transparentes.
5. Uso de software libre para tareas básicas de oficina en el sector público.
Se insta a que los órganos del Estado prefieran el licenciamiento y uso de software libre, asegurando el pleno cumplimiento de las tareas básicas de oficina, salvo en casos específicos y justificados en que puedan contratar licencias de software privativo. Esto podría ser causa de un ahorro importante en el presupuesto anual de $36.000.000.000.
6. Modificación a la ley reservada del Cobre.
Solicitaron al Ejecutivo que se considere modificar dicha ley, destinando al menos un tercio de los recursos a educación y otro tercio a salud públicas. Calcularon que, por esta vía, se podrían destinar a políticas sociales $3.666 millones de dólares hasta el 2025.
7. Reevaluar aranceles y remuneraciones para ministros de fe del Código Orgánico de Tribunales.
Los legisladores dieron cuenta que notarios, conservadores de bienes raíces, conservadores del Registro de Comercio, conservadores de Minas y archiveros judiciales llegan a ganar utilidades millonarias, provocando un perjuicio en el público, quienes necesitan inscribir sus inmuebles, constituir sociedades, otorgar escrituras públicas de todo tipo, redactar testamentos, sacar copias autorizadas de documentos, entre otros documentos esenciales. Por ello, plantearon hacer una nueva reglamentación ad-hoc para estos funcionarios, actualizada y moderna, que permita asegurar aranceles razonables y eliminar los privilegios.