La corrupción mantiene herido de muerte al Estado de Derecho, y sin duda alguna han sido los ‘honorables’ quienes dispararon las balas y misiles para derribarlo
Ya es innegable… el Congreso Nacional chileno, poder legislativo de la nación, se ha constituido en el principal adversario de la sociedad civil, y tal vez más que ello en un encarnizado enemigo del pueblo. Los casos de SQM, CAVAL, el mar chileno para siete familias, CORPESCA, PENTA y otros, parecen demostrar que el actual Parlamento es, decididamente, enemigo del pueblo chileno.
Se descubre una significativa dosis de antipatriotismo, clasismo, de rechazo a lo que es popular, mayoritario, “de a pie”, en muchas de las legislaciones que en los últimos años ha despachado este Parlamento bicameral constituido por un alto número de empleados de megaempresas en comisión de servicio en ese poder del estado. No es un despropósito afirmar que algunos diputados y senadores –de todas las tiendas partidistas- han legislado siguiendo instrucciones de las empresas que les financiaron sus campañas, o que les permiten extraer cierta maquila de aquello que legislan en materias atingentes a los intereses económicos y políticos de los susodichos ‘mecenas’.
La corrupción mantiene herido de muerte al Estado de Derecho, y sin duda ninguna han sido los parlamentarios quienes dispararon las balas y misiles que lo han derribado fatalmente a lo largo de este enojoso proceso que conocemos como “democracia protegida”, cuestión indignante ya que hasta antes del golpe militar ese mismo Estado de Derecho constituía uno de los escasos honores del que Chile podía ufanarse.
Hoy, en la política criolla, tanto la moral como la ética tienen incorporadas sendas notas que señalan el preció cobrado por quien corresponda ser alquilado por las mega empresas y transnacionales. Cada vez que la etiqueta pasa por la máquina registradora, Chile pierde parte de su geografía y el marasmo de la traición lo hunde un par de metros en el pantano de la dependencia y la desesperanza. Todo ello ocurre también en el Congreso… aunque en honor a la verdad allí sucede de manera principal.
¿Cómo puede ser llamada ‘democracia’ esta situación donde una mayoría del electorado no puede establecer como ley aquello por lo cual sufragó, y debe atenerse al interesado arbitrio de quienes ha elegido como representantes? ¿Democracia de quién y para quién? Aquellos ciudadanos que mayoritariamente desean e impetran una nueva Constitución Política votan por individuos que deberían llevar al legislativo determinadas propuestas en sus brazos… en cambio, a poco andar, tales ‘representantes’ –cometiendo felonía y traición- tuercen la voluntad de los electores e instalan en el atrio de la ley sus personales intereses, derivados de oscuros acuerdos protocolizados entre gallos y medianoche con el adversario real.
Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias, en una entrevista concedida a la revista “Capital”, manifestó: “Hablamos mucho de que volvió la democracia, pero ¿volvió? ¿Democracia es sinónimo de apertura para la pillería? La democracia sólo ocurre en un convivir en la honestidad, en la ética social, la colaboración, la equidad… Pero esto puede ocurrir sólo si se desea. ¿Lo deseamos de verdad? Lo que me preocupa es que hoy no estamos viviendo en democracia, lo muestran la corrupción, las mentiras hasta en el ámbito deportivo y los conflictos étnicos”.
Un ejemplo de todo lo dicho es lo acaecido con la inmoral Ley de Pesca o ‘ley Longueira’ (Ley 20.657), nacida en la aberración de la corruptela y la indignidad, como ha demostrado la justicia al investigar la actuación de ciertos parlamentarios (léase, Jaime Orpis, entre otros) que, sin siquiera ruborizarse, trabajaron de manera ostensible y abierta en el Parlamento para favorecer exclusivamente a una gran corporación comercial, como es CORPESCA.
En este punto resulta necesario detenerse e informar que las empresas pesqueras (en detrimento de los pescadores artesanales, del equilibrio ambiental y del interés nacional) hicieron en el Parlamento un lobby de tal magnitud que finalmente les resultó exitoso, aunque para ello hubieron de desembolsar gruesas sumas de dinero destinadas a ‘convencer’ a determinados senadores, muchos de los cuales resultaron elegidos por sus sufragistas para, precisamente, evitar que ocurriera lo que desgraciadamente sucedió, es decir, dejar el mar chileno en manos de predadores que tienen como fin único diezmar los recursos naturales para enriquecerse y engordar hasta el hartazgo.
Los senadores que a continuación se menciona, recibieron “donaciones secretas’ para apoyar en la Cámara Alta una legislación favorable a los intereses de esas grandes empresas (ello ha sido develado por el senador Alejandro Navarro).
Senador Jaime Orpis (UDI): $264.000.000
Senador Juan Pablo Letelier (PS): $85.077.785
Senador Andrés Zaldívar (PDC): $101.854.471
Senador Guido Girardi (PPD): $504.508.369
Senadora Isabel Allende (PS): $56.000.043
Senador Felipe Harboe (PPD): $272.111, 116
Senador Jaime Quintana (PPD): $32.991.918
Senador Ricardo Lagos Weber (PPD): $315.374.995
Por cierto, debe haber un número mayor de senadores involucrados en esta saga de cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al fisco, ya que el ex senador Nelson Ávila, en un artículo de su autoría, recuerda que durante la discusión (y aprobación) de la cuestionada “ley Longueira”, hubo activa participación de senadores como Hossain Sabag (DC), Alejandro García Huidobro (UDI), Carlos Bianchi y Antonio Horvath (ambos, independientes). Y agrega Ávila que los antecedentes serían aún mayores, pues CORPESCA habría financiado de forma irregular las campañas electorales de los cinco integrantes de la Comisión de Pesca del Senado.
Todo lo anterior sirve a guisa de ejemplo para recordar cuestiones de mayor extensión, las cuales transitan por vías que son dolorosas para el pueblo elector, toda vez que en su nombre una cofradía de parlamentarios expolia al país en beneficio personal. “Sería extremadamente grave que no solo sea un Senador el que actuó como empleado de Corpesca, sino que todo un partido político defendiendo los intereses de un grupo económico”, manifestó la bancada PC-IC, comentario con el que no concuerdo si extendemos la mirada sobre todos los casos de corrupción y no exclusivamente sobre el asunto Corpesca, ya que entonces no se trataría de uno ni dos partidos políticos sino, más bien, de la mayoría del actual Congreso Nacional, el que definitivamente trabaja a voluntad y bien pagado para el lado oscuro de la fuerza.
Por ello, tampoco doy crédito a esa manida frase que reza: “Nada logras reclamando en redes sociales; si quieres cambiar el estado de cosas, hazlo votando en las próximas elecciones”. ¿Cuántas veces hemos escuchado o leído esta frase? Sin embargo, lo que ella afirma es una pretensión y no una verdad, toda vez que los partidos políticos insisten en presentar únicamente a candidatos que aseguren la continuidad del sistema y el correcto aprovechamiento personal del mismo, lo que viene a significar la concreción del amiguismo, la corruptela y el familisterio existente en y entre las tiendas partidistas de la sociedad de intereses mutuos conocida con el mote de “duopolio”.
Por lo tanto, habida consideración que los partidos presentan –y seguirán presentando- como alternativas electorales a individuos de similar pelaje y moral que los cuestionados, concurrir a sufragar de acuerdo a las actuales condiciones sirve preferentemente para bendecir de manera oficial a las cofradías de políticos que son obsecuentes funcionarios del gran capital. Así entonces, por ahora, el lado oscuro de la fuerza continúa venciendo a la democracia verdadera (esa misma que sigue ausente en nuestro territorio).
¿Cómo cambiar radicalmente este estado de cosas, y hacerlo en beneficio de la justicia social y la real democracia? Existe, a mi entender, una sola alternativa: la Asamblea Constituyente. No hay otra vía ni otra forma. Esa es la materia y tarea que deberíamos abordar, consensuar y debatir. Asamblea Constituyente, único camino.