Se han encendido alarmas en el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y en el Palacio de La Moneda, iniciando un plan de emergencia para poner bajo control y, posteriormente, ir desarticulando la inédita propuesta legislativa –presentada por diez parlamentarios de la bancada Partido Comunista-Izquierda Ciudadana e Independientes (PC – IC)– de anular la Ley de Pescas Angelini-Longueira.
Ante el creciente descrédito público de esa ley –que entregó, de manera gratuita y a perpetuidad, los peces del mar chileno al cartel de siete familias que dominan este sector económico–, y la sorpresiva presentación, en la Cámara de Diputados, el 6 de enero, del proyecto de ley que busca anularla, se encendieron alarmas en el PDC y en La Moneda
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Importante es recordar que el PDC y seis de sus senadores –Ignacio y Patricio Walker, Jorge Pizarro, Andrés Zaldívar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Hossain Sabag– fueron determinantes en la promulgación de la muy cuestionada Ley de Pesca, en 2012, con la única excepción de la senadora Ximena Rincón.
Una de las razones que explicaron ese comportamiento del partido falangista fue el histórico papel de financistas que han tenido dos de los principales grupos empresariales beneficiados con la Ley: la familia Angelini (CORPESCA –Orizon-SPK) y Yaconi (Pesquera El Golfo, ahora BLUMAR). Hoy, tan sólo Angelini posee el 51 % de las cuotas de captura nacionales, mientras que BLUMAR es la segunda propietaria.
Característica fundamental de la iniciativa legislativa para anular la viciada Ley 20.657 es la campaña ciudadana que impulsan el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) y el Centro Ecocéanos, junto a diversas federaciones de pescadores artesanales, pueblos originarios, confederaciones estudiantiles y una amplia coalición de organizaciones sociales, que han reunido 300.000 firmas de apoyo, durante los últimos meses.
Desde el 2012, la Ley Angelini-Longueira de Pesca se ha ido convirtiendo en el símbolo del rechazo ciudadano al abuso y corrupción político-empresarial.
A lo anterior se suman los resultados de la reciente encuesta nacional Plaza Ciudadana CADEM, la que señaló que el 89% de los ciudadanos consultados piensa que existió cohecho en la elaboración de la Ley de Pesca y 79% considera que sólo beneficia a los industriales. Por su parte, un abrumador 93% de los encuestados por CADEM, señala la necesidad de volver a legislar, si se confirman los delitos de cohecho que investigan la Fiscalía Nacional Económica.
El principal elemento diferenciador de la actual iniciativa legislativa respecto al anterior intento de revisión de la Ley de Pesca –que fue presentada en 2015, por los diputados Rabindranath Quintero (PS), Carolina Goic (PDC) y Adriana Muñoz (PPD)–, o al sui generis proceso de revisión que lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) –por encargo del subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS)–, es que el proyecto encabezado por los diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez (PC) tiene como objetivo la nulidad y no la derogación de la Ley 20.657, que obligaría a ‘indemnizar’ con aproximadamente US$ 10.000 millones de dólaresa los clanes familiares y transnacionales beneficiados de manera fraudulenta, gratuita y a perpetuidad, con monopólicos derechos de propiedad, acceso y uso de los recursos marinos del País.
Por ello, el Palacio de La Moneda, en alianza con el PDC, promueve que el proyecto sea puesto en tabla y declarado admisible, para dar inicio a la discusión en particular y, posteriormente, tomar el control del proceso parlamentario, sacándolo de la participación y control público. De esta manera, podrán entrar a negociar cambios secundarios a la Ley Angelini-Longueira, muchos de ellos de corte populista.
Con esto, el gatopardismo pesquero lograría resguardar la visión neoliberal y el corazón del negocio contenido en esa ley: la privatización de bienes públicos y recursos naturales estratégicos del País, la mantención de la propiedad y uso monopólico de las rentas pesqueras por parte de los dueños del capital, la exclusión de los pueblos originarios y del 90% de los pescadores artesanales, así como la eliminación del Estado y la transferencia al mercado de la capacidad absoluta de asignar propiedad, acceso y uso a las pesquerías de la Nación. A aquello se sumaría la plena transabilidad de las licencias de pesca y cuotas individuales de captura, así como la no modificación de las restringidas condiciones para licitar las pesquerías industriales.
Ha sido llamativo volver a ver a políticos, empresarios y operadores de la Subsecretaría de Pesca, realizando lobby con parlamentarios y dirigentes de la pesca artesanal.Nada han dicho aún las ONG transnacionales que operan en Chile, tales como WWF y GREENPEACE, las cuales apoyaron entusiastamente, a nivel mediático, el 2012, al entonces ministro de economía Pablo Longueira [Hoy declarando como inculpado de cohecho y fraude al Fisco, por los casos CORPESCA, Pesquera El Golfo y SQM], argumentando que la Ley se basaba “en aspectos de sustentabilidad” y las decisiones de manejo pesquero eran de carácter “científico-técnico”.
La Ley de Pesca, junto a los casos Penta, CORPESCA y SQM, constituyen una ‘bomba de tiempo’ para la casta político-empresarial-militar que nos mal gobierna. Ella contiene insospechadas aristas políticas, ambientales y sociales, que la hacen inviable hasta el 2033.
La discusión y decisiones parlamentarias sobre el actual proyecto de nulidad generarán precedentes políticos y jurídicos en temas tan complejos e interrelacionados como el derecho de propiedad por sobre cualquier consideración, el tema de la mantención del sistema de las AFP, la propiedad y los derechos de uso del agua, la recuperación de los bienes comunes y recursos naturales del País, o la discusión del proceso constituyente.
Desde ya, esta propuesta legislativa de nulidad de la normativa pesquera pone en entredicho el enfoque legislativo tradicional, cuestionando si quienes han generado un acto jurídico altamente viciado en su génesis y posterior tramitación, pueden ser los mismos quienes decidan sobre su nulidad, o no.